El domingo 27 pasado, Erica Almirón (25) fue hallada muerta en su domicilio del barrio Jardín de Resistencia.
Su cuerpo presentaba signos de intoxicación, asfixia y violencia. La investigación, que inicialmente fue caratulada como muerte dudosa, se orientó luego hacia un femicidio tras el hallazgo de una carta escrita por su ex Joaquín Alfredo Pérez, quien confesó haberla asesinado. Pérez fue detenido en Corrientes cuando intentaba huir hacia Paraguay.
Este crimen elevó a ocho el número de femicidios registrados oficialmente en el Chaco durante 2025, encendiendo una vez más las alarmas en la opinión pública y en las organizaciones feministas.
Desde el colectivo Ni Una Menos Chaco expresaron: «Ya son ocho mujeres asesinadas en lo que va de 2025, y cada una de esas muertes es una alarma que grita lo que venimos denunciando hace años: la violencia machista no da tregua y es urgente actuar».
La entidad, que desde hace años impulsa acciones de sensibilización y acompañamiento a víctimas, manifestó que está dispuesta a colaborar con todos los niveles del Estado, sin importar el signo político, para diseñar políticas públicas de prevención: «Prevenir salva vidas, y es menos costoso en términos presupuestarios que llegar tarde. No se trata solo de voluntad, se trata de responsabilidad política y compromiso real».
En un llamado colectivo, invitaron a toda la sociedad civil a involucrarse: «Hoy más que nunca, necesitamos estar juntas y juntos. En comunidad. Con memoria, con fuerza, con amor, pero también con firmeza. Vivas nos queremos».
Ocho crímenes
en siete meses
Los crímenes registrados hasta la fecha incluyen a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. En todos los casos, los agresores eran conocidos, ex parejas, convivientes o vecinos de las víctimas. El primero se produjo el 1 de febrero en Taco Pozo, cuando Marcelo Caro asesinó a su ex Mónica Mendoza y a su exsuegra Miriam Giménez. La brutalidad del doble crimen con arma blanca y de fuego conmocionó a la comunidad.
Le siguió el caso de Carolina Ríos (43), asesinada por su ex Jorge Ávalos en Sáenz Peña, quien luego se quitó la vida.
Pocos días después, en Resistencia, Carlos López mató por asfixia a Pamela Romero, una adolescente (16) con quien convivía.
El 21 de marzo, en Fontana, la desaparición de Sol Selena Montiel (13) estremeció a la provincia. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en la casa de un vecino, Benjamín Castillo, quien fue imputado por homicidio doblemente agravado por alevosía y violencia de género.
El 28 de junio, Leonela Giménez (25) fue encontrada asesinada con un disparo en el pecho en un camino rural de La Tigra. Por el hecho hay dos imputados, uno de ellos por femicidio.
El 1 de julio, Norma Robledo (58) fue hallada en un aljibe en paraje Itín, tras ser asesinada presuntamente por su pareja, Telmo Gómez, quien luego se suicidó.
El caso de Érica Almirón cierra, por ahora, este trágico listado.
fin de semana con
cinco detenidos
Durante el último fin de semana previo al hallazgo de Érica, la Policía del Chaco registró cinco detenciones por violencia de género en distintos puntos de la provincia.
En el barrio Integración de Resistencia, una mujer (33) denunció que su pareja la dejó encerrada junto a su hijo tras una discusión. Desde hace seis años sufre maltratos, pero no había denunciado por miedo. El agresor fue detenido al intentar regresar al domicilio.
En villa San Juan, otra mujer denunció haber sido golpeada y amenazada por su pareja, quien fue detenido por la Policía tras confirmar los médicos lesiones leves. Un tercer hecho tuvo lugar en pasaje Caracas al 200, donde otra víctima denunció violencia física. El acusado fue aprehendido horas más tarde.
En Puerto Tirol, H.I. (43) fue arrestado por desobedecer una orden judicial de restricción. El dispositivo electrónico de control que portaba había sido desconectado varias veces.
