Falta de mérito para Jacinto y Facundo Sampayo

Un allanamiento que se produjo en julio de 2020 en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) provocó que se evidencie públicamente la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal por el presunto delito de lavado de activos por parte de las autoridades sindicales, entre estas Jacinto Sampayo, Facundo Sampayo y Darío Sardi.
A casi dos años del inicio de la causa, el Juzgado Federal 2 de Resistencia dictó la falta de mérito para los imputados mencionados como así también para Rubén Armando Ramírez y Walter Gerardo Gómez. La investigación inició en abril de 2020, cuando la Fiscalía Federal recibió un correo electrónico sin firma, y con documentación bancaria como adjunto, en el que una persona identificada como trabajadora del municipio de Resistencia denunciaba que el STM se sustentaba por «distintas fuentes de financiamiento, una de estas la agencia financiera para préstamos organizada de tal manera que no figura en ningún sistema ni acredita identidad financiera y con tasas usureras que superan a cualquier límite existente y regulado por bancos y entidades serias».
Esos préstamos eran presentados, según la denuncia, como una «prestación de servicios» o «servicios» que simulaban «ser una proveeduría de insumos, todo bajo el manejo de Jacinto Sampayo, perpetuado en la administración indiscriminada del dinero que descontaban a los trabajadores para sostener los negocios y negociados que ejecutaban sistemáticamente y que tenían como supervisor, en un sistema de otorgamiento, a su hijo Facundo Sampayo, quien también buscaba socios o aportantes de este circuito ilegal de usura».
El escrito también apuntaba contra los manejos del Bingo Municipal por el cual se realizaban pagos mensuales «donde participan los más cercanos a Sampayo como ser el secretario adjunto Darío Sardi» a quien acusaban de oficiar de «cajero» del dinero que se sumaba al «circuito de manejo a voluntad e indiscriminado» y sin que esos fondos «figuren en libros ni registros algunos».
Fue por esto que, durante la investigación, Sabadini requirió información al Banco Central mediante la cual confirmó que el STM no estaba «registrado ni autorizado a tal fin ante esa entidad».
Tiempo después de la investigación ya iniciada, el intendente Gustavo Martínez presentó una denuncia ante la Justicia Federal detallando las transferencias de fondos que realizó al Sindicado el Municipio de Resistencia. «En abril -2020- el total girado por todos los conceptos desde el municipio al sindicato asciende a $16.081.000. Esa suma distaba mucho de estar bien administrada y en la práctica, bajo la fachada de dinero legal o «blanco» derivado de la cuota sindical. Lo concreto es que el sindicato se había transformado en uno de los prestamistas más importantes de la ciudad, por no decir de la provincia, con dinero que excedía largamente los 6 millones que le transfería el municipio por cuota sindical. Por ello, el rechazo de cheques fue una prueba más del desmanejo administrativo en que se encontraba envuelto el sindicato conducido por Sampayo», denunció Martínez.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Sabadini detalló las tres fuentes de ingreso del STM: Cuota Social (descuento a los afiliados 2,5%), Aporte Extraordinario y Servicios de Proveeduría y Préstamos al afiliado.
La «mutual» del STM, detalló el fiscal federal, era un nombre de fantasía puesto que funcionaba con el mismo Cuit del sindicato que, entre sus prestaciones, ofrecía «préstamos de dinero (ayuda económica) donde se verificaba la disponibilidad del sueldo del afiliado y en base a ello se le otorgaba el mismo bajo tasas usurarias que en algunos casos alcanzaban el 150% anual».
«Este dinero proveniente de los préstamos otorgados a los afiliados reingresaba a la cuenta del Sindicato de Trabajadores Municipales de la siguiente manera: el sindicato informaba al municipio del préstamo efectuado al afiliado mediante un listado y cuotas a descontar, el municipio de Resistencia efectuaba el descuento en el recibo de haberes del afiliado. Y el modo en que el sindicato percibía esos rubros fue a través de un cheque que el municipio abonaba al Sindicato de Trabajadores Municipales», reconstruyó el Ministerio Público Fiscal.
Sabadini también expresó que «como el Sindicato de Trabajadores Municipales no contaría con fondos suficientes para cubrir toda esta operatoria de tipo financiero, obtendría fondos de particulares quienes a su vez colocarían esos fondos a tasas usurarias que rondarían el 10% mensual y, como garantía, se les otorgaba un cheque de pago diferido conteniendo el capital y los intereses a la fecha pactada. Toda esta operatoria, como no estaba declarada tampoco obraba en los balances».