La Cámara de Diputados del Chaco culminó el proceso de selección para la renovación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el período 2025-2029.
Tras un riguroso concurso público de antecedentes y oposición realizado por un Tribunal Ac Hoc, se designó como miembros titulares a Darío Edgardo Gómez; Romina Duarte; Roberto Claudio Luis Sotelo; Santiago Augusto Osuna; y Mónica Charole (representante de Pueblos Originarios), junto a tres suplentes para el mismo período.
El proceso incluyó evaluaciones técnicas, entrevistas, impugnaciones y análisis de planes de gestión a 51 postulantes, garantizando representatividad regional, de género y de pueblos originarios. Tras esto, el Tribunal elaboró el orden de mérito y designó además, a los miembros suplentes Mónica Noemí Caballero – Representante de Pueblos Originarios; María José Bogado; y Maximiliano Santiago Almirón.
EL PROCESO
El procedimiento, en cumplimiento de la Ley N° 3264-B, fue conducido por el Tribunal Ad Hoc integrado por las diputadas provinciales, Zulma Galeano y María Pía Chiacchio Cavana; Macarena Hofmann Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Luciano Hazán, en representación de la Defensoría General de la Nación; el especialista en DDHH Enrique Font; Hugo Maldonado, por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco; Juan Manuel Irrazabal por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura; y el equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Durante el concurso se recibieron adhesiones e impugnaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras rechazadas tras entrevistas y análisis documentales. Las evaluaciones incluyeron la valoración de formación académica, experiencia profesional, trayectoria en derechos humanos y la presentación de un Plan Estratégico de Gestión, además de entrevistas personales y defensa oral de propuestas.
El Tribunal resaltó que la integración final asegura la representación de pueblos originarios, la equidad de género y una distribución regional equilibrada, además de priorizar perfiles con integridad ética, compromiso democrático y amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos.