Los trabajadores de Exxen Gym avanzaron con una medida cautelar autónoma dentro del expediente penal que investiga a la cadena por presunto lavado de activos.
El planteo fue presentado ante la Justicia Federal de Resistencia y procura que una de las cuatro sociedades alcanzadas por la investigación pueda volver a operar en tres sucursales, bajo intervención judicial y con mecanismos de control público.
La propuesta fue explicada por el abogado Ignacio Sinkovich, representante de los empleados, quien detalló que el objetivo es preservar las fuentes laborales mientras continúa el proceso judicial.
En la puerta del Juzgado Federal de Resistencia, Sinkovich explicó a LA VOZ DEL CHACO, que la solicitud contempla una intervención judicial sobre una de las cuatro sociedades investigadas. «Se trata de una medida cautelar autónoma dentro del propio expediente penal.
Básicamente, lo que se pide es una intervención judicial sobre una de las cuatro sociedades investigadas», señaló el abogado al describir el alcance del planteo presentado ante la magistrada a cargo de la causa.
Según explicó, las cuatro sociedades estarían vinculadas a las personas investigadas en el expediente, mientras que los trabajadores buscan ser considerados terceros de buena fe dentro del proceso. «La investigación tiene cuatro sociedades que serían propiedad de las personas investigadas, los imputados, pero los empleados son terceros de buena fe, como lo reconoce la propia magistrada», afirmó.
El pedido se concentra exclusivamente en tres sucursales de la cadena ubicadas en Arturo Illia, avenida Las Heras y Santiago del Estero de Resistencia. «Lo que requerimos es que una de esas cuatro sociedades sea intervenida, es decir, que se pueda seguir operando», explicó el representante legal de los trabajadores.
LAS TRES SUCURSALES
INCLUIDAS EN LA PROPUESTA
La propuesta presentada ante la Justicia contempla la continuidad de la actividad en esos tres establecimientos, mientras que el resto de las sucursales permanecería alcanzado por las medidas actualmente vigentes.
Asimismo, Sinkovich sostuvo que, al menos hasta comienzos de esta semana, los equipamientos permanecían en los locales mencionados y podían ser utilizados para retomar las actividades. «En esas sucursales, por lo menos hasta el día martes, todas las máquinas, si bien fueron inventariadas, todavía seguían ahí, lo que significa que están operativas para ponerlas a trabajar», indicó el abogado.
El representante legal enfatizó en la designación de un administrador que quede a cargo del funcionamiento cotidiano de la sociedad intervenida. Se remarca que los trabajadores propusieron que esa función sea desempeñada por un empleado de la propia empresa que ya tenía responsabilidades vinculadas con la liquidación de haberes y las operaciones bancarias, debido al conocimiento que posee sobre el funcionamiento interno de la firma.
«Solicitamos que se designe un administrador, que nosotros proponemos que sea un empleado de la propia empresa, que ya era el encargado de hacer la liquidación de sueldos y también las tareas bancarias y demás. Por eso tiene conocimiento de cómo se maneja la propia empresa», explicó Sinkovich.
Además de la figura del administrador, los trabajadores solicitaron la incorporación de dos veedores públicos. Uno de ellos sería propuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y el otro por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, según detalló el abogado.
Esquema de control y situación de los empleados
Sinkovich remarcó que la eventual reapertura no implicaría el levantamiento general de las medidas judiciales sobre las empresas investigadas. «La intervención es judicial. La encargada de intervenir la empresa va a ser la jueza que lleva el caso, pero se necesitan también órganos de contralor que deben ser públicos para llevar adelante este tipo de medidas», afirmó.
El abogado también señaló que el planteo busca contemplar la situación de los trabajadores afectados por el cierre de los establecimientos. «No podemos desconocer la realidad de estas personas, que son casi 80 en total y que son afectadas directamente por el cierre de las sucursales», manifestó.
La presentación judicial incluye información individual sobre los empleados, sus respectivas antigüedades y la situación laboral de cada uno.
Asimismo, Sinkovich también se refirió al principio de inocencia aplicable a las personas investigadas en el expediente. «Las personas investigadas siguen manteniendo el carácter de inocentes.
Hay un principio que a todos nos resguarda, que es el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional. Hasta tanto no haya una sentencia firme, somos todos inocentes», expresó el abogado durante la explicación del pedido.
De acuerdo con la presentación, los trabajadores consideran que mantener activa la empresa bajo control judicial también permitiría conservar el valor de los bienes y de la actividad económica durante el desarrollo de la investigación. «Esta medida cooperaría con la propia investigación porque va a permitir seguir en movimiento una empresa. En el posible caso de que se llegue a una sentencia condenatoria, se hará un decomiso de los bienes», sostuvo el abogado.
En esa misma línea, el representante de los empleados planteó la necesidad de preservar el patrimonio de la sociedad mientras se define el resultado de la causa. «¿Qué bienes se van a decomisar de una empresa que ya no va a tener ni el cartel si esto sigue cerrado?
Por supuesto que esto no solo es una solución para los propios empleados, sino también mantener el valor de una empresa que posiblemente pueda ser decomisada por el Estado en caso de haber una sentencia», afirmó.
Plazos de la Justicia
El abogado explicó que, en caso de que la medida sea autorizada, los empleados mantendrían su condición laboral, aunque la empresa pasaría a funcionar bajo intervención judicial. «En caso de asignar un administrador, la empresa volvería a la misma situación de trabajo en la que estaba, con la diferencia de que tendría un monitoreo judicial. Estos empleados van a seguir en la misma calidad», afirmó Sinkovich.
También señaló que la intervención no modificaría los derechos laborales de los trabajadores. «Si hay un accidente de trabajo, por ejemplo, no pierden su calidad de empleados y podrán hacer los reclamos judiciales que correspondan», manifestó. Según explicó, el cambio principal estaría relacionado con el esquema de control y supervisión sobre la empresa.
«La única diferencia con el estado anterior de la empresa es que va a estar intervenida, es decir, monitoreada por una jueza, y que habrá veedores públicos que van a controlar la actividad para que no se hagan maniobras que puedan afectar la investigación», sostuvo el abogado.
Otro de los puntos incluidos en la medida cautelar es el pedido de levantamiento de determinadas restricciones económicas sobre la sociedad que administra las tres sucursales. «Uno de los puntos de la medida solicitada es que se levante el embargo y se levanten las medidas cautelares de tipo económico respecto de las cuentas bancarias que maneja esta sociedad», explicó Sinkovich.
El pedido está limitado a una de las cuatro sociedades investigadas. «Son cuatro sociedades las investigadas que tienen distintas sucursales. De esas cuatro, nosotros pedimos que solamente se abra la actividad de una de ellas, que tiene a su cargo estas tres sucursales», precisó. En cambio, las unidades ubicadas fuera de ese esquema continuarían alcanzadas por las restricciones establecidas en el expediente.
«Las demás, por ejemplo, las de Corrientes o del interior de la provincia, pedimos que sigan como están, que continúen embargadas y que haya una inhibición sobre su actividad económica», explicó el abogado.