El Juzgado Federal 1 de Corrientes resolvió procesar con prisión preventiva a trece personas acusadas de integrar una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. La decisión se tomó en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal 1 correntina, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda subrogó la causa y dictó el procesamiento por los delitos de asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, dispuso embargos de un millón de pesos sobre cada uno de los acusados.
La medida recayó sobre once ciudadanos venezolanos, una colombiana y un argentino, varios de ellos nacionalizados en la Argentina. Ocho son hombres y cinco mujeres. La resolución aplica la figura de organización criminal contemplada en el artículo 210 del Código Penal, incorporado por la Ley 27786 en marzo de este año, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido como Yiyi, líder de la denominada Banda del Yiyi.
El hombre fue detenido por Interpol en Corrientes en octubre de 2023 y actualmente se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, bajo régimen de alta seguridad.
EL LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN
Boscán Bracho ingresó a la Argentina en 2019 desde Colombia utilizando documentación falsa. Al momento de su detención residía en un country de Corrientes. Sobre él pesa un pedido de extradición a Venezuela por delitos que incluyen extorsión, asociación para delinquir, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y obstrucción de la libertad de comercio.
El juez Fresneda señaló en su resolución que «las personas investigadas pertenecen a una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos».
El magistrado sostuvo también que «se acreditó que la organización exhibe un alto grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes establecerse en el país en un lapso relativamente breve». En ese sentido, resaltó la adquisición de bienes muebles e inmuebles en pocos años de residencia.
El líder fue procesado por los tres delitos principales: organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Misma imputación recayó sobre otros cinco acusados. Tres mujeres fueron procesadas por los mismos delitos pero con prisión domiciliaria, mientras que los restantes recibieron imputaciones por dos de los cargos.
La investigación
La pesquisa se inició tras la captura de Boscán Bracho en 2023. Desde entonces, las fiscalías avanzaron con medidas como la intervención de líneas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, en conjunto con el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina.
En mayo de este año, se realizaron allanamientos en domicilios de Capital Federal, partidos bonaerenses y la capital correntina, donde se detuvo a doce integrantes más de la organización. Entre los elementos secuestrados figuran computadoras, celulares y dólares.
El análisis patrimonial permitió establecer que la organización manejó al menos $120 millones, mediante transferencias bancarias, operaciones virtuales y movimientos de efectivo. Los fiscales sostienen que este dinero tuvo como destino actividades de financiamiento al Tren de Aragua en Venezuela.
De acuerdo con el dictamen fiscal, el grupo operaba mediante estructuras familiares y redes informales de transferencia de dinero.
Se identificaron dos células principales, una encabezada por un primo y otra por la pareja de Boscán Bracho. Ambos mantenían contacto directo con el líder incluso después de su detención.
Los mecanismos
La investigación detectó que la organización adquirió campos, propiedades en countries, locales comerciales e incluso un centro de estética en La Plata. Estas compras, según la justicia, buscaban legitimar fondos de origen ilícito.
En Capital Federal, uno de los allanamientos se realizó en un local de Western Union en el barrio de Colegiales, donde funcionaba un circuito paralelo de transferencias denominado Giro Activo. A través de este sistema, se enviaban y recibían fondos entre la Argentina y Venezuela sin justificación económica lícita.
Los fiscales remarcaron que se trató de «un esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil».
El juez Fresneda recordó que el Ministerio de Seguridad incluyó al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (Repet), en línea con la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que catalogó al grupo como «Organización Terrorista Extranjera».
Proyección del caso
El Tren de Aragua es considerado uno de los grupos criminales más poderosos de origen venezolano. Su expansión transnacional se dio en los últimos años y alcanzó a varios países de la región, entre ellos Colombia, Perú, Chile y la Argentina.
El procesamiento de los trece acusados en Corrientes se inscribe en un contexto de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La intervención de Interpol y la conexión con causas abiertas en Venezuela reflejan la magnitud del caso.
La investigación busca establecer no solo la operatoria local de la organización, sino también los vínculos financieros con la estructura central del Tren de Aragua. Los fiscales plantean que la Argentina habría funcionado como base de operaciones económicas para el grupo.
El fallo constituye uno de los primeros en aplicar el artículo 210 ter del Código Penal, que tipifica la figura de organización criminal trasnacional. Para la Justicia Federal, el caso representa un antecedente clave en materia de persecución del crimen organizado.
En paralelo, se aguarda la resolución sobre el pedido de extradición de Boscán Bracho a Venezuela, que dependerá de la decisión de las autoridades judiciales y del análisis de los tratados bilaterales vigentes.