Trabajadores de cadetería, mensajería y delivery cuestionaron las recientes modificaciones al Código de Faltas y a la Ley de Tránsito aprobadas por la Legislatura chaqueña y reclamaron que el endurecimiento de las sanciones sea acompañado por una política integral de seguridad vial, con educación, prevención, controles e infraestructura.
El referente del sector Fabio Zerpa sostuvo que las multas constituyen una herramienta ya existente y consideró que el problema no puede abordarse únicamente desde el castigo al conductor.
En declaraciones a Radio Natagalá, además, vinculó parte de las conductas riesgosas de quienes trabajan en motocicleta con las condiciones laborales y los sistemas de remuneración de las plataformas digitales.
El planteo de los motocadetes se produjo luego de la modificación de la normativa provincial en materia vial. Desde el sector señalaron que comparten la necesidad de reducir los siniestros, pero cuestionaron que la respuesta estatal se concentre fundamentalmente en incrementar las sanciones.
«Más sanciones no significan más prevención», resumieron en un comunicado y reclamaron avanzar con capacitación de conductores, señalización, infraestructura adecuada, controles efectivos y campañas permanentes de concientización.
Prevenir antes que lamentar
«Consideramos que la seguridad vial no se va a resolver únicamente mediante multas y sanciones. Las herramientas sancionatorias ya existen y, sin embargo, los siniestros viales continúan aumentando», destacaron desde el sector.
«Para reducirlos es necesario avanzar hacia una política integral de seguridad vial, basada fundamentalmente en educación, prevención y concientización, acompañada de controles efectivos, capacitación de conductores, infraestructura adecuada, señalización y campañas permanentes», consideraron.
Para los trabajadores, además, cualquier política de seguridad vial debería contemplar específicamente la situación de quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y permanecen durante extensas jornadas circulando por las calles.
«También creemos necesario contemplar la realidad de los trabajadores motociclistas, quienes permanecen diariamente muchas horas en la vía pública y están expuestos a múltiples factores de riesgo. No queremos una política vial basada exclusivamente en castigar al conductor después de cometer una infracción.
Por esto señalaron «queremos una política que eduque y prevenga antes de que ocurra el siniestro».
Ante esto resaltaron que «en el marco de los 30 años del servicio de cadetería, mensajería y delivery en el Chaco, reclamamos que los trabajadores sean incorporados al debate y que el Estado avance hacia una verdadera cultura de prevención y seguridad vial».
Una regulación que ya existe
Zerpa remarcó que uno de los principales reclamos del sector no pasa por crear nuevas normas sino por hacer cumplir las existentes. Según explicó, en Resistencia la actividad cuenta con una ordenanza sancionada en 2010 y posteriormente se avanzó con una legislación provincial que regula tanto la actividad del trabajador como las responsabilidades de quienes explotan comercialmente el servicio.
El dirigente recordó, además, que en 2021 la normativa fue ampliada para incorporar a los trabajadores vinculados con plataformas digitales. «En el Chaco está totalmente regulado el servicio, hasta las aplicaciones», afirmó durante la entrevista.
Sin embargo, aseguró que buena parte de esas disposiciones no se aplica plenamente. Entre ellas mencionó la identificación y registración de los trabajadores, aspectos que consideró importantes tanto para la seguridad de los propios repartidores como de los usuarios.
De acuerdo con Zerpa, existe un registro provincial dentro del área de Transporte y las herramientas necesarias para poner en funcionamiento el sistema. «Está todo preparado, tan solo que los gobiernos no han decidido ejecutar plenamente», cuestionó.
La identificación cobró nuevamente relevancia para el sector a partir de hechos delictivos en los que personas utilizaron indumentaria o elementos asociados a servicios de reparto para acercarse a sus víctimas.
Asimismo, Zerpa advirtió que la confianza que genera la llegada de un delivery puede ser aprovechada para cometer delitos y sostuvo que la registración permitiría brindar mayores garantías.
La presión por hacer más viajes
Otro de los puntos planteados por Zerpa fue la relación entre seguridad vial y condiciones de trabajo. El dirigente reconoció que existen conductas peligrosas entre motociclistas, pero sostuvo que no pueden analizarse sin considerar un sistema que remunera por cantidad de entregas.
