Días atrás se concretó el II Encuentro de la Red de Asentamiento Populares de la Argentina que fue organizado por la Facultad de Arquitectura de la Unne; el Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (Unne-Conicet) y por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (Arquitectura Unne).
Del evento participó el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, quien brindó detalles sobre las diferentes políticas que se ejecutan en la materia como el Plan Nacional de Suelo Urbano; la Ley de Ordenamiento Territorial; el relanzamiento del Procrear con el nuevo sistema de créditos hipotecarios que lo financiarán.
«Tenemos un plan trienal que pretende generar 264 mil soluciones habitacionales, con distintas estrategias. Esto a su vez tendrá un correlato con la generación de suelos que permita garantizar viviendas o conjuntos habitacionales en lotes con servicios en distintos lugares de la Argentina», explicó el objetivo.
Para el funcionario nacional esta propuesta surge para un territorio que lo calificó «en tensión con un modelo de desigualdades aberrantes y de inequidad muy marcada».
En ese sentido Scatolini argumentó en su disertación, la necesidad de una nueva mirada de redistribución de la renta urbana que permita achicar las desigualdades. «Porque no habrá presupuesto nacional que alcance para dar solución a la informalidad de los sectores más humildes que pujan por acceder a una vivienda; como tampoco a la segregación, a la fragmentación y la cada vez más incómoda guetificación del espacio urbano», dijo.
los programas
Más adelante, el funcionario enumeró los puntos salientes de la estrategia que impulsará el gobierno nacional para el acceso al suelo y a la vivienda.
En primera medida señaló que cada provincia generará los marcos legales para la planificación territorial y en consecuencia los instrumentos para la gestión urbana. En otras palabras se modifica la visión existente hasta el momento, teniendo como marco el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial vigente, cada jurisdicción establecerá las necesidades habitacionales.
Con respecto a esto Scatolini amplió: «Los planes provinciales y los instrumentos de gestión local tiene que ver con la zonificación incluyente, con la necesidad de que existan áreas bien localizadas destinadas para el hábitat social y cultural. Es uno de los presupuestos mínimos que planteamos nosotros para generar legislación e instrumentos de programas a nivel local».
«A todas luces se trataría de un programa descentralizador, con claro protagonismo en la propuesta y gestión habitacional por parte de cada provincia, dentro de presupuestos mínimos fijados por Nación», destacó.
En este punto resaltó que «de hecho ya avanza en diez provincias, entre ellas el Chaco, el trabajo legislativo para la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta ley es uno de los instrumentos formulados en el Plan Nacional de Suelo Urbano.
Según Scatolini este plan resulta fundamental «para garantizar que el propio Estado cuente con suelo disponible para localizar vivienda a construirse y/o a promoverse en forma pública y para ampliar la accesibilidad de las familias a suelo urbano y, por ende, a un lugar en las ciudades».
Mientras que por otra parte el Procrear «continuará siendo la nave insignia de la política de desarrollo territorial y habitacional, pero con modificaciones. Para que tenga éxito se trabajará con un modelo de lote y crédito individual para construcción», señaló Scatolini.
De esta manera, según el funcionario, se dejaría de lado el «modelo de viviendas generadas por empresas constructoras, y así cada uno elegirá con quien construye su casa».
Asimismo indicó que «la implementación del Procrear requiere disponer de terrenos en distintos lugares del territorio nacional. Sabemos que el suelo urbano cuando lo administra el mercado lo hace con criterio especulativo. Nuestra idea con la compra de tierra es poder intervenir en el mercado del suelo, pudiendo intervenir el estado nacional con grandes macizos para quedarnos con las plusvalías en interacción con los gobiernos locales.
En esos sitios también se podrá generar infraestructura para después poder disponer de lotes a un costo mucho más bajo del que está ofreciendo el mercado».
Pero fue contundente con un concepto, «en la medida que no haya suelo disponible y accesible, es muy difícil que el programa funcione», dijo.
Además aseguró que «se dejará de trabajar con los créditos hipotecarios UVA. Ya se generó un nuevo sistema de crédito para el Procrear denominado Hogar, la diferencia con el anterior es que vincula el acceso al crédito a un coeficiente de variación salarial. Hemos coordinado con las centrales obreras sindicalmente organizadas, tener un criterio de generación de lotes con servicios y la construcción de viviendas individuales destinadas específicamente para los trabajadores», precisó.
Desarrollo Urbanístico
La disertación de Scatolini también abrió paso a un debate sobre la expansión urbana desordenada que se dio con el Procrear y que ahora se pretende corregir. Al respecto consideró que la «falta de articulación con una política de suelo disparó la expansión urbana, generando una urbanización dispersa y fragmentada, que pudo haber resuelto el acceso a la vivienda, pero no el cómo generar unas mayores economías en el funcionamiento de las ciudades», reconoció.
Desestimó que con compras de tierras por parte del Estado se apunte a la expansión urbana, «el primer objetivo al comprar tierras y generar consorcios urbanísticos, es consolidar las ciudades y completar los vacíos urbanos existentes, impulsando una correlación en términos de crecimiento urbanístico», puntualizó.
El Plan Nacional de Suelo fomentará la utilización de bancos de tierra ya existentes en distintos municipios y provincias del país, como así también promoverá que se constituyan nuevos en donde aún no se han implementado.
Para atenuar la fragmentación de las políticas, se conformó una Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo. Participan de ese espacio de debate el sector público, privado, organizaciones gremiales, universidades y organizaciones civiles, en el que se realizan aportes para lograr un crecimiento adecuado de las áreas urbanas y la protección de los cordones periurbanos.