La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch), Graciela Aranda, en declaraciones a Radio Natagalá, confirmó la continuidad de la medida de fuerza anunciada por la organización y precisó que hoy realizará una concentración desde las 10.30 en las Torres Civiles, donde mantendrán una actividad con trabajadores del sector.
El paro se extenderá durante ayer y hoy, sin asistencia a los lugares de trabajo.
Aranda aclaró, además, que el sindicato que conduce no realizó el paro mencionado durante la semana anterior y señaló que la decisión actual fue adoptada en asamblea y ratificada el viernes en el ámbito intergremial. «Nosotros mantenemos la firmeza en cuanto a defender nuestros derechos», sostuvo.
La dirigente judicial señaló que el conflicto planteado por el gremio no está relacionado con un pedido de aumento salarial, sino con la defensa del sistema de porcentualidad que establece la relación entre las remuneraciones de los distintos sectores del Poder Judicial.
En ese marco, cuestionó la posibilidad de que se produzcan descuentos salariales por los días de paro y anticipó que el sindicato agotará las instancias administrativas disponibles. «Acá esto es un conflicto de derechos, acá no hay un conflicto de intereses donde no estamos pidiendo aumento de salario, eso hay que dejar bien claro, no estamos pidiendo aumento de salario», expresó.
DECRETO
DEROGADO
Aranda remarcó que el planteo sindical apunta a evitar que se modifique la estructura salarial vigente y remarcó que el impacto de las remuneraciones alcanza tanto a los trabajadores activos como a quienes se encuentran jubilados.
Por otro lado, también explicó que la organización viene participando de las instancias institucionales vinculadas con la aplicación de la normativa salarial y mencionó la existencia de una mesa técnica de revisión trimestral integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Dirección de Administración del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, Justicia de Paz, el gobierno provincial a través del área de Hacienda y los gremios judiciales.
La sindicalista detalló que la última reunión de ese ámbito se realizó el pasado 3.
La dirigente remarcó que la discusión actual estriba en la Ley 3424-A y el decreto 3514 de 2023, que establecía parámetros destinados a avanzar hacia la equiparación con la media nacional. «La primera etapa era la equiparación de la media del NEA, la segunda etapa la equiparación de la media nacional», explicó, subrayando que el decreto fue derogado por el gobierno provincial el 30 de enero de 2024.
Reclamo a la Legislatura
En relación con los antecedentes del conflicto, Aranda hizo referencia a un proceso judicial iniciado en 2005 y a la sentencia 160/20, dictada en 2020, luego de distintas instancias judiciales. Señaló que, a partir de esa resolución, fue sancionada la Ley 3424-A y afirmó que el propio Superior Tribunal de Justicia consideró cumplida la sentencia mediante la resolución 324/21, dictada en diciembre de 2021. De acuerdo con su exposición, la normativa comenzó a aplicarse en febrero de 2022 y contemplaba un esquema de recomposición para el personal judicial. La secretaria general sostuvo que posteriormente se produjeron nuevas actuaciones judiciales y cuestionó que se haya impulsado un proyecto legislativo diferente al esquema que, según su interpretación, se encontraba vigente. «Este mismo tribunal, este mismo tribunal en resolución 324/21 de fecha diciembre del 2021 dijo que está cumplida la sentencia con esta ley», afirmó.
La dirigente sostuvo además que el sindicato realizó presentaciones judiciales y solicitó participar como tercero interesado en una causa relacionada con la discusión salarial, aunque indicó que ese pedido fue rechazado. Frente a la posibilidad de continuar el reclamo en instancias superiores, confirmó que la organización está dispuesta a utilizar todas las vías disponibles y, paralelamente, continuará con gestiones ante la Cámara de Diputados. «Nosotros vamos a agotar todas las instancias, todas las instancias», manifestó.
En ese sentido, explicó que el sindicato solicitó audiencias con las distintas comisiones legislativas con el objetivo de presentar documentación y exponer su posición respecto del proyecto en discusión. Aranda insistió en que, desde la perspectiva gremial, la iniciativa modifica la base de cálculo que sostiene el sistema de porcentualidad y genera consecuencias sobre la evolución futura de los salarios judiciales.
Finalmente, Aranda cuestionó que el proyecto establezca mecanismos diferenciados para las remuneraciones de magistrados y empleados judiciales y reclamó que los parámetros de equiparación contemplen al conjunto del Poder Judicial. También sostuvo que existen reclamos individuales vinculados con deudas salariales históricas y mencionó acuerdos parciales alcanzados durante 2023.
«No es que estamos en contra de que hagan su juicio y arreglen, pero ¿por qué vas a buscar maniobras para desenganchar al trabajador y perjudicar a sus trabajadores?», planteó.
En relación con la medida de fuerza, reconoció que los descuentos por días de paro constituyen un riesgo para quienes adhieran, pero ratificó la decisión sindical de continuar con la protesta. «Si vamos a arrugar por eso quiere decir que no tenemos convicción en nuestra lucha», afirmó, al sostener que el gremio continuará defendiendo el esquema salarial que considera aplicable al personal judicial.