La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña hizo lugar al hábeas corpus presentado por la Fundación Todo Por Todos, que denunció al jefe de la comisaría de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori, por agresiones, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias.
La presentación fue realizada el martes por la directora de la fundación, Viviana Del Valle Yzaguirre, y la Justicia resolvió admitir la acción de carácter colectivo, preventivo y reparador.
Al mismo tiempo, requirió informes a distintas dependencias judiciales y organismos de control sobre la existencia de antecedentes contra el funcionario policial, los cuales deberán ser remitidos en un plazo de 24 horas.
En la resolución se intimó a las fiscalías 1, 3 y 4, a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, a los juzgados correccionales 1 y 2, y al Juzgado de Paz de Taco Pozo, para que informen si existen denuncias previas contra Melchiori o su personal.
Además, se exigió al Órgano de Control Institucional (OCI) detallar si hay sumarios administrativos en curso relacionados con el comisario.
El hecho que derivó en esta medida ocurrió el último domingo, cuando integrantes de la fundación denunciaron haber sido increpados, golpeados y detenidos de manera arbitraria por Melchiori.
Tras la difusión de videos en redes sociales, la Jefatura de Policía decidió intervenir la comisaría e iniciar un sumario administrativo.
Desde el OCI confirmaron que el jefe policial ya acumulaba tres sumarios disciplinarios en menos de dos años y al menos 20 denuncias en su contra.
Con este panorama, y tras la decisión de la Cámara, se espera que más de 25 personas se presenten a declarar como testigos mientras avanza la investigación judicial.
Tiene prohibido que ingrese a su unidad
El juez Rodolfo Lineras declaró admisible una acción de hábeas corpus colectivo presentada por la Asociación Civil Todo por Todos y, como medida de protección urgente, prohibió al comisario Daniel Augusto Melchiori ingresar y desempeñarse en la comisaría de Taco Pozo.
Además, le impuso la prohibición de contacto y acercamiento con las víctimas y testigos, entre ellos la médica María Candelaria García Nebbia, quien fue detenida y posteriormente liberada.
La resolución también dispuso la recolección de pruebas e informes a distintas dependencias judiciales y policiales, con el objetivo de determinar si existen otras denuncias previas contra Melchiori y su personal.
Entre las medidas solicitadas se incluye la copia certificada del libro de guardia de la seccional, la identificación de los vehículos oficiales utilizados y la documentación sobre la aptitud psicofísica de los agentes intervinientes.
Según publicó el portal chacodiapordia.com, el fallo da intervención a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad de la provincia y al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, reforzando el carácter institucional del caso.
La prohibición de acceso de Melchiori a la comisaría marca un antecedente relevante en la provincia, donde se investigan presuntas prácticas de violencia institucional contra profesionales de la salud y ciudadanos que cumplían tareas solidarias. La causa quedó radicada en la Fiscalía Especial Adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña.