Ante la denuncia de la oposición por supuestas adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en beneficio del administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, aclaró que la adjudicación se produjo en julio de 2022 ordenada por un juez cuando Omar Canela no era funcionario público. La denuncia fue realizada por los diputados provinciales Mariela Quirós y Nicolás Slimel.
«La adjudicación fue ordenada por el juez en julio y de notificó mediante oficio en septiembre de 2022 a colonización esto sucedió en un trámite de un sucesorio a través de un oficio dirigido al entonces Instituto de Colonización.
Estamos hablando de un año antes que el gobernador Leandro Zdero ganara las elecciones», indicó Gómez y aclaró que la inscripción de las tierras a nombre de Omar Canela aún no fue efectivizada. Tampoco Canata firmó absolutamente nada.
En esta línea, opinó que «los diputados de la oposición no pueden desconocer una información tan relevante como que la orden de adjudicación fue dada por un juez». Así afirmó que «buscan equiparar a Canela con Tito López que es el investigado por el fiscal Patricio Sabadini. Quieren hacer pensar que somos lo mismo y no es así».
Gómez adelantó que el gobierno hará una presentación en la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) de las pruebas que dan cuenta del error de la denuncia «hecho que ya sucedió en horas de la mañana».
«Pediremos apurar los plazos para llevar claridad y demostrar que al denunciar no tuvieron cuenta la documental que está en el expediente», agregó.
A su turno, Canela explicó que es nieto e hijo de productores ganaderos y aseguró que la denuncia presentada por los diputados provinciales le tomó por sorpresa.
En esta línea, indicó que accionará judicialmente ya que la denuncia «genera un daño y un perjuicio moral para su familia. «Es la primera vez que me sucede algo así», lamentó.
Estuvo presente, también, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, quien opinó que «los diputados no pueden contravenir una decisión judicial. Es una decisión jurídica que el Instituto de Colonización no puede desconocerla».
Por último, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, se refirió a la oposición y aseveró que «son manotazos de ahogados, es parte de la campaña electoral que tiene como fin ensuciar la gestión. Es triste que mientras ellos se ocupaban de repartir tierras a los piqueteros no cumplían con las órdenes judiciales».
