Luego de los allanamientos y el cierre de las sucursales de Exxen Gym en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos, los trabajadores de la empresa comenzaron a explorar alternativas judiciales que permitan recuperar sus puestos laborales y garantizar la continuidad de la actividad comercial bajo supervisión de la Justicia.
En ese contexto, un grupo de empleados fue recibido por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, junto a sus representantes legales, con el objetivo de poner en conocimiento de la magistrada la compleja situación social que atraviesan decenas de familias que quedaron sin ingresos tras la paralización de los gimnasios.
El abogado Ignacio Sinkovich, quien acompaña a parte de los trabajadores, explicó que por el momento no existe una presentación formal ante el Juzgado Federal, aunque confirmó que se encuentra en análisis una estrategia jurídica destinada a permitir que algunas sedes puedan volver a funcionar mientras avanza la investigación penal.
Una intervención judicial como alternativa
Según explicó el letrado en declaraciones radiales, la posibilidad que actualmente se estudia consiste en solicitar una intervención judicial sobre determinados establecimientos de la firma, principalmente aquellos ubicados en el Gran Resistencia, que continúan equipados y en condiciones operativas.
«Todavía no existe ningún planteo judicial concreto. Lo que hicimos fue poner en conocimiento de la jueza la situación de los trabajadores.
Ahora debemos reunirnos con los demás abogados y con los empleados para evaluar si una presentación de estas características resulta jurídicamente viable», señaló Sinkovich.
El abogado remarcó que cualquier medida dependerá exclusivamente de una decisión judicial y que, en caso de prosperar una propuesta de intervención, esta debería ser monitoreada de manera permanente por la Justicia Federal debido a que los bienes de la empresa forman parte de una investigación penal en curso.
«Nosotros creemos que lo más viable podría ser una intervención judicial. Hay antecedentes en otras causas donde la Justicia dispuso mecanismos para preservar fuentes de trabajo mientras se desarrollaban investigaciones. Sin embargo, cada situación tiene características particulares y deberá analizarse cuidadosamente», sostuvo.
El impacto social detrás de la causa
Más allá de las derivaciones judiciales de la investigación, los trabajadores intentan que tanto el Juzgado Federal como la fiscalía tengan en cuenta el impacto social generado por el cierre de las sucursales.
Durante el encuentro con la magistrada, los representantes de los empleados expusieron la situación económica que atraviesan las familias afectadas, muchas de las cuales dependían exclusivamente de los salarios que percibían en la cadena de gimnasios.
«Lo que buscamos es que no se deje de lado la cuestión social. Entendemos que la Justicia debe avanzar con la investigación y esclarecer los hechos, pero también creemos que es importante contemplar la situación de los trabajadores que quedaron sin su fuente laboral», afirmó Sinkovich.
El letrado destacó además la predisposición de la jueza Niremperger para escuchar los planteos realizados.
«Fue muy amable y estuvo muy bien que nos haya recibido. Por supuesto que ella no puede adelantar ningún criterio sobre una eventual presentación porque debe mantener absoluta imparcialidad, pero consideramos importante que haya escuchado la realidad que están atravesando los trabajadores», expresó.
Cómo podría funcionar una intervención
Sinkovich explicó que una eventual intervención judicial implicaría que una persona designada por el juzgado se haga cargo de la administración de determinados establecimientos para garantizar la continuidad de la actividad bajo estrictos controles.
«La intervención judicial es una medida cautelar mediante la cual una persona designada por el tribunal asume determinadas funciones de administración y control.
Eso permitiría monitorear ingresos, gastos y funcionamiento de la empresa mientras se desarrolla la investigación», explicó.
Asimismo, aclaró que cualquier decisión debería contemplar el estado actual de los bienes secuestrados o sujetos a control judicial.
«No se pueden vender máquinas ni disponer libremente de los bienes porque forman parte de una causa penal. Incluso si algún equipamiento requiere reparaciones o mantenimiento, todo debería ser informado y supervisado por la Justicia», señaló.
De acuerdo con la evaluación preliminar de los abogados, una eventual reapertura parcial podría contribuir a sostener la actividad comercial, preservar puestos de trabajo y generar ingresos para afrontar salarios y gastos operativos.
«También es una forma de mantener vivo el comercio. Si los gimnasios pueden funcionar bajo control judicial, eso permitiría sostener empleos y evitar que la situación social se agrave aún más», afirmó.
Esperan reunirse con la Fiscalía Federal
Paralelamente a las gestiones realizadas ante el Juzgado Federal, los trabajadores esperan poder mantener un encuentro con el fiscal federal Patricio Sabadini, quien tiene intervención en la causa.
La intención es transmitirle personalmente la preocupación de los empleados y exponer el impacto que el cierre de las sucursales generó sobre las familias involucradas.
«Nos gustaría poder reunirnos con el doctor Sabadini para explicarle exactamente la situación de los trabajadores, del mismo modo que lo hicimos con la jueza. Queremos que conozca la realidad de estas familias y que esa situación también sea tenida en cuenta», sostuvo Sinkovich.
No obstante, el abogado aclaró que por el momento su participación se limita al acompañamiento de los trabajadores y que no interviene en la defensa penal de las personas investigadas.
«Nosotros no representamos a los involucrados en la causa penal. Nuestro contacto es exclusivamente con los trabajadores y nuestra preocupación principal son las fuentes laborales», indicó.
Una decisión que aún está en estudio
Por ahora, la posibilidad de impulsar una presentación judicial continúa en etapa de análisis y dependerá de las conclusiones que surjan de las reuniones previstas entre abogados y trabajadores.
«Vamos a escuchar las opiniones de todos los profesionales que están siguiendo el tema y también de los empleados. Es una situación compleja y debemos evaluar cuidadosamente cuáles son las herramientas jurídicas disponibles», explicó Sinkovich.
Más de 80 familias afectadas
Uno de los aspectos que más preocupa a quienes impulsan la iniciativa es el impacto económico inmediato que produjo la paralización de la actividad.
Según explicaron los representantes de los trabajadores, detrás de la causa existen decenas de familias que dependen de esos ingresos para afrontar alquileres, servicios y gastos cotidianos.
«Estamos hablando de alrededor de 80 familias. Son personas que pagan alquiler, que tienen hijos, compromisos económicos y que hoy se encuentran atravesando una enorme incertidumbre. Muchas quedaron sin ningún ingreso de un día para otro», indicó el abogado.
En ese sentido, agregó que el objetivo principal es encontrar una solución que permita preservar las fuentes laborales mientras la investigación continúa su curso.
«Queremos que tanto la Justicia como la fiscalía conozcan la dimensión social de este problema. No estamos discutiendo la investigación penal.
Lo que buscamos es que se contemple la situación de quienes trabajaban en los gimnasios y hoy quedaron sin empleo», remarcó.