Un nuevo informe de Greenpeace expuso el grave impacto que ha tenido la ganadería intensiva en bosques nativos de Santiago del Estero y Chaco, entre 2008 y 2022.
La organización analizó 1.881 lotes intervenidos bajo manejo silvopastoril, que combina ganadería con manejo forestal supuestamente sustentable. Los resultados muestran que en realidad se trata de desmontes que violan la ley.
El informe reveló que, en promedio, los lotes intervenidos para ganadería perdieron la mitad de su fracción leñosa. Más preocupante aún, en el 70% de los casos, se evidenció la pérdida de la estructura y función del bosque, dejando a las fincas con una densidad de árboles similar a la de los parques públicos de Buenos Aires, una comparación que ilustra la gravedad de la situación.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, destacó: «En las últimas dos décadas, el avance de la ganadería intensiva ha sido el principal motor de los desmontes en el norte del país, incluso en áreas protegidas por la Ley de Bosques.
Es innegable la complicidad de los gobiernos de Santiago del Estero y el Chaco, que han permitido estas prácticas, violando la norma para favorecer a los grandes productores».
Bajo la etiqueta de «manejo silvopastoril», que debería garantizar un uso sustentable de los bosques, el estudio de Greenpeace demuestra que en la mayoría de los casos se están llevando a cabo desmontes encubiertos.
Según Giardini, «es evidente que lo que se presenta como una gestión sustentable del bosque es, en realidad, una forma de continuar expandiendo la frontera agropecuaria donde no está permitido hacerlo».
«Más deforestación significa más crisis climática, desaparición de especies, inundaciones, desertificación, enfermedades y desalojos de campesinos e indígenas», advirtió Giardini.
«Debemos actuar con urgencia para prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales», agregó.
El informe de Greenpeace es un llamado a los gobiernos provincial y nacional, a que pongan fin a estas prácticas devastadoras, reforzando la aplicación de la normativa forestal nacional para proteger los últimos remanentes de los bosques nativos del Gran Chaco, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de Sudamérica.
Por otra parte, la organización desde hace cinco años lleva adelante una causa judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco Argentino y la destrucción de su hábitat natural, contra el Estado nacional y Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.
En el marco de esa causa, Greenpeace denunció la semana pasada ante el máximo tribunal que el reciente decreto 888/2024 dispone la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que administra los fondos de la Ley de Bosques, lo que implica que ahora podrá ser utilizado por el Estado nacional arbitrariamente, con cualquier otro destino.
