Más de 70 fiscales, funcionarios y especialistas de la Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron en el Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur sobre delitos contra la administración pública como precedentes de lavado de activos, desarrollado durante tres jornadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro fue organizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El encuentro reunió a especialistas dedicados a la prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros.
La actividad se desarrolló en el marco de la Hoja de Ruta de la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como Uncac, y tuvo entre sus objetivos fortalecer las capacidades de investigación y promover mecanismos de cooperación frente a delitos de alta complejidad.
La apertura de las jornadas estuvo a cargo del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez; del fiscal general a cargo de la Procelac, Diego Velasco; del asesor nacional Anticorrupción de la Unodc en la Argentina, Juan Martín Ortiz Gómez; y del representante de la Oficina INL, Jérémie Swinnen.
Durante esa instancia se destacó la importancia de establecer un espacio regional destinado al intercambio de experiencias, criterios y prácticas vinculadas con la investigación y persecución penal de delitos contra la administración pública y su relación con maniobras de lavado de activos.
COOPERACIÓN
Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Durante la apertura, los representantes de los organismos participantes coincidieron en la importancia de promover mecanismos de intercambio y cooperación estratégica entre los países que integraron el encuentro.
El propósito planteado fue compartir criterios y experiencias, identificar prácticas utilizadas en las investigaciones y abordar de manera articulada los desafíos comunes que presentan los delitos contra la administración pública cuando constituyen precedentes de operaciones de lavado de activos.
Los participantes también destacaron el deber de generar redes de trabajo que permitan actuar de manera conjunta y trasladar los conocimientos intercambiados a la resolución de casos, particularmente aquellos relacionados con la investigación de hechos de corrupción.
Las exposiciones y debates estuvieron orientados asimismo al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a la promoción de enfoques integrados entre los distintos organismos involucrados.
Delitos precedentes y recupero de activos
La primera jornada comenzó con el análisis de los estándares establecidos por la Uncac en relación con los delitos contra la administración pública como precedentes de maniobras de lavado de activos y con el recupero de bienes.
La exposición estuvo a cargo de Saskia Núñez, especialista en anticorrupción y transparencia de la Unodc, quien presentó los principales aspectos vinculados con el tratamiento de estas investigaciones dentro del marco internacional.
Posteriormente, Sergio Rodríguez y Diego Velasco analizaron la experiencia argentina a partir de casos en los que intervinieron los organismos que conducen.
La jornada también contó con la participación del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, quien hizo referencia a la relación entre la investigación penal y el seguimiento patrimonial en este tipo de expedientes.
Pleé sostuvo que «el Norte no solo es la búsqueda de la responsabilidad penal del acusado, sino también la recuperación de los bienes, ya que en muchos casos la investigación patrimonial es la que concreta y demuestra la operación de lavado de dinero». El programa continuó con las experiencias comparadas de la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay, Elena Fiore Franco, y del fiscal letrado departamental del Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay, Diego Cháves. La actividad fue moderada por la fiscal general interina de investigaciones administrativas de la PIA, Andrea Garmendia Orueta, y permitió incorporar perspectivas de otros sistemas fiscales de la región sobre la investigación de delitos contra la administración pública.
Nuevas herramientas
Las sesiones de la segunda jornada estuvieron concentradas en las herramientas de investigación patrimonial y financiera. Uno de los primeros ejes fue la trazabilidad económica, abordada por la coordinadora del área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, Ileana Schygiel, y por la subsecretaria de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, Magdalena Rua. La exposición fue moderada por Ariel Alonso, de la PIA.
La agenda incorporó además herramientas tecnológicas aplicadas a las investigaciones de corrupción y lavado de activos. En ese marco, el fiscal adjunto del Ministerio Público de Chile, Sergio Pérez Nova, presentó Fiscal HeredIA, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por el Ministerio Público de ese país para fortalecer el análisis criminal y la investigación penal.
La actividad contó con la moderación de Juan Telvini, de la PIA, y permitió abordar el uso de tecnologías específicas dentro de las investigaciones de delitos económicos.
Otro de los ejes estuvo relacionado con la trazabilidad mediante tecnología blockchain y el uso penal de criptoactivos. Estos contenidos fueron desarrollados por Francisco Faiella, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, y por Javier Cuairán.
Las exposiciones estuvieron orientadas al tratamiento de herramientas tecnológicas y activos digitales dentro de investigaciones relacionadas con criminalidad económica y lavado de activos.
La jornada también incluyó un panel sobre herramientas para la investigación de beneficiarios finales, a cargo de María del Carmen Benítez, directora general de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay, y Agustina De Luca, responsable de incidencias de la organización Open Ownership.
La sesión fue moderada por Luis Arocena, secretario letrado de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.
El segundo día concluyó con una nueva instancia dedicada a las herramientas de investigación patrimonial y financiera destinadas a la persecución de la criminalidad económica asociada con la corrupción. Participaron Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera; Danubio Cruz, coordinador de fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay; y Aníbal Martínez, de la Unidad de Análisis Financiero de Chile. La sesión fue moderada por la fiscal general interina de investigaciones administrativas de la PIA, Dafne Palópoli.
Causas complejas
Durante la última jornada, Sergio Rodríguez y Diego Solernó, director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, abordaron las estrategias de cooperación internacional para la persecución penal de delitos contra la administración pública y lavado de activos.
La actividad fue moderada por Valeria Calaza, secretaria letrada a cargo del área administrativa de la Procelac, y estuvo centrada en los mecanismos disponibles para la articulación entre organismos de distintos países.
En ese panel, los expositores remarcaron que la cooperación «da una puerta de oportunidad» para la resolución de casos de delincuencia organizada trasnacional. También destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional y de la conformación de equipos conjuntos de investigación, como mecanismos destinados a facilitar el trabajo coordinado entre organismos de diferentes jurisdicciones frente a investigaciones de alcance regional.
El encuentro concluyó con un panel dedicado a la litigación de causas complejas de corrupción y criminalidad económica dentro del sistema acusatorio.
La actividad contó con las intervenciones del auxiliar fiscal de la PIA, Esteban Venditti, del fiscal letrado departamental del Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay, Diego Cháves, y del fiscal adjunto del Ministerio Público de Chile, Sergio Pérez Nova.
La moderación estuvo a cargo de Alberto Barbuto, auxiliar fiscal y coordinador del área de lavado de activos de la Procelac.