El cabo Juan Nicolás Almirón Núñez aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de prisión efectiva. Néstor Ariel Urne Canteros había acordado la misma condena. Acosta, Villalba y García recibieron tres años en suspenso, mientras que la Fiscalía dio por concluida la etapa de acuerdos para Alegre, Ramírez y Quizama.
La causa conocida como “Narcopolicías”, que investiga la sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína que debían ser destruidos durante un procedimiento de incineración de estupefacientes, sumó un nuevo juicio abreviado y comienza a definir la situación procesal de los ocho policías que llegaron acusados a esta instancia.
El cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez aceptó su participación en los hechos y acordó con la Fiscalía Federal una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El efectivo fue considerado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionario público.
La pena implica una reducción respecto de la pretensión incluida originalmente en la acusación presentada por los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg, quienes habían solicitado 11 años de prisión para Almirón Núñez.
Urne Canteros, con la misma pena
La situación de Almirón Núñez se suma a la de Néstor Ariel Urne Canteros, quien también resolvió su situación mediante un acuerdo y recibió seis años y seis meses de prisión efectiva.
En su caso, fue condenado como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionario público, en concurso material con peculado.
De esta manera, ambos permanecerán privados de su libertad cumpliendo las penas acordadas.
Tres condenas en suspenso
Distinto fue el resultado de los acuerdos alcanzados por Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
Los tres recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional por encubrimiento agravado, teniendo en cuenta, según la resolución informada, la gravedad del delito precedente, el ánimo de lucro y la condición de funcionarios públicos.
Al tratarse de penas en suspenso, los tres efectivos recuperaron la libertad.
Así, los acuerdos alcanzados establecieron dos situaciones claramente diferentes: Almirón Núñez y Urne Canteros recibieron condenas de cumplimiento efectivo, mientras que Acosta, Villalba y García fueron condenados condicionalmente.
La Fiscalía cerró la etapa de acuerdos
Con las últimas resoluciones, fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía dio por terminada la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos dentro de esta causa.
En consecuencia, serán tres los policías que continuarán enfrentando el proceso por la vía ordinaria: el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez y el cabo primero Gustavo Andrés Quizama.
Alegre es señalado por el Ministerio Público Fiscal como el presunto organizador de la maniobra investigada. En la acusación presentada a comienzos de septiembre, Sabadini y Hilgenberg solicitaron para él una pena de 15 años de prisión.
Para Ramírez, la pretensión fiscal fue de 12 años, mientras que para Quizama se requirieron 11 años de prisión.
Se trata, en los tres casos, de pedidos de pena formulados por la acusación y no de condenas, ya que sus responsabilidades deberán continuar siendo discutidas en las próximas instancias judiciales.
La causa por los casi 9,5 kilos de cocaína
La investigación se originó a partir de lo ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez, durante una quema de estupefacientes que se encontraban bajo custodia y debían ser destruidos.
La hipótesis fiscal sostiene que durante ese procedimiento se desplegó una maniobra para sustraer 9,490 kilos de cocaína y posteriormente destinarlos a la comercialización.
A partir de las irregularidades detectadas durante el operativo se inició la investigación que terminó involucrando a integrantes de la Policía del Chaco y derivó en detenciones, peritajes telefónicos, declaraciones testimoniales y el análisis de comunicaciones entre los acusados.
La Fiscalía atribuyó diferentes grados de intervención a cada uno de ellos y señaló a Alegre como supuesto organizador del plan.
Alegre, Ramírez y Quizama continuarán la discusión
El cierre de los acuerdos deja ahora el foco sobre los tres efectivos que continuarán por la vía ordinaria.
En el caso de Gustavo Andrés Quizama, sus defensores Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar ya objetaron formalmente la acusación fiscal.
Entre otros argumentos, sostienen que respecto de su defendido debería discutirse una tentativa y no un delito consumado, bajo la tesis de que la droga nunca habría salido del Polígono de Tiro ni abandonado la esfera de custodia.
La defensa también cuestiona el grado de participación atribuido al cabo primero y anticipó una amplia producción de prueba para controvertir la reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
Alegre y Ramírez, por su parte, también continuarán ejerciendo sus defensas frente a las imputaciones formuladas en su contra.
La situación administrativa de quienes quedaron libres
La resolución penal tampoco pone fin a la situación administrativa de Acosta, Villalba y García dentro de la Policía del Chaco.
Los efectivos que recuperaron la libertad por las condenas en suspenso deberán ser convocados nuevamente por la fuerza y someterse a los procedimientos administrativos correspondientes.
Está previsto que se realicen controles toxicológicos y psicológicos, entre otras evaluaciones, antes de continuar con los respectivos sumarios.
Según la información conocida hasta el momento, esos procedimientos administrativos se encaminan hacia la cesantía, que deberá formalizarse mediante los mecanismos previstos dentro de la institución.
De esta forma, de los ocho policías que llegaron a la etapa de acusación, cinco ya resolvieron su situación penal mediante juicios abreviados y tres continuarán por la vía ordinaria, en el tramo que definirá el futuro de una de las causas federales de mayor repercusión institucional en Chaco.