El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional.
La decisión generó un fuerte repudio por parte de familias, personas con discapacidad y prestadores de servicios, quienes advirtieron que la medida representa una quita directa de derechos y pone en riesgo el acceso a salud, educación y transporte para miles de personas.
«La situación es crítica hace mucho tiempo y esta gestión nos lleva a que cabemos nuestra tumba, porque esa es la realidad. Muchas personas con discapacidad ya están fuera del sistema y las prestaciones pasarán a ser un privilegio solamente para aquellos que puedan abonar.
No todos los padres están en una situación económica buena para abonar aquellos tratamientos que no se reconozcan en la obra social», expresó Marcela Kriskovich, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, en diálogo con Radio Unne.
Una situación insostenible
Desde hace años, el sistema de prestaciones para personas con discapacidad enfrenta una profunda crisis. La ley vetada preveía una actualización mensual de los aranceles para prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, la reforma del sistema de pensiones no contributivas, el sostenimiento de centros de día y talleres protegidos, y el cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4% en el sector público.
«Muchas personas con discapacidad ya están fuera del sistema y las prestaciones pasarán a ser un privilegio solo para quienes puedan pagarlas. No todos los padres están en condiciones económicas para costear tratamientos que ya no cubren las obras sociales», advirtió Kriskovich, madre de un niño con discapacidad.
El Gobierno justificó el veto señalando que la ley implicaría un gasto adicional significativo: 0,9% del PBI en 2025 y 1,68% en 2026, afectando el equilibrio fiscal y el acuerdo con organismos internacionales.
El rechazo se suma a otros vetos de alto impacto social, como el de la nueva fórmula jubilatoria y la moratoria previsional.
Un sistema
en colapso
Organizaciones de prestadores alertan que muchos servicios están al borde del colapso. Clínicas, transportistas, cuidadores, terapeutas y centros educativos cobran con demoras de hasta tres meses y con aranceles congelados o desfasados respecto a la inflación.
Según la Red Federal de Prestadores, más de 200 mil trabajadores podrían verse afectados por la falta de financiamiento adecuado.
A esto se suma la denuncia de subejecución de fondos y falta de diálogo con las autoridades del Ejecutivo. «Nos dejan invisibles. No se reúnen con nosotros, no nos escuchan. Están blindados. Y encima, cuando se aprueba la ley, el Presidente sale a reírse diciendo que la va a vetar. Esa risa es la deshumanización», expresó Kriskovich.
Las calles
como espacio
En respuesta al veto, se convocaron movilizaciones en plazas de todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la protesta frente al Congreso nacional fue reprimida por las fuerzas de seguridad. «Fue sumamente angustiante ver tanto despliegue de Gendarmería y Policía.
Nos empujaban, nos trataron como si fuéramos delincuentes. Éramos familias, personas con discapacidad, prestadores defendiendo derechos», relató Kriskovich.
Bajo consignas como «La discapacidad no es gasto», «Los derechos no se negocian» y «Emergencia ya», miles de personas se expresaron en redes sociales y en las calles. La presión ahora se dirige al Congreso, con la esperanza de reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto.
«La lucha no la vamos a bajar. Les pedimos a los senadores y diputados que sigan con la mano levantada, porque la salud no se negocia», concluyó la referente-
Dimensión nacional
Según el Censo 2022, más de 2 millones de personas viven con alguna discapacidad en Argentina, aunque organizaciones estiman un subregistro. De ellas, al menos 700 mil reciben pensiones no contributivas y dependen de un sistema que hoy se encuentra en estado crítico.
La ley vetada representaba una respuesta de emergencia ante esta situación, más aún en un contexto de ajuste generalizado en políticas sociales. Referentes de distintas bancadas legislativas, incluyendo sectores de la oposición moderada, habían respaldado la iniciativa por su «carácter humanitario y urgente».
La voz de otras organizaciones
Además de Prestadores de Discapacidad Unidos, numerosas entidades nacionales y provinciales expresaron su repudio al veto presidencial. Desde el Colectivo Federal de Discapacidad señalaron que la decisión del Ejecutivo «rompe un consenso democrático y vulnera derechos consagrados en tratados internacionales».
«Estamos ante un hecho gravísimo. El Estado argentino, al vetar esta ley, incumple la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. No se trata de gasto, se trata de derechos humanos», declaró Sandra Hönig, abogada especialista en discapacidad e integrante del Colectivo.
Por su parte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) denunció que el veto presidencial es parte de un plan más amplio de ajuste que «tiene como blanco a los sectores históricamente más excluidos».
Prestaciones
en riesgo
Un informe reciente de la Federación Argentina de Prestadores de Discapacidad (Fapdi) alerta que, si no se actualizan los aranceles y no se garantiza el flujo regular de fondos, más del 40% de los prestadores independientes o pequeños centros podrían cerrar sus puertas antes de fin de año.
«En provincias del norte argentino como el Chaco, Formosa o Santiago del Estero, la situación es aún más grave debido a los altos índices de pobreza y la falta de infraestructura especializada.
«Sin la ley de emergencia, los padres van a tener que elegir entre pagar la luz o la terapia de sus hijos. Y muchas veces no pueden pagar ninguna de las dos cosas», afirmó Claudia Leiva, presidenta de la Asociación Civil TGD Padres TEA NOA.
La pulseada en
el Congreso
Aunque la ley fue aprobada por más de dos tercios en el Senado (62 votos afirmativos) y por mayoría calificada en Diputados (191 votos a favor), revertir el veto exige que ambas cámaras insistan con la misma mayoría, algo que aún no está garantizado.
«El Congreso tiene ahora la responsabilidad histórica de demostrar si está dispuesto a sostener los derechos de las personas con discapacidad o si va a ceder ante el chantaje fiscal del Ejecutivo», sostuvo la diputada nacional Mónica Macha (UxP), una de las impulsoras del proyecto.
La legisladora advirtió que sectores aliados al oficialismo buscan dilatar la sesión de insistencia o modificar artículos clave, lo que obligaría a reiniciar el trámite parlamentario. «No hay que volver a discutir lo que ya se aprobó con amplio consenso. Hay que insistir y dejar sin efecto el veto», aseveró.
Campaña federal y resistencia en red
Mientras tanto, organizaciones sociales, familiares y prestadores lanzaron una campaña nacional para exigir el tratamiento urgente del veto. Bajo el lema #DiscapacidadSinVeto, se convocan marchas, actividades de visibilización y encuentros federales.
Además, familiares autoconvocados presentaron hábeas corpus colectivos en algunos distritos, como Mendoza y Buenos Aires, y analizan recursos ante organismos internacionales.