El diputado provincial del Bloque Justicialista, Sebastián Enrique Benítez Molas, cuestionó el endeudamiento de más de $476 mil millones que el gobernador Leandro Zdero habría contraído con el Gobierno nacional mediante un decreto, sin autorización de la Cámara de Diputados, y calificó la operación como “inmoral, ilegítima, ilegal e inconstitucional”.
El legislador sostuvo que la decisión compromete recursos públicos de la provincia y representa un hecho de gravedad institucional, al considerar que el Ejecutivo avanzó sobre una operación de crédito sin cumplir con los procedimientos establecidos por la Constitución chaqueña, que exige la intervención del Poder Legislativo para autorizar este tipo de compromisos financieros.
Benítez Molas afirmó que la operación incrementa significativamente el volumen de la deuda pública provincial y advirtió sobre las consecuencias que tendrá para las próximas generaciones de chaqueños. “Duplica la deuda pública convirtiendo esta deuda en la más grande de la historia de la provincia, pasando de 458,000 millones a 866,000 millones”, expresó, al dimensionar el impacto del compromiso financiero asumido.
En ese sentido, cuestionó tanto el monto involucrado como el procedimiento utilizado para formalizarlo y planteó que el endeudamiento debe ser sometido a controles institucionales, con información pública sobre sus condiciones, alcances y destino, debido a las obligaciones que genera para el conjunto de la sociedad.
EL IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS PROVINCIALES
Durante sus declaraciones, el diputado estableció una equivalencia entre el monto de la deuda y distintas inversiones de infraestructura y servicios esenciales que podrían realizarse con esos recursos. “Esta deuda que tenemos que pagar todos los chaqueños y todas las chaqueñas equivalen a 1380 km de ruta, 5,000 viviendas, 32 hospitales y 135 escuelas”, señaló, al poner en perspectiva la dimensión económica del compromiso asumido por la administración provincial.
La oposición advirtió que esos fondos sostienen servicios esenciales, entre ellos la salud, la educación y el pago de salarios, y reclamó conocer las condiciones financieras de la operación, las gestiones realizadas y el destino de los recursos. En ese marco, Benítez Molas insistió en la necesidad de establecer responsabilidades políticas e institucionales por una decisión que, según su planteo, compromete las finanzas provinciales sin el correspondiente aval legislativo.
DENUNCIA JUDICIAL Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
El legislador remarcó que la controversia no se limita al volumen de dinero involucrado, sino que también alcanza el mecanismo mediante el cual se habría formalizado el endeudamiento. “Y hay otro dato alarmante, lo hizo violando nuestra Constitución Provincial que exige que toda operación de crédito público debe ser aprobada por el poder legislativo”, manifestó, al fundamentar el cuestionamiento jurídico a la decisión del gobernador.
Los diputados justicialistas sostienen que la autorización parlamentaria constituye un requisito constitucional para las operaciones de crédito público y que su omisión impide que este tipo de compromisos sean decididos exclusivamente por el Poder Ejecutivo, debido a su alcance sobre los recursos y las obligaciones futuras de la provincia.
A partir de esta situación, los legisladores de la oposición anunciaron la presentación de actuaciones judiciales y ante organismos de control para que se investigue la legalidad del convenio, las condiciones en las que fue celebrado y la eventual responsabilidad de los funcionarios que participaron en su instrumentación.
Benítez Molas definió el caso como “un hecho de gravedad institucional sin precedente” y reiteró su caracterización del endeudamiento subrayando: “Esta deuda es inmoral, ilegítima, ilegal e inconstitucional”.