Según explicó, los trabajadores necesitan acumular pedidos para alcanzar ingresos suficientes, mientras que las propias plataformas contemplan variables relacionadas con los retiros, las llegadas y los tiempos empleados para realizar las entregas.
«No estoy justificando. Le estoy diciendo la realidad», respondió Zerpa cuando durante la entrevista le plantearon maniobras como circular en zigzag o no respetar semáforos. Para el dirigente, modificar esas prácticas requiere intervenir también sobre la organización laboral.
«Para que un motomandado pueda cumplir con todas las normas de tránsito y llevar la pizza a su casa, tiene que ir con un solo pedido», ejemplificó. Sin embargo, señaló que los bajos valores abonados por cada entrega obligan a realizar una gran cantidad de viajes para conseguir un ingreso mensual suficiente.
Además, Zerpa estimó que alrededor del 80% de quienes desarrollan actualmente la actividad tiene entre 18 y 25 años y cuestionó también la falta de instancias sistemáticas de educación vial destinadas a un sector compuesto mayoritariamente por jóvenes.
Ingresos que tienen costos
El dirigente también relativizó las cifras de ingresos que suelen difundirse sobre el trabajo mediante aplicaciones. Señaló que, aun cuando un repartidor pueda alcanzar determinados montos mensuales, debe afrontar directamente combustible, mantenimiento de la motocicleta y conectividad, entre otros gastos indispensables para trabajar.
Como ejemplo, estimó que un motocadete que cumple jornadas de ocho horas durante seis días a la semana puede recorrer alrededor de 3.500 kilómetros mensuales y gastar aproximadamente $300 mil solamente en combustible. A ello agregó los datos móviles y el mantenimiento permanente del vehículo.
Desde el sector consideran que estas condiciones deberían formar parte de la discusión sobre seguridad vial porque determinan la cantidad de horas que los trabajadores permanecen circulando y la necesidad de concretar numerosos viajes durante una jornada.
En coincidencia con ese planteo, el comunicado difundido por los motocadetes reclamó una política que actúe antes de producida la infracción o el siniestro y no exclusivamente después, mediante una sanción.
«La seguridad vial no se construye solamente con sanciones: se construye educando, concientizando y previniendo para salvar vidas», concluyó Zerpa.
Qué cambia con la nueva normativa vial
La reforma aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados del Chaco introduce cambios en el Código de Faltas y en el Régimen de Tránsito y Seguridad Vial.
El proyecto 1511/2025 obtuvo el acompañamiento de los 24 legisladores presentes y endurece las sanciones para una serie de infracciones consideradas de riesgo.
La modificación del artículo 96 de la Ley 850-J establece que conductas como exceder la velocidad permitida, manejar de manera peligrosa, atravesar un semáforo en rojo, circular en contramano, impedir el paso de vehículos de emergencia o cruzar pasos a nivel con las barreras bajas podrán recibir penas de hasta 30 días de arresto o multas de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles. También alcanza a quienes participen u organicen competencias de velocidad o destreza no autorizadas en la vía pública.
Para los motociclistas se incorporaron disposiciones específicas. Podrán ser sancionados quienes circulen sin las luces reglamentarias, con deficiencias graves en los frenos, sin los dos espejos retrovisores o sin casco homologado, obligación que también alcanza al acompañante.
Además de la multa o el arresto correspondiente, la autoridad podrá disponer el secuestro preventivo de la motocicleta hasta que se subsanen las irregularidades y se abonen las sanciones.
Según la gravedad de la falta, también podrá aplicarse como sanción accesoria la inhabilitación para conducir por hasta 180 días, con retiro de la licencia. La reforma no se limita al aspecto punitivo.
También incorpora jornadas de capacitación y concientización sobre seguridad vial en las escuelas, que estarán a cargo del Ministerio de Educación y deberán articularse con los contenidos curriculares vigentes.
Este último punto coincide, al menos en su orientación preventiva, con uno de los planteos de los motocadetes, aunque el sector reclama que la educación y la prevención tengan un peso mayor dentro de la política de seguridad vial.