A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), la jueza federal Martina Forns, suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.
El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.
La suspensión del decreto 461/2025, que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.
En la resolución judicial se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar «traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales», en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.
Además, la jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.