La Justicia Federal dispuso el archivo de la denominada causa Pami por inexistencia de delito, luego de una investigación que incluyó distintas medidas de prueba.
La resolución fue adoptada después de que el Ministerio Público Fiscal concluyera que no se había configurado el delito que había sido objeto de investigación. Tras conocerse la decisión judicial, el abogado Zacarías Miguel Issolio y Alfredo Moreno ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron su posición sobre el expediente y respondieron consultas vinculadas con el proceso.
Según explicó Issolio, la causa se había iniciado aproximadamente en agosto del año anterior, en el marco de una disputa interna partidaria relacionada con el proceso de conformación de listas.
A partir de esa situación se desarrolló una investigación judicial que avanzó sobre diferentes elementos y produjo diversas medidas de prueba.
El abogado señaló que, independientemente de los cuestionamientos que pudieran formularse sobre el origen de la denuncia o sobre el procedimiento adoptado, la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal tenían la obligación de investigar ante la presunta existencia de un delito.
Durante la investigación se realizaron allanamientos, secuestros de elementos, requisas personales, declaraciones testimoniales y pericias informáticas y telefónicas.
Issolio describió el alcance de las actuaciones y afirmó que se trató de una investigación que incorporó diferentes mecanismos de prueba antes de arribar a una conclusión. «Hubo allanamientos, secuestros, requisas personales, testimoniales, incluso pericias informáticas y telefónicas», explicó el abogado al referirse a las medidas realizadas durante el proceso.
El resultado de las actuaciones quedó establecido a partir de la conclusión del Ministerio Público Fiscal de que no se había configurado el delito investigado.
Sobre esa base, el Juzgado Federal dispuso el archivo de la causa. Issolio sostuvo que la resolución permite establecer que no se acreditó una conducta delictiva por parte de Moreno ni de Capi Rodríguez en relación con los hechos que habían sido incorporados al expediente.
Disputa interna
Por su parte, Alfredo Moreno volvió a cuestionar el origen de la denuncia y vinculó el proceso judicial con una disputa interna dentro de La Libertad Avanza (LLA). Según manifestó durante la conferencia, la situación tuvo consecuencias personales y políticas tanto para él como para Rodríguez.
Moreno también relacionó el conflicto con los cambios impulsados en el Pami desde comienzos de 2024. Explicó que, al asumir sus funciones, uno de los objetivos planteados consistía en mejorar el funcionamiento del organismo y la atención destinada a los jubilados.
En ese marco, señaló que se revisaron mecanismos vinculados con los prestadores y que esas modificaciones involucraron intereses económicos relacionados con el funcionamiento de los servicios.
Al referirse a las acusaciones que surgieron después de esas modificaciones, Moreno afirmó: «Cuando uno viene a mejorar algo y se mete en el bolsillo o toca las cajas de este organismo, salen estas cosas falsas».
El dirigente sostuvo que las medidas adoptadas en el Pami estaban orientadas a optimizar el uso de los recursos y mejorar la atención de los afiliados, y señaló que el cierre de la causa permitía continuar con esa tarea.
Durante la conferencia, Moreno también afirmó que la investigación había generado consecuencias sobre su imagen personal y sobre la actividad partidaria.
Al ser consultado sobre la posibilidad de promover una acción penal después del archivo de la causa, explicó que consideraba necesario revisar el proceso y las actuaciones antes de adoptar una decisión.
El origen de la investigación
De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el expediente tuvo su origen en una disputa interna partidaria que coincidió con el proceso de conformación de listas. Issolio sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, aquella situación había derivado posteriormente en una investigación judicial sobre hechos cuya configuración delictiva finalmente no fue acreditada. La investigación avanzó con la intervención de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal, que reunieron elementos antes de adoptar la decisión de archivar las actuaciones.
El abogado manifestó que, ante una denuncia que plantea la posible comisión de un delito, los organismos judiciales deben llevar adelante las medidas correspondientes para determinar si los hechos denunciados constituyen una conducta delictiva. En ese sentido, señaló que los cuestionamientos de la defensa sobre el procedimiento no modificaban la obligación institucional de investigar. La causa continuó así hasta que el Ministerio Público Fiscal concluyó que el delito investigado no se había configurado.
Issolio también sostuvo que la investigación permitió descartar la existencia de responsabilidad delictiva de Moreno y Rodríguez en los hechos analizados. Su planteo se basó en el contenido de la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones. De acuerdo con su exposición, el expediente atravesó distintas etapas de producción de prueba y concluyó con una decisión judicial fundada en la inexistencia del delito investigado.
Consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones contra las personas que habían realizado presentaciones o formulado manifestaciones en el marco de la causa, Issolio indicó que esa alternativa todavía no había sido analizada por la defensa. Explicó que cualquier eventual decisión relacionada con el honor y el buen nombre de las personas que se consideraran afectadas debía ser evaluada de manera individual y a partir del contenido completo del expediente.
En ese punto, el abogado sostuvo que resultaba prematuro anticipar una presentación judicial contra quienes habían intervenido en el origen de las actuaciones. Señaló que primero debía analizarse detalladamente el contexto y, especialmente, aquello que surgiera de la causa. También indicó que las personas que se consideraran afectadas tendrían que evaluar personalmente la situación antes de determinar si correspondía adoptar alguna medida.
Asimismo, Issolio remarcó que, hasta el momento de la conferencia de prensa, no se encontraba en desarrollo una estrategia destinada a promover nuevas acciones judiciales vinculadas con las presentaciones que dieron origen al expediente. De este modo, diferenció la decisión ya adoptada por la Justicia Federal, que dispuso el archivo por inexistencia de delito, de cualquier eventual actuación posterior que pudiera analizarse en relación con las consecuencias personales derivadas del proceso.