La audiencia se reanudará este 3 de noviembre, a las 9, ante la jueza federal María Virginia Ise. Durante la última jornada se avanzó en las convenciones probatorias y en el análisis de los testimonios ofrecidos por la Fiscalía. Ricardo Urturi quedó fuera de la nómina de testigos para el juicio oral, según la información conocida sobre el desarrollo del proceso.
La causa conocida como “Narcopolicías” tendrá este martes 3 de noviembre una nueva audiencia de control de la acusación en la Justicia Federal de Resistencia, en el marco de la investigación por la presunta sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína durante un procedimiento de incineración de estupefacientes realizado en diciembre de 2025 en Colonia Benítez.
La audiencia está prevista para las 9, bajo la dirección de la jueza federal María Virginia Ise, y continuará con el análisis de los testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal y las convenciones probatorias entre las partes.
Una de las novedades surgidas durante esta etapa es que Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional (OCI), quedó excluido de la nómina de testigos para el debate oral, de acuerdo con la información obtenida sobre las últimas actuaciones.
Hasta el momento no se conocen públicamente los fundamentos específicos de esa exclusión.
Los testigos ofrecidos por la Fiscalía
Durante la audiencia del pasado 28 de octubre se avanzó en el tratamiento de los testimonios que el Ministerio Público Fiscal pretende incorporar al futuro juicio.
Entre los testigos propuestos figuran integrantes de Gendarmería Nacional que participaron en distintas actuaciones vinculadas con el procedimiento investigado.
La nómina incluye al gendarme Colqui, del Escuadrón 51, y al gendarme Cáceres Arostegui, de la misma unidad, quien habría intervenido en la requisa del móvil policial identificado como PT-308.
También aparecen los gendarmes Lugo y Germán González, vinculados con las requisas, y Fabián Nicolás Alejandro, señalado como responsable de las filmaciones del procedimiento.
Los testimonios podrían aportar información sobre las circunstancias en que se realizaron las inspecciones, el hallazgo de los elementos incorporados a la investigación y el desarrollo del operativo.
La admisión definitiva de cada declaración dependerá de las decisiones adoptadas durante el control de la acusación.
Policías convocados como testigos
Entre los efectivos policiales incluidos en la nómina de testigos propuestos se encuentran Pablo José Zanier, Lucas Exequiel Martínez, José González, Molina, José Correa, Nahuel Gómez y Rolando Romero.
En particular, Nahuel Gómez fue identificado como el efectivo que manejó el dron utilizado durante el procedimiento, cuyas imágenes podrían tener relevancia para reconstruir determinados momentos de la jornada.
Otro de los nombres es el de Lucas Exequiel Martínez, quien inicialmente estuvo involucrado en la investigación, pero posteriormente fue sobreseído.
Su eventual declaración se produciría, por lo tanto, en calidad de testigo y no de acusado.
La intervención de estos efectivos será objeto de análisis dentro de la etapa procesal que actualmente se desarrolla.
Qué ocurrió durante la audiencia del 28 de octubre
La última audiencia se realizó el miércoles 28 de octubre, bajo la conducción de la jueza María Virginia Ise.
Por la defensa del comisario Rubén Héctor César Alegre participaron los abogados Juan Martín Varas y Gonzalo David Sánchez, mientras que Lucio Gonzalo Otero intervino en representación del subcomisario Franco Andrés Ramírez.
Por el Ministerio Público Fiscal participaron Patricio Nicolás Sabadini, Ruth Hilgenberg y los integrantes del equipo fiscal identificados como Dragell y Giménez.
Durante la jornada se examinaron los testimonios ofrecidos por la acusación y se avanzó en la formulación de convenciones probatorias.
Estas convenciones consisten en acuerdos entre las partes sobre determinados hechos o circunstancias que no serán objeto de controversia durante el juicio.
Su finalidad es evitar la producción de pruebas sobre cuestiones aceptadas y concentrar el debate en aquellos aspectos que permanecen discutidos.
Alegre y Ramírez continúan por la vía ordinaria
La audiencia de control de la acusación se desarrolla actualmente respecto del comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Franco Andrés Ramírez, quienes continúan sometidos al proceso ordinario.
En la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, Alegre fue señalado como presunto organizador de la maniobra investigada y se solicitó para él una pena de 15 años de prisión.
Para Ramírez, la pretensión fiscal original fue de 12 años.
Ambos montos corresponden a pedidos de pena y no constituyen condenas.
La situación procesal de los restantes policías se modificó a partir de los acuerdos de juicio abreviado alcanzados durante los últimos meses.
Juan Nicolás Almirón Núñez y Néstor Ariel Urne Canteros recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión efectiva.
Por su parte, Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.
Posteriormente, el cabo primero Gustavo Andrés Quizama alcanzó un acuerdo de juicio abreviado por seis años y seis meses de prisión, según informó su abogado defensor Miguel Ángel Barceló. La aprobación judicial definitiva de ese entendimiento no fue acreditada en la información disponible.
La investigación por la quema de estupefacientes
La causa se originó a partir de los hechos registrados el 18 de diciembre de 2025, durante una quema de drogas realizada en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, durante el procedimiento se habría desplegado una maniobra para sustraer 9,490 kilos de cocaína que se encontraban bajo custodia y estaban destinados a su destrucción.
La investigación incluyó declaraciones testimoniales, pericias telefónicas, registros audiovisuales, documentación y actuaciones vinculadas con las requisas realizadas durante aquella jornada.
La acusación también sostiene que el supuesto plan contemplaba la utilización de bloques de yeso para sustituir parte del material estupefaciente.
Una instancia previa al juicio oral
La audiencia de control de la acusación está prevista en el artículo 279 del Código Procesal Penal Federal y constituye una etapa anterior a la apertura del juicio oral.
Durante este procedimiento, las partes pueden formular objeciones, discutir la admisibilidad de los elementos probatorios y establecer acuerdos sobre hechos que no serán controvertidos.
La jueza deberá resolver los planteos pendientes y determinar cuáles serán las pruebas que podrán incorporarse al eventual debate.
Una vez concluida esta instancia, corresponderá evaluar el dictado del auto de apertura del juicio oral, conforme al artículo 280 del mismo código.
La jornada de este martes estará centrada en la continuidad del análisis de los testimonios y las convenciones probatorias, en una causa que avanza hacia la definición de la etapa de juicio respecto de Alegre y Ramírez.