Este martes concluyó la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia por el habeas corpus colectivo y correctivo y la medida cautelar presentadas por la Defensoría General Adjunta y el Comité Para la Prevención de la Tortura, respecto de la ley 4033-J que limita el uso de telefonía celular e Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La medida del gobierno provincial que eliminó el uso de celulares en las unidades penitenciarias del Chaco generó una serie de audiencias judiciales para debatir su legalidad y sus consecuencias.
En ese marco, Bashé Charole, titular del Comité para la Prevención de la Tortura, valoró que “el Superior Tribunal escuchó directamente a las personas privadas de libertad”.
La preocupación central del Comité contra la Tortura es la restricción total del acceso a la telefonía móvil e internet dentro de los establecimientos carcelarios “sin un diagnóstico previo ni consulta a los organismos que trabajan en el tema”.
“La quita fue generalizada y afectó incluso a unidades que no están en condiciones para esa medida, como San Martín o Castelli”, afirmó la funcionaria, al tiempo que subrayó que “el gobierno no evaluó el impacto real de esta acción”.
Durante la segunda audiencia, realizada ayer, se escucharon los testimonios de las personas privadas de libertad, quienes destacaron la importancia del uso de celulares. “No todos delinquen con un teléfono. Muchas mujeres usan los dispositivos para promocionar sus trabajos en redes sociales, incluso exportando productos a países como México o Chile”, expresó Charole.
Además, la titular del Comité señaló que la medida afecta directamente la labor del organismo: “Nosotros recepcionábamos denuncias a través de WhatsApp, con fotos, videos y audios. Hoy ya no podemos hacerlo”.
La comunicación con los familiares también se vio interrumpida, generando un profundo malestar, sobre todo en comunidades indígenas. “Fue una decisión inconsulta que dejó expuestos a los más vulnerables”, lamentó.
El encuentro de este martes en el STJ fue encabezado por el juez Enrique Varela como presidente de trámite, y sus pares Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río.
Además, asistieron el procurador general adjunto, Miguel Fonteina; la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; por la Fiscalía de Estado de la Provincia, Guido Cotterli y Lorena Andrea Quevedo; por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, Patricia Fernández; por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos el Subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; por el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, su presidenta, Bashe Charole y Roberto Sotelo. También Juan Manuel Barranco Cortés, del Departamento Judicial del Servicio Penitenciario; Walter Kiverling, por la Policía del Chaco; Juan Ignacio Díaz, asesor del Ministerio de Gobierno y Juan de la Cruz González, subsecretario de Seguridad.