Finalmente, otra mujer (53) fue agredida con un cuchillo carnicero en Resistencia por su pareja, quien también fue detenido.
cuatro femicidios
en la Argentina
Asimismo este fin de semana ocurrieron cuatro femicidios en el país, mientras desde el gobierno de Javier Milei se niega la existencia de la violencia de género o se relativizan sus cifras.
«Los femicidios han bajado», afirmó el ministro Cúneo Libarona, basándose en fuentes cuestionadas por especialistas.
Sin embargo, la realidad muestra otra cara: Brenda Torres (24) fue asesinada en Córdoba, Jésica Noelia Duarte (33) en Berisso, Érica Almirón Romero (24) en el Chaco y Flora Inés Moyano (60) en Mendoza.
Flora fue hallada en un basural, con una inscripción en su espalda: «Ahora no culias con nadie más». Su femicida, Juan Molina, gozaba de salidas transitorias pese a múltiples condenas por abuso sexual y a informes negativos. «Cuatro mujeres asesinadas y totalmente desprotegidas por el Estado y la justicia patriarcal. Cuatro femicidios que se pudieron haber evitado», denunciaron desde organizaciones feministas
Una ley que no alcanza
Desde 2012, el femicidio es una figura jurídica incorporada al Código Penal argentino mediante la Ley 26.791. Establece la pena de prisión perpetua para quien mate a una mujer por razones de género.
Esta modificación surgió de la necesidad de visibilizar y sancionar la violencia sistémica contra las mujeres, pero la escalada de casos en el Chaco demuestra que la tipificación penal, aunque fundamental, es insuficiente.
La situación exige políticas integrales de prevención, protección efectiva a las víctimas, capacitación de operadores judiciales, asistencia psicológica y redes de contención.
Desde Ni Una Menos señalaron: «La violencia de género no se detiene sola. Necesitamos que el Estado actúe con firmeza y presupuesto. No queremos contar muertas. Queremos vivir».
Desmantelamiento de políticas de género y regresión en derechos humanos
El gobierno de Javier Milei ha impulsado una serie de medidas que desmantelan políticas públicas clave en materia de género y derechos humanos.
Desde su asunción, eliminó el DNI no binario, recortó la Línea 144, modificó la Ley Micaela, y dejó de garantizar leyes vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
La última avanzada es el dictamen favorable al proyecto de ley S-0228/2025, que propone penalizar más severamente las denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual, generando preocupación entre especialistas y organizaciones por el efecto amedrentador que esto puede tener sobre víctimas reales.
Diversas voces, como la del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Red por la Infancia, alertan que este proyecto puede profundizar la desprotección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
No hay evidencia de que las denuncias falsas en este tipo de causas sean frecuentes; al contrario, las estadísticas muestran que la mayoría de los abusos no se denuncian, y cuando se denuncian, pocos llegan a condena. Penalizar sin distinguir entre denuncias falsas e insustanciadas pone en riesgo a quienes necesitan protección urgente.
La lógica de ajuste del gobierno también arrasó con políticas públicas eficaces como el Plan ENIA, que había logrado una reducción del 50% en la fecundidad adolescente entre 2018 y 2023.
Su eliminación desprotege a miles de jóvenes y revela una orientación política que prioriza el déficit cero a costa de derechos fundamentales. A esto se suma el desfinanciamiento de áreas clave como salud, educación, discapacidad y derechos humanos, profundizando la desigualdad estructural.
Finalmente, se evidencia un cambio cultural impulsado desde el Estado, que no solo recorta derechos sino que naturaliza el desprecio por los sectores más vulnerables. Las declaraciones oficiales -como las del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad- reflejan una crueldad que busca deslegitimar la solidaridad como valor social.
Frente a este escenario, se vuelve urgente una ciudadanía activa que resista el avance de políticas regresivas y defienda el acceso equitativo a la justicia y a los derechos básicos.
En este marco, resulta alarmante que el presupuesto del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad -actualmente una subsecretaría sin autonomía- haya sufrido un recorte del 64% en términos reales durante el primer semestre de 2024, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).
Esta reducción impacta directamente en programas de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, refugios y subsidios de emergencia, dejando a miles sin acceso a asistencia esencial.