La Fiscalía Federal de Resistencia impulsó la medida contra Gabino Manader, exsuboficial mayor de la Policía provincial, acusado de la detención ilegal y la aplicación de tormentos a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa en la Alcaidía de Sáenz Peña en 1974.
El expediente de la causa «Ligas Agrarias 2: Sacerdotes» reconstruye el rol de Núñez y Testa dentro del Movimiento Rural Católico y su posterior participación en la fundación de las Ligas Agrarias, una organización campesina que agrupaba a pequeños productores en la provincia. La Fiscalía detalló que el 14 de abril de 1974 ambos fueron arrestados por la Policía del Chaco y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña, donde soportaron sesiones de tortura durante varios días bajo la supervisión de una comisión liderada por el jefe Carlos Alcides Thomas, el subjefe Wenceslao Ceniquel y el suboficial Manader, único sobreviviente de ese grupo.
El relato judicial se basa en testimonios de las víctimas, declaraciones de otros detenidos, informes médicos de la época y documentos judiciales previos. La trayectoria de los sacerdotes muestra las secuelas del episodio: Núñez, de la Orden Franciscana, pasó cinco años en prisión y luego desarrolló una intensa labor social en Rosario hasta su reciente fallecimiento. Testa, de la Orden de los Misioneros de la Consolata, fue detenido en la Alcaidía de Resistencia y posteriormente deportado a Italia en 1978. Su vida continuó en Nicaragua y Colombia, donde ejerció el sacerdocio antes de su regreso a su país de origen.
El requerimiento fiscal enmarca estos crímenes dentro de un ataque sistemático contra la población civil, que comenzó en los primeros años de la década del 70 y se intensificó tras el golpe militar de 1976. En Chaco, diversas sentencias como «Caballero 1, 2 y 3» han probado la existencia de un plan organizado de represión ilegal, con la Brigada de Investigaciones como epicentro de las detenciones clandestinas y las torturas.
El caso de Núñez y Testa se suma al juicio «Ligas Agrarias», donde se abordaron los crímenes contra dirigentes rurales. La Fiscalía sostiene que la acción represiva no solo buscaba eliminar la oposición política, sino también desarticular cualquier movimiento que desafiara el modelo económico impuesto por las dictaduras de la época. La elevación a juicio de esta causa representa un nuevo paso en el proceso de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en la región.