El exjefe de la Comisaría de Taco Pozo, Augusto Melchiori, denunció al juez Rodolfo Lineras por presunto abuso de autoridad y medidas cautelares arbitrarias que, según el oficial, lo dejan desprotegido y afectan su vida cotidiana. La denuncia se da en el marco de un habeas corpus colectivo y pone en discusión la supuesta parcialidad del magistrado y sus vínculos políticos.
El polémico ex jefe de la comisaría de Taco Pozo Augusto Daniel Melchiori, recientemente trasladado de la Comisaría de Taco Pozo a otra dependencia en Presidencia Roque Sáenz Peña, presentó una denuncia formal contra el juez Rodolfo Gustavo Lineras, titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y violación de garantías constitucionales. La denuncia se origina en la causa “Asociación Civil Todo por Todos s/ Habeas Corpus Colectivo, Preventivo y Reparador”, expediente N° 6968/2025-2.
Medida cautelar cuestionada
Melchiori cuestiona la medida de prohibición de acercamiento dictada por Lineras, que lo obliga a mantenerse a 500 metros de domicilios, lugares de trabajo y espacios de esparcimiento de varias personas, entre ellas abogadas y la Jueza de Paz de Taco Pozo, durante seis meses. Según el oficial, esta restricción le impide realizar actividades esenciales, como adquirir alimentos, concurrir al hospital local y cuidar a su hija, Helenna Melchiori Gonzalez. Además, advierte que la medida lo mantiene prácticamente confinado en su domicilio, con riesgo de arresto inmediato en caso de incumplimiento.
Melchiori sostiene que nunca existieron hechos que justificaran la restricción, ni amenazas contra las personas mencionadas, y que su relación con la Jueza de Paz y las abogadas siempre fue cordial y profesional. Incluso asegura que mantuvo comunicación diaria con la jueza, incluso el día que prestó declaración testimonial ante Lineras.
Antecedentes y vínculos políticos
El oficial denuncia que el juez Lineras podría estar actuando con parcialidad política. Señala que durante el año 2024, Lineras dictó medidas adversas al gobierno provincial del arquitecto Leandro Zdero, incluyendo la clausura de celdas del Complejo Penitenciario II en Sáenz Peña, en el marco de un habeas corpus colectivo impulsado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.
Melchiori enfatiza que el juez tiene vínculos familiares y políticos con el justicialismo, ya que su hermano, Aldo Fabián Lineras, fue Ministro de Educación de la gestión del gobernador Jorge Capitanich. Además, sostiene que la abogada Adriana Gisela De Langhe, implicada en el caso, mantiene relaciones de amistad y políticas con Lineras, actuando incluso como nexo con el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez.
El oficial afirma que la abogada De Langhe, en causas anteriores, ha presentado medidas cautelares ante Lineras, demostrando su preferencia por este tribunal para amparos legales y habeas corpus, incluso en situaciones donde su intervención resultó favorable.
Contexto del “caso WAKIM”
Melchiori también hace referencia a la ciudadana Leila Yamila WAKIM y su concubino Iván Franco Bagnera, quienes fueron detenidos en una causa de hurto e incendio. Según el oficial, De Langhe inicialmente se constituyó como querellante particular, pero luego desistió y pasó a actuar como testigo, en lo que Melchiori califica como una maniobra armada en su contra.
El exjefe policial recalca que siempre actuó a derecho en sus procedimientos, y que la medida cautelar dictada por Lineras, que le impide portar su arma reglamentaria, lo deja desprotegido frente a posibles ataques de bandas delictivas, en un área fronteriza donde se registran delitos complejos relacionados con narcotráfico y contrabando.
Trayectoria policial
Durante su gestión en Taco Pozo, Melchiori destaca que participó en operativos contra el narcotráfico y contrabando, con el secuestro de grandes cantidades de cocaína, hoja de coca, vehículos robados y mercaderías ilegales. También colaboró con la Justicia Federal en la detención de bandas criminales y logró condenas contra delincuentes por delitos complejos.
En su denuncia, el oficial destaca también que nunca fue imputado por corrupción, y que la restricción impuesta por Lineras afecta su capacidad de actuar y defender a su familia, incluyendo a sus hijos, en una zona conocida por su alta incidencia de delitos graves.
Violación de derechos constitucionales
Melchiori argumenta que en el proceso de habeas corpus no se le permitió ejercer su derecho a la defensa, lo que constituye, según su denuncia, una violación al debido proceso y a las libertades fundamentales. Señala que hasta el momento no pudo presentar pruebas, declaraciones ni alegatos ante el juez, quedando afectado de manera directa por las medidas cautelares.
La denuncia fue elevada a la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, a cargo del doctor Luis César Collado, quien dispuso que las actuaciones sean remitidas en el estado en que se encuentran para su análisis.
Melchiori responsabilizó personalmente al juez Lineras de cualquier eventual ataque o atentado contra él o su familia, y denunció que la medida refleja una combinación de intereses judiciales y políticos, más que un análisis objetivo de pruebas o riesgos reales.