El debate en torno a la reforma de la Ley de Tierras volvió a instalar en la agenda política y económica nacional una discusión que excede ampliamente la posibilidad de que capitales extranjeros puedan adquirir inmuebles rurales en la Argentina.
Se trata de una cuestión que involucra soberanía, recursos naturales, facultades provinciales, inversión, producción, generación de empleo y, en definitiva, el modelo de desarrollo que el país pretende impulsar.
En ese contexto, el exsenador nacional Víctor Zimmermann analizó los principales aspectos de la iniciativa y consideró que uno de los problemas centrales que atravesó su tratamiento fue la falta de debate público y de explicaciones claras para que la sociedad pudiera conocer las diferencias entre la normativa vigente, el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y el dictamen que finalmente fue discutido en el Congreso.
«A mí me parece que le faltó debate público, le faltaron explicaciones para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando», sostuvo Zimmermann en declaraciones a La Radio.
El ex legislador chaqueño planteó que el debate quedó muchas veces condicionado por la primera versión del proyecto, mientras que el texto fue modificándose durante su recorrido parlamentario.
«Creo que le faltó debate público y le faltó mayor explicación por un tema tan importante para nosotros», insistió.
La ley vigente
y los límites para la propiedad extranjera
Para explicar el alcance de la reforma, Zimmermann comenzó por describir el régimen actualmente vigente. Señaló que la legislación argentina permite que extranjeros sean propietarios de tierras rurales, aunque bajo determinadas condiciones y restricciones.
«Está permitido venderle tierra en la Argentina a los extranjeros. Eso dice la ley que está vigente. Por supuesto que establece restricciones», explicó.
Según detalló, la normativa establece un límite del 15% sobre el total de las tierras rurales del territorio nacional que pueden estar en manos extranjeras. También contempla restricciones respecto de la concentración por nacionalidad y fija límites de superficie para determinadas adquisiciones.
Zimmermann señaló que, de acuerdo con los registros a los que hizo referencia durante la entrevista, la superficie rural en manos de extranjeros se encontraría en torno al 6%.
«Se puede vender hasta el 15% del total de la propiedad de la tierra en la Argentina a los extranjeros», explicó.
La comparación entre el límite legal y el porcentaje efectivamente ocupado fue utilizada para plantear uno de los interrogantes centrales del debate: si el tope establecido por la legislación vigente todavía no fue alcanzado, cuál sería la necesidad de avanzar hacia una flexibilización mucho mayor.
«Si hoy yo tengo una ley vigente que dice hasta el 15% y solamente se ha ocupado el 5 o el 6%, ¿por qué me atropellás y me decís que lo mejor que hay es llevarla al 100%?», planteó.
El exsenador consideró que esa pregunta debería formar parte de una discusión pública más profunda, especialmente porque la percepción social sobre el proyecto estuvo marcada por la versión inicial que había enviado el Ejecutivo.
El derecho de los extranjeros a adquirir bienes
Durante la entrevista, Zimmermann también recordó que la propia Constitución Nacional reconoce derechos civiles a los extranjeros que residen en el país.
En particular, mencionó el artículo 20 de la Carta Magna, que establece que los extranjeros gozan de derechos civiles y pueden adquirir bienes, ejercer actividades y desarrollar su vida dentro del territorio argentino.
«El artículo 20 de la Constitución nacional le garantiza a los residentes extranjeros los mismos derechos que a los ciudadanos argentinos», sostuvo.
A partir de esta consideración, explicó que el debate no puede plantearse simplemente como una oposición entre inversión extranjera y defensa de los intereses nacionales.
La cuestión central, a su criterio, pasa por establecer qué bienes pueden ser adquiridos, bajo qué condiciones, cuáles son los límites y qué mecanismos de control deben aplicarse cuando están involucrados recursos estratégicos.
En ese punto aparecen cuestiones como el agua, los recursos naturales, las zonas fronterizas y determinados sectores del territorio que pueden tener importancia estratégica para la seguridad y la soberanía.
Un proyecto que sufrió numerosas modificaciones
Uno de los aspectos que Zimmermann destacó especialmente fue la diferencia existente entre el proyecto original y el dictamen que finalmente llegó a ser tratado en el Senado.
Según explicó, la iniciativa sufrió numerosas modificaciones a lo largo de su tratamiento parlamentario.
«El proyecto finalmente recibió la firma de tratarse en el Congreso después de 16 modificaciones al proyecto original», señaló.
Asimismo, el exsenador consideró que esa evolución fue uno de los motivos por los cuales el debate público quedó desfasado respecto del contenido real del proyecto.
«Se quedó con lo que decía el proyecto original que mandó el Ejecutivo, que liberaba a todos», explicó.
De acuerdo con su análisis, la propuesta inicial generó una fuerte reacción porque fue interpretada como una eliminación prácticamente total de las restricciones existentes. Sin embargo, sostuvo que el dictamen que finalmente se discutió contenía modificaciones importantes y establecía límites diferentes.
Por eso insistió en que era necesario explicar el proceso legislativo y no reducir la discusión a las primeras versiones de la iniciativa.
Prohibición
para los Estados extranjeros
Entre los cambios destacados por Zimmermann se encuentra la prohibición de que Estados extranjeros puedan adquirir tierras en el territorio argentino.
«Ahora se prohíbe la venta de tierra en la Argentina a los Estados extranjeros», afirmó.
Para explicar el alcance de esa disposición, mencionó como ejemplo a países como China y Estados Unidos. «China no podía venir a comprar, ni Estados Unidos podían venir a comprar como Estados», señaló.
La diferencia resulta relevante porque no es lo mismo una persona física extranjera, una empresa constituida bajo determinadas condiciones o un Estado extranjero.
El proyecto, según explicó Zimmermann, diferenciaba esas situaciones y mantenía la posibilidad de adquisición por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras bajo determinados mecanismos de regulación. Para el exsenador, esa diferencia debía ser explicada con claridad para evitar que la sociedad interpretara que el proyecto habilitaba una venta indiscriminada del territorio nacional.
La inversión extranjera
no está en discusión
Más allá de las diferencias políticas en torno al proyecto, Zimmermann fue contundente al sostener que la Argentina necesita inversión extranjera. «¿Se necesita la inversión extranjera en la Argentina, sí o no? Y nadie lo discute eso. Creo que no está en discusión», afirmó.
El desafío, según planteó, consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de atraer capitales y la obligación del Estado de proteger determinados recursos y sectores estratégicos.
En ese sentido, mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como Rigi, como una de las herramientas impulsadas por el gobierno nacional para atraer proyectos de gran escala.
La discusión sobre la Ley de Tierras, desde esta perspectiva, forma parte de una agenda económica mucho más amplia.
«Necesitamos mover la economía. Necesitamos que el PBI crezca. Necesitamos generar empleo», sostuvo.
Para el exsenador, la estabilidad macroeconómica debe complementarse con políticas que permitan que tanto los capitales extranjeros como los argentinos vuelvan a invertir.