Investigadores de la Unne rechazaron intento de desalojo de productores

Docentes e investigadores de diversos institutos, cátedras y grupos de investigación de la Universidad Nacional del Nordeste han emitido un pronunciamiento en repudio al intento de desalojo de las cinco familias de pequeños productores Fernández-Benítez, en Margarita Belén, y han manifestado su apoyo a la ley de expropiación que se votaría en la Cámara de Diputados esta semana.
El reclamo, que cuenta con apoyo a nivel nacional, ha sido acompañado por la delegación del Chaco de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en conjunto con otros organismos del Estado provincial y diversas organizaciones campesinas y sindicales.
La Justicia provincial, a través de la jueza Ana Mariela Kassor del Juzgado Civil y Comercial 2, dispuso que el 27 próximo unas cinco familias campesinas de la localidad de Margarita Belén (Chaco) deberán desalojar la tierra en la que habitan y trabajan hace más de 40 años. Allí, las familias producen alimentos para abastecer a la sociedad chaqueña y cultivan plantas medicinales de alta estima.
El pasado 21 de abril de 2021, un primer intento de desalojo pudo suspenderse gracias a la resistencia de la familia y el acompañamiento de diversas organizaciones e instituciones provinciales y nacionales. Pocos días más tarde, la jueza convocó a una audiencia virtual y resolvió que se debía desalojar en 60 días. Ese plazo vencerá en dos semanas y las familias continúan sin solución en plena crisis sociosanitaria.
El fallo dictado por la jueza Kassor no solo desconoce el derecho posesorio de las familias afectadas (quienes en un proceso judicial anterior han hecho valer el derecho de usucapión); además, posee importantes inconsistencias, presenta groseros errores en las nomenclaturas catastrales y contradice una gran cantidad de normativa nacional e internacional que protege a las familias campesinas (Pidesc, Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, entre otras).
Por otro lado, el fallo no contempla cuál será el destino habitacional o política estatal de acompañamiento para estas familias en el caso de que el desalojo se haga efectivo. Esto se vuelve aún más escandaloso e injusto en contexto de pandemia, cuando la vulnerabilidad social es más alta y la exposición a factores de riesgo son mayores.
En este marco, entendemos que la aprobación del proyecto de ley de expropiación 1416/18 en favor de las familias campesinas -que se trataría en el transcurso de esta semana en la Cámara de Diputados del Chaco- puede habilitar una vía de solución no violenta al conflicto. Del mismo modo, para evitar que ocurran casos similares a futuro, es urgente la aprobación del proyecto de ley 1176/2021 que prorroga por tres años la vigencia de la emergencia habitacional de las tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena.
Un desalojo como el que se pretende llevar a cabo significa la eliminación de las formas de vivir y de hacer territorio propio de los sectores rurales de la provincia. Significa engrosar las cifras de campesinos sin tierra y cerrar los caminos hacia una soberanía alimentaria. Es una deuda histórica del Estado garantizar los derechos humanos de estos sectores sociales que una vez más son violentados por la primacía de intereses económicos individuales.