La presentación la realizó Héctor Barrionuevo, secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).
En su denuncia, Barrionuevo pidió investigar a la funcionaria judicial, quién habría intervenido para recuperar en tiempo récord la camioneta que utilizó su hija -que fue incautada en el operativo policial de esa madrugada- y también por haberle facilitado el vehículo.
Además, solicitó ser querellante en la causa bajo el argumento de la protección de la vida y seguridad de los más de 25 mil alumnos que actualmente cursan en la universidad ante un hecho que, según estimó, «podría haber terminado en tragedia».
EL INCIDENTE
De acuerdo a la crónica policial, dos vehículos fueron demorados por correr picadas en horas de la madrugada del domingo 6 de abril pasado, en pleno centro de Sáenz Peña.
Luego se supo que una de las personas demoradas era la hija de la secretaria de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, Pamela Michlig, adjunta del fiscal Carlos Amad.
Pauluk (18) fue demorada por personal policial y el vehículo secuestrado por el dispositivo de control, pero llamativamente el rodado fue recuperado por su familia a las pocas horas, es decir durante el transcurso del domingo 6 de abril. Si bien se le realizó el test de alcoholemia, no se informaron oficialmente los resultados.
Fuentes de aquella ciudad informaron que quien ordenó la rápida entrega de la camioneta a la familia de Michlig fue la jueza de faltas provincial, Celia Altamiranda, hermana de una exlegisladora radical de la ciudad.
Según informó el portal Chaco Día por Día, vecinos de Sáenz Peña denunciaron en redes sociales que no es la primera vez que los llamados «hijos del poder» protagonizan este tipo de corridas en horas de la madrugada, incluso algunos de ellos participaron de hechos violentos y riñas callejeras.
LA PRESENTACIÓN JUDICIAL
Ante esta situación -publicó el portal judicial Litigio-, Héctor Barrionuevo, en su calidad de secretario de Bienestar Social de la Uncaus, decidió denunciar penalmente lo ocurrido. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía 3 de Sáenz Peña.
Explicó que su presentación apunta a proteger a los más de 25 mil alumnos que actualmente están matriculados en la casa de altos estudios, en un hecho que podría haber «concluido en una tragedia».
Consideró además que «para el debido esclarecimiento de los hechos», resulta necesario no solamente investigar a la joven conductora, sino también a Pauluk, ya que esta era propietaria de la camioneta utilizada para dicha «competencia ilegal de velocidad».
Valoró como errónea la intervención del Juzgado de Faltas Provincial al considerar que se trata de un «evento criminoso catalogado como delito por la ley penal».
Recordó a su vez que a partir del caso «Cabello», las picadas automovilísticas fueron incorporadas al Código Penal -en el artículo 193 bis- y prevé penas de prisión que van de los 6 meses a los tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena.
Señaló que lo ocurrido se enmarca en lo que se conoce como «conducción peligrosa» y el bien jurídicamente protegido es el de la seguridad en el tránsito automotor, catalogado como un bien jurídico colectivo, cuya titularidad es indiferenciada y por lo tanto puede ser denunciado por cualquier integrante de la sociedad.
Recientemente, ante la inacción judicial, Barrionuevo hizo una nueva presentación ante la fiscalía 3. Esta vez, para solicitar su constitución como querellante particular de la causa.
Con el patrocinio legal de la abogada Anahí Cuevas, Barrionuevo indicó que su participación en el expediente apunta a agilizar el trámite de la persecución penal, ofrecer pruebas y controlar las actuaciones a fin de colaborar con la resolución del caso.
En este sentido, reiteró que, en su carácter de secretario de Bienestar Estudiantil de la Uncaus, entiende que el concepto de «bienestar estudiantil» implica no solo la salud física, mental y social de los estudiantes de la universidad, sino también la «seguridad física» de estos.
«Es por esto que me considero habilitado procesalmente para que se me dé la intervención en mi carácter de querellante particular», afirmó.
Aquel incidente de abril
En un operativo de prevención denominado Wheeleros ntegral», el personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) 37, bajo la dirección del comisario Juan Sandobal, interceptó a dos camionetas que circulaban a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas en el centro de la ciudad, específicamente en la intersección de las calles 14 y 15.
Tras un seguimiento, se logró detener una de las camionetas, identificada como una Toyota SW4 4X4 SRX, blanca. La conductora, Sofía Lara Pauluk (18) fue identificada y se registró su domicilio en calle Güemes 265.
El personal de Patrulla Vial, a cargo del oficial principal Flores Walter, realizó un test de alcoholemia a la conductora y procedió al secuestro del vehículo.
Se destaca que, a las 3.05, la camioneta fue captada por cámaras de seguridad del municipio, ejecutando la misma maniobra peligrosa en la intersección de calles 12 y 31.
Posteriormente, y cumpliendo con lo ordenado por la Jueza de Faltas Letrada, Celia Altamiranda, el vehículo fue entregado a su propietaria, Pamela Michlig (49), empleada judicial, tras la acreditación de propiedad.
La explicación de la jueza
La jueza de Faltas Provincial, Celia Altamiranda, en Sáenz Peña, convocó por entonces a una conferencia de prensa, donde aseguró que no se trataba de picadas. Además, hasta no tiene pruebas que hable de conducta peligrosa, que el test de alcoholemia dio negativo y la joven conductora no opuso resistencia, por lo que no le constaba que hubo una persecución, que todo fue producto del imaginario popular y que es normal que haya devuelto la camioneta secuestrada por la policía unas horas después el mismo domingo, a pesar de que no haber visto antes el expediente.
«En realidad esto no se trató de picadas. De haber sido así el expediente habría ido a fiscalía. Esto mal llamado picadas, por ahí la policía se refiere así en sus informes de esta manera. En realidad es conducción peligrosa. Para mi este es un caso más como cualquier otro. Y recibió el mismo tratamiento que cualquier otro…lo que corra por imaginación popular de la gente no me puedo hacer cargo…», comenzó diciendo la funcionaria judicial, que ostenta 21 años como jueza, publicó Eres Chaco.
Dijo que en el caso de los vehículos como camionetas, automóviles, se restituyen en el día, no así en el caso de las motos porque éstas cuentan con una sala para resguardarlas y también las comisarías.
«Yo no voy a imponer como a la gente le gustaría, una pena anticipada. Acá al expediente se le va a dar el trámite y el día que corresponda, se le dará sentencia. Pero porque la gente considere o las redes sociales opinen, no voy a cambiar mi manera de trabajar», enfatizó.
Destacó la jueza Altamiranda que para ella era lo mismo restituir el domingo que el lunes, que no entendía por qué tanto alboroto. «¿Tanto cambian unas horas? Me parece que la gente se imagina muchas cosas que en realidad no lo son» expresó la magistrada
Aseguró que no hubo alcoholemia positiva en este caso.
Reconoció que el expediente recién lo recibió el lunes al mediodía, que tiene una serie de relatos de personal policial, del Grupo COM y de Patrulla Preventiva que trabaja en alcoholemia, pero que «son todos relatos de que supuestamente habría, en una parte me dice que en un celular de un policía y registrado en cámaras de seguridad, pero nada de eso me es acompañado como prueba», dijo la jueza.
Negó haber visto algo que comprometiera a la joven en su conducción con la camioneta. Que todavía no le llegaron los videos. «No me dicen que se dé a la fuga», señaló la magistrada, a pesar de que en el informe de la policía dan cuenta que a la joven logran que detenga el vehículo varias cuadras después haberla visualizado a alta velocidad corriendo picadas.