La causa conocida como «narcopolicías» entró en una nueva etapa luego de que cinco efectivos de la Policía del Chaco reconocieran su participación en los hechos investigados y resolvieran su situación mediante acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía Federal de Resistencia.
Todos los acuerdos fueron homologados por la jueza Federal de Garantías 1, Zunilda Niremperger.
De este modo, cinco de los ocho policías que habían sido alcanzados por la acusación original ya resolvieron su situación procesal, mientras que los restantes deberán enfrentar un juicio oral.
Se trata de Franco Andrés Ramírez, Rubén Héctor César Alegre y Gustavo Andrés Quizama, para quienes la Fiscalía había requerido penas de entre 11 y 15 años de prisión.
Según pudo corroborar el portal judicial Litigio, el juicio oral no se realizará de inmediato. Antes deberá completarse la etapa de control de acusación, instancia intermedia que se desarrolla ante la Cámara Federal. Por ese motivo, se prevé que el debate recién pueda concretarse durante el próximo año.
Entre quienes acordaron penas mediante abreviados se encuentran Juan Nicolás Almirón Núñez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.
En algunos casos, los acuerdos contemplaron penas de prisión efectiva y, en otros, condenas en suspenso por la figura de encubrimiento agravado.
Uno de los acuerdos fue el de Almirón Núñez, cabo primero de la Policía del Chaco, quien reconoció su participación y acordó una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva, 45 unidades fijas de multa ($5.4 millones) e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
El acuerdo mantuvo las figuras de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado, aunque la pena fue inferior a los 11 años que originalmente había solicitado la fiscalía al presentar la acusación formal ante Niremperger.
Una pena similar había sido acordada por Urne Canteros, también condenado mediante un procedimiento abreviado a seis años y seis meses de prisión, 45 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta.
En tanto, Acosta, Villalba y García recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, bajo la calificación de encubrimiento agravado.
A JUICIO
La situación es diferente para los tres policías que quedaron fuera de los acuerdos. Franco Ramírez, subcomisario de la Policía del Chaco, enfrenta un pedido de 12 años de prisión, 50 unidades fijas de multa ($6 millones) e inhabilitación absoluta.
La acusación le atribuye tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la cantidad de partícipes y por su condición de funcionario público, además de peculado.
Para César Alegre, comisario de la Policía del Chaco, la fiscalía solicitó 15 años de prisión y 90 unidades fijas de multa ($10.8 millones). En su caso, la imputación contempla el delito de organización de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su condición de funcionario público, también en concurso material con peculado.
En tanto, para Gustavo Quizama, cabo primero de la Policía del Chaco, el pedido de pena alcanza los 11 años de prisión, 50 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.