La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y su entidad base en la provincia Utre, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de establecer el salario mínimo docente mediante un decreto sin la participación de los gremios del sector.
En un comunicado difundido días atrás, la organización sindical calificó la medida como «autoritaria» y alertó sobre sus consecuencias en la educación pública.
«Esta medida desconoce la paritaria nacional docente, un derecho conquistado tras años de lucha, y atenta contra las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación», manifestó CTERA en el comunicado oficial.
Además, advirtió que la determinación del Ejecutivo «profundiza la precarización y la desigualdad en el sistema educativo».
El rol de la paritaria nacional
Desde CTERA remarcaron que la paritaria nacional docente no solo establece el salario mínimo, sino que también es el ámbito de discusión de cuestiones fundamentales como la infraestructura escolar, el presupuesto educativo y el financiamiento destinado a las escuelas.
«Su eliminación o vaciamiento implica un retroceso que pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje», señalaron.
Ante este escenario, la central sindical exigió «la inmediata convocatoria a la paritaria nacional, el respeto a la negociación colectiva y una recomposición salarial acorde a la realidad económica del país».
También instó a la comunidad educativa a «mantenerse en estado de alerta y movilización en defensa de nuestros derechos y de la educación pública».
Detalles de la Resolución 381/2025
En el marco de la decisión gubernamental, se publicó la Resolución 381/2025, la cual establece los nuevos valores salariales para el sector docente. Según el documento, el salario mínimo garantizado para los docentes de todo el país se fijó en $500.000 a partir de abril de 2025. Además, la normativa establece la distribución de fondos nacionales a las provincias para asegurar el cumplimiento del piso salarial.
La resolución también prevé modificaciones en los mecanismos de actualización de los haberes docentes, estableciendo que los futuros incrementos se definirán «de acuerdo a la evolución de las variables macroeconómicas y la disponibilidad presupuestaria».
Un conflicto
en escalada
El rechazo de CTERA se suma a las críticas de otros gremios educativos y sectores de la oposición, quienes consideran que la imposición del salario mínimo por decreto vulnera el derecho a la negociación coleciva. Además, docentes de distintas provincias ya anticiparon que podrían tomar medidas de fuerza si no se convoca a la paritaria nacional.
Por su parte, el Gobierno Nacional defendió la medida argumentando que la determinación del salario docente responde a «criterios de responsabilidad fiscal» y a la necesidad de «garantizar previsibilidad en el sector educativo».
Sin embargo, desde los gremios sostienen que «la educación no se sostiene con imposiciones ni ajustes, sino con inversión y diálogo».
En este contexto, la comunidad educativa aguarda una respuesta del Ejecutivo ante el reclamo gremial, mientras la tensión en el sector sigue en aumento.