El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, en diálogo con Radio Natagalá, se refirió a la resolución judicial que cuestiona el proceso de cálculo de tarifas en el transporte público del Chaco.
Informó que el Gobierno apelará la medida a través de la Fiscalía de Estado, aclarando que la resolución no es definitiva sino una solicitud de revisión del proceso.
Domínguez aseguró que la administración actuó conforme a las normativas, sin irregularidades, y destacó que los costos del servicio se publicaron con anticipación en la Secretaría de Transporte. «Lo que la Justicia plantea es revisar, no sancionar», explicó.
CRÍTICAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO
El ministro criticó la postura del defensor del pueblo, asegurando que este demostró desconocimiento sobre el proceso tarifario. «Afirmar que no conocía los costos es una muestra de ignorancia, ya que estos datos se detallaron en la audiencia pública», subrayó Domínguez.
Según explicó, el cálculo de la tarifa técnica arrojó un promedio de $1.770 para el Gobierno y $1.800 para las empresas.
Sin embargo, mediante un esfuerzo económico provincial, el boleto quedó en $1.150, evitando un impacto mayor sobre los usuarios.
TRASFONDO POLÍTICO
Por otra parte, Domínguez sostuvo que el conflicto tiene motivaciones políticas. Acusó al defensor del pueblo de responder al exgobernador Jorge Capitanich y de buscar obstaculizar la gestión actual. «Esto es claramente una movida política para poner trabas y afectar al sistema de transporte», señaló.
Asimismo, enfatizó que, a diferencia del gobierno anterior, su administración ha implementado audiencias públicas para garantizar transparencia. «Lo que necesitamos es que el sistema funcione bien para la gente, pero estas acciones solo generan caos», afirmó.
Acatamiento
y expectativas
El ministro Domínguez indicó que el Gobierno cumplirá con lo dictado por la Justicia y retrotraerá la tarifa a $700 de manera temporal, hasta que se resuelva la apelación. Además, confía en que el fallo se resolverá pronto y que las tarifas podrán normalizarse.
Ante la posibilidad de un paro de transporte, confirmó que el Gobierno evaluará sanciones a las empresas que paralicen el servicio. «Buscamos un equilibrio, pero también exigimos responsabilidad por parte de todos los actores», comentó.
En paralelo, hizo un llamado a la colaboración entre empresas, Gobierno y ciudadanos para evitar mayores conflictos. «Esperamos que la Justicia actúe rápido y que podamos garantizar un servicio de transporte eficiente para todos», concluyó.