Motomandados de Resistencia reclamaron al Gobierno del Chaco y al Municipio que hagan cumplir las normas que regulan la actividad. Fabio Zerpa se reunió con Francisco Romero Castelán y advirtió por la precarización laboral y el avance de las aplicaciones digitales.
Motomandados en Resistencia: denuncian falta de controles y exigen que Chaco haga cumplir la ley que regula a las aplicaciones.
Fabio Zerpa se reunió con el subsecretario de Trabajo del Chaco, Francisco Romero Castelán, y llevó al encuentro las normas que regulan al sector. El referente cuestionó que, después de décadas de actividad, los trabajadores todavía tengan que explicar al propio Estado cuál es la legislación vigente. También advirtió por la precarización vinculada a las aplicaciones digitales.
El reclamo de los motomandados volvió a poner bajo la lupa el control de una actividad que lleva décadas funcionando en Resistencia y que, pese a contar con legislación específica, continúa generando cuestionamientos por parte de los propios trabajadores sobre su aplicación efectiva.
Fabio Zerpa, referente de los trabajadores motomandados, mantuvo una reunión con el subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo del Gobierno del Chaco, Francisco Romero Castelán, ante quien presentó documentación relacionada con las normas que regulan la actividad.
Entre ellas aparecen la Ordenanza Municipal N.º 9833 de Resistencia y la Ley Provincial N.º 3296-L.
El planteo de Zerpa fue más allá de solicitar controles: cuestionó que sean los propios trabajadores quienes deban acercar y explicar al Estado las normas que, según sostiene, deberían ser conocidas y aplicadas por los organismos competentes.
El Boletín Oficial confirma que la Ley 3296-L modificó la Ley 2608-L y amplió la definición de las agencias para incluir expresamente a quienes operen o administren plataformas digitales de motomandados y cadetería. Además, el sitio oficial provincial identifica actualmente a Romero Castelán como subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo.
“Tenemos que venir nosotros a explicar cuáles son las leyes”
Tras el encuentro, Zerpa lanzó un fuerte cuestionamiento.
“La verdad que me siento sorprendido de que una vez más, en una oficina del Estado, tengamos que venir nosotros, los trabajadores, a explicar cuáles son las leyes que regulan nuestra propia actividad”, sostuvo.
El dirigente recordó que la regulación no es nueva.
“Tenemos una ordenanza municipal, la 9833, que tiene años de vigencia. Tenemos una ley provincial, la 3296-L, que incluso contempla a los trabajadores de aplicaciones. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas normas las desconozcan?”, cuestionó.
La Ley 3296-L modificó la normativa provincial que regula las actividades de cadetería, mensajería, motomandados, delivery y afines. Entre sus disposiciones incorporó dentro de la definición de “Agencia de Mandados” a las personas humanas o jurídicas que operen o administren plataformas digitales mediante las cuales se oferte y demande el servicio.
Un reclamo que también apunta al Municipio y la Provincia
Zerpa sostuvo que la discusión excede a una gestión particular y cuestionó la respuesta que el sector recibió durante décadas tanto del Estado municipal como provincial.
“Durante 30 años pasaron funcionarios, secretarios, subsecretarios e intendentes. Muchos de ellos utilizan diariamente el servicio de motomandados. Sin embargo, cuando se sientan detrás de un escritorio como funcionarios, parece que se olvidan de que detrás de cada moto hay un trabajador y una familia”, afirmó.
Para el referente, el problema central ya no pasa por la ausencia de normas sino por su aplicación.
“No necesitamos funcionarios que descubran nuestra actividad cada vez que los trabajadores vamos a reclamar. Necesitamos un Estado que conozca, que controle, que regule y, fundamentalmente, que garantice derechos”, manifestó.
«LAS LEYES EXISTEN, PERO NO LAS CUMPLEN«
Motomandados apuntaron contra el Estado y denunciaron años de precarización.
“La llegada de las aplicaciones no solucionó la precariedad laboral. En muchos casos la profundizó. Y mientras el Estado mira para otro lado, son los trabajadores los que terminan pagando el costo”, afirmó.
El avance de las aplicaciones y la precarización laboral
Otro de los puntos planteados fue el crecimiento de las aplicaciones y plataformas digitales utilizadas para realizar entregas.
Según Zerpa, las nuevas tecnologías modificaron profundamente el mercado, pero no resolvieron los problemas laborales históricos del sector.
“La llegada de las aplicaciones no solucionó la precariedad laboral. En muchos casos la profundizó. Y mientras el Estado mira para otro lado, son los trabajadores los que terminan pagando el costo”, afirmó.
El referente insistió en que ya existe legislación sobre la materia y reclamó acciones concretas.
“No podemos seguir escuchando como respuesta que no saben, que no conocen o que hay que estudiar el tema. El tema está estudiado y legislado. Lo que falta es voluntad política para actuar”, expresó.
Reclamo de vieja data: “El Estado municipal y provincial no pueden mirar al trabajador solamente cuando necesitan cobrar una tasa, aplicar una multa o utilizar el servicio. También tienen que estar cuando ese trabajador necesita que se respeten sus derechos”.
“Existimos desde hace décadas”
El reclamo busca además diferenciar a los motomandados tradicionales de un fenómeno que muchas veces es asociado exclusivamente al desembarco de las grandes plataformas digitales.
“El trabajador motomandado no apareció con las aplicaciones. Existimos desde hace décadas. Lo que cambió fueron las formas de explotación y precarización, mientras el Estado sigue llegando tarde”, señaló Zerpa.
Y cerró con otro mensaje dirigido a los organismos públicos:
“El Estado municipal y provincial no pueden mirar al trabajador solamente cuando necesitan cobrar una tasa, aplicar una multa o utilizar el servicio. También tienen que estar cuando ese trabajador necesita que se respeten sus derechos”.
El encuentro abre ahora un nuevo capítulo para un sector que reclama que las regulaciones existentes dejen de quedar solamente escritas y se traduzcan en controles y condiciones concretas para quienes todos los días recorren las calles de Resistencia y otras localidades chaqueñas sobre una moto.