El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, advirtió que el conflicto salarial persiste y que la posibilidad de retomar el paro «sigue latente».
«El día anterior al pago, los empresarios nos avisaron por nota que solo podían abonar el 50% del sueldo y que el resto lo pagarían recién el 27. Eso es una burla para los trabajadores», aseguró Abraham y remarcó que la propuesta fue rechazada de inmediato por la conducción del sindicato.
Sin embargo, ante la urgencia y el daño que genera el retraso salarial para los trabajadores bancarizados se aceptó de manera excepcional un nuevo plazo: el 50% restante del salario deberá ser abonado el próximo martes 10. «Es por única vez. Si no cumplen, al otro día se para automáticamente», advirtió el dirigente.
Subsidios insuficientes y sistema de reparto cuestionado
El sindicalista también se refirió al cambio en el sistema de subsidios nacionales y provinciales, al que calificó como uno de los principales factores del deterioro del servicio. «Antes los subsidios eran por trabajador. Ahora se otorgan por pasajero transportado. ¿Qué significa eso? Que si el día 9 se corta el servicio por un paro, esos viajes no se cuentan, y el dinero no se recupera», explicó.
Además, cuestionó el papel del Estado provincial en la crisis del transporte. «No se puede dejar todo librado al mercado porque el transporte es un servicio esencial», señaló.
Según Abraham, el sistema actual de subsidios no garantiza el sostenimiento del servicio: «Hoy, si decimos que se cubre el 50% con subsidios, es mucho. Eso no alcanza para afrontar los aumentos salariales que tenemos acordados. Vamos camino a un colapso total».
Servicios deficientes y caída de pasajeros
El titular de la UTA también criticó la calidad del servicio que se brinda a los usuarios: «Los colectivos están en mal estado, los servicios son pésimos. Y eso también desalienta el uso del transporte público. La gente no viaja porque no tiene cómo o porque no quiere pagar un servicio tan deficiente», dijo.
La caída en la cantidad de pasajeros transportados afecta directamente la recaudación de las empresas. «Antes un chofer te decía que transportaba 300 pasajeros en su turno. Ahora apenas supera los 100. Eso impacta en todo: los sueldos, el mantenimiento de las unidades, y hasta en la obra social, que también está desfinanciada», señaló.
«Vamos camino a lo que pasó en los 90»
Abraham trazó un paralelismo entre la situación actual y la crisis vivida durante la década del 90. «En esa época teníamos 1.200 afiliados. Terminamos con apenas 100. Las empresas cerraban una tras otra. Si no hay una intervención seria del Estado, vamos directo a repetir esa historia», advirtió.
Además, remarcó que las empresas no están en condiciones de sostenerse: «No recaudan lo suficiente ni para pagar los sueldos ni para mantener los colectivos. Ya nos están debiendo aportes de la obra social, que es algo básico. Si seguimos así, va a estallar todo».
El líder gremial dejó claro que la tregua alcanzada con la suspensión del paro es solo momentánea. Si los compromisos asumidos no se cumplen, la UTA retomará las medidas de fuerza. «Esto puede terminar mal si no se toman decisiones urgentes. El transporte está en crisis y nadie parece querer hacerse cargo», explicó.
«Los servicios públicos le pertenecen al Estado»
Consultado sobre las responsabilidades en torno a la crisis del transporte público, Abraham apuntó: «Siempre me preguntan por qué le reclamo al gobierno. Porque se trata de un servicio público. Y los servicios públicos le pertenecen al Estado».
El dirigente explicó que el modelo actual en muchas provincias deriva la operación a empresas privadas, pero que eso no exime al Estado de su deber. «Hay servicios que los maneja la Nación, otros las provincias y en algunos casos, como en Entre Ríos o Tucumán, las municipalidades. Pero siempre hay una autoridad pública responsable. Acá antes era compartido: la provincia se ocupaba del interurbano y la municipalidad del urbano», recordó.
Respecto al sistema de subsidios, Abraham insistió en que el Estado no puede desentenderse del financiamiento del servicio. «Si el empresario hace un estudio de costos y determina que el pasaje debería valer dos mil pesos, el Estado tiene que cubrir al menos el 50% de ese monto, porque es responsable del sistema», sostuvo.
El dirigente también recordó declaraciones de funcionarios que intentaron equiparar el subsidio al transporte con el apoyo a cualquier otra actividad económica. «Una vez dijeron que si subsidiaban al transporte, también tenían que subsidiar al quiosquero.
Pero eso es desconocer por completo que estamos hablando de un servicio público esencial. Un comerciante puede subir sus precios con la inflación, pero el colectivo no puede funcionar así, sin regulación», cuestionó.
«El precio del pasaje está completamente desactualizado»
Por otro lado, Abraham remarcó que, según su información, «ya se convocó a la audiencia pública para tratar el estudio de costos, porque el precio del pasaje está completamente desactualizado. El Estado tiene que pronunciarse y hacerse cargo. No puede decir ‘los empresarios no sirven, no administran bien, roban’, porque si es así, que les saquen la concesión», planteó.
En ese sentido, recordó que en otros tiempos, ante incumplimientos, se retiraban concesiones a las empresas. «Antes reclamábamos porque la empresa no cumplía y el Estado llamaba a licitación. Se terminaba el problema. Ahora eso no pasa más», lamentó.
Sobre la posibilidad de una nueva medida de fuerza la semana próxima, Abraham confirmó que, de concretarse, no incluirá movilizaciones. «No, será un paro sin movilización. Ahora con todos estos cambios en las leyes laborales, hay más restricciones para manifestarse en la calle, cortar el tránsito, y todo eso. Pero el paro se va a sentir igual», advirtió.