Los operativos del Plan de Seguridad Escuchar para hacer ya se desarrollan en la provincia como parte de las acciones para mejorar la prevención y el combate hacia el delito con un fuerte despliegue territorial. Son 18 los operativos realizados hasta el momento en seis zonas del Gran Resistencia, donde la Policía del Chaco detuvo a unas 222 personas por cometer delitos contra la propiedad o poseer pedidos de captura.
«Las vecinas y vecinos nos pidieron más acción directa en el territorio en materia de seguridad y con estos operativos combatimos tenazmente los delitos en las cadenas de valor y en cualquiera de sus formas», destacó ayer la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.
En total, fueron 26.408 los ciudadanos y ciudadanas de los barrios del Gran Resistencia que fueron identificados. Además, se han secuestrado 308 motos por falta de documentación o pedidos de secuestro por haber sido robadas y un auto. En el proceso de control, los efectivos policiales detectaron también el traslado de droga para narcomenudeo.
En cada intervención, los efectivos policiales instalan puestos en las principales avenidas de la zona en las que interceptan motos y vehículos. A sus conductores les solicitan la documentación del vehículo y DNI para hacer las consultas al Sistema de Gestión Biométrica (Sigebi), que permite conocer si la persona posee pedidos de captura o antecedentes penales. Con la presencia de canes controlan también la tenencia de estupefacientes.
Escuchar para hacer es un programa planificado por el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chaco para fortalecer la prevención de delitos en el Gran Resistencia, Sáenz Peña y localidades donde haya mayor incidencia delictiva, según lo establece el mapa de delitos elaborado por el área de Inteligencia Criminal.
En estos controles participan efectivos de las comisarías de la zona intervenida y personal de la Policía Caminera. También, acompañan personal de las fuerzas federales con presencia en la provincia.
Denuncias digitales
Desde Seguridad y Justicia recordaron que ya puede utilizarse la nueva aplicación de denuncias digitales que permite formalizar denuncias sin la necesidad de ir personalmente a las comisarías
Las intervenciones fueron elaboradas a partir de un proceso de participación activa de los vecinos y vecinas en las múltiples reuniones que el gobernador mantuvo en los barrios. Se enmarcan también en el marco del decreto de emergencia en seguridad pública que incluye inversión en tecnología para perseguir el delito, fortalecimiento logístico de la Policía del Chaco y trabajo conjunto con fuerzas de seguridad federales con presencia en la provincia. Tras cada operativo, se realiza un acompañamiento integral desde otras áreas del Estado también.
El programa de intervenciones continuará durante todo el año y se planifica de acuerdo a la incidencia delictiva. Hasta el momento se han realizado ocho operativos de saturación en Resistencia (zonas norte, sur y centro), Barranqueras, Fontana y Sáenz Peña.
El subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez, participó de los operativos y explicó que se trata de un trabajo similar al realizado durante la pandemia, cuando se trazaron diferentes áreas de abordaje en articulación con las fuerzas provinciales y federales. En total, unos 11.600 agentes distribuidos en toda la provincia, principalmente en las «zonas de calor» del Gran Resistencia y de Sáenz Peña identificadas por el mapa del delito, acompañan esta tarea preventiva a través de los operativos Escuchar para hacer.
«A cada fuerza se le asignó un sector específico en distintos horarios, pero focalizando sobre todo entre las 17 y las 21, que es el horario donde se registran más delitos», señaló el funcionario. «Después de las 21 vamos a rotar en distintos barrios a la par de que iremos haciendo allanamientos en función de lo que dicte el Ministerio Público Fiscal en desarmaderos, chacaritas y todo lo relacionado a narcomenudeo y narcotráfico», acotó.
Políticas estratégicas
El Plan de Seguridad se basa en seis ejes estratégicos que ya se implementan: más inversión en tecnología para combatir el delito, transporte seguro, prevención y control territorial para calles seguras, más presencia policial, mejora del sistema de denuncias, ampliación de la capacidad instalada para detenidos del Servicio Penitenciario con la incorporación de 700 celdas, y más eficiencia, publicidad, oralidad y agilidad para el proceso penal con el impulso de una serie de iniciativas legislativas.
Además, como parte del plan, el gobernador Jorge Capitanich firmó el decreto 2076, que oficializa la emergencia en materia de seguridad pública y penitenciaria en todo el territorio de la provincia por el plazo de un año. La medida tiene como objetivo primordial atender las demandas de seguridad pública y del sistema penitenciario provincial a los fines brindar seguridad a la población, garantizar la protección integral de la vida y resguardar los bienes públicos y privados. También se realizará un abordaje de las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.
Esto implica el fortalecimiento del sistema de videovigilancia a través de la incorporación 300 cámaras de seguridad para totalizar 1.500 de carácter público, las que junto a la incorporación de 2 mil privadas que visibilicen espacios públicos, permitirán alcanzar una meta de 3.500 artefactos en funcionamiento. Este plan tiene el objetivo de detectar, bloquear, esclarecer delitos e infracciones, identificar personas sospechosas o desaparecidas e incrementar el nivel de protección de ciudadanos y ciudadanas.