En la audiencia que tuvo lugar ayer, Jorge Capitanich aseguró que el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, «con el objetivo de acusarme penalmente, inventa un hecho ilícito, elige pruebas que se ajustan a su ‘invención’, fragmentando la realidad y descartando las que la contradicen, para justificar la permanencia de la causa en el fuero federal», dijo.
Afirmó que el fiscal tiene un «desconocimiento supino» del funcionamiento de la administración pública, los institutos autárquicos, el rol de cada funcionario, los mecanismos de control, el manejo de fondos y las leyes vigentes, ya que da por cierto un texto de una carilla y media presentado en abril del año pasado, una «denuncia descabellada» de la dirigente radical Marilín Canata.
En su detallado informe, Capitanich explicó la naturaleza de su intervención como gobernador en la adjudicación de tierras. «El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones, que son facultad exclusiva del Instituto de Tierras, cuando las mismas superan las 300 hectáreas.
Esto no es una opción del gobernador, es una obligación legal», aseveró y dijo que en el proceso intervinieron más de media docena de órganos de control.
Respecto al supuesto lavado de activos -adquisición de un bien de origen ilícito para luego introducirlo al mercado como legítimo-, advirtió que los inmuebles cuestionados permanecen aún en el patrimonio del Estado.
«Estamos siendo acusados de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio. Por lo tanto, no existe el lavado de activos. Una irracionalidad total», comentó.
En el mismo sentido, precisó el marco legal del Régimen de Promoción Industrial y la adjudicación de tierras en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y aseguró que las empresas beneficiarias recibieron exenciones impositivas, reducción de costos de servicios y crédito fiscal por las inversiones.
También en esos casos intervienen distintos órganos de control, en un régimen que «ha beneficiado a más de 200 empresas entre 1999 y 2023».
En tanto, recordó que fue sometido al juicio de residencia y rendición de cuentas ante los organismos de control provinciales y nacionales. «Ninguno de estos controles arrojó irregularidad alguna», afirmó.
«Se me imputa formar parte de una organización criminal por firmar decretos y otorgar tierras, pero no existe una sola pieza probatoria que abone semejante teoría. Las pruebas aportadas por mi parte han sido sistemáticamente desconocidas, violando mi derecho a defenderme», señaló e insistió en la «falta de objetividad procesal».
Tras su declaración, Capitanich volvió sobre las motivaciones políticas de la causa: «Piensan que con una o dos denuncias la gente se va a olvidar de todo lo que hicimos: de cuando podían pagar la luz sin endeudarse, de cuando comer un asado no era un privilegio, de cuando sus hijos podían ir a la escuela, de cuando la jubilación alcanzaba para vivir, de cuando había trabajo y el salario era digno».
«Los únicos responsables del dolor del pueblo son los gobiernos de Milei y Zdero: culpables de atacar a discapacitados, de sacarle el plato de comida de la boca a la gente, de pegarle a los jubilados», concluyó.
Pedrini: «Se acusa a Coqui de un delito de imposible cumplimiento»
El diputado nacional Juan Manuel Pedrini sostuvo que la investigación judicial contra el exgobernador Jorge Capitanich responde a una «causa política inscripta en el lawfare».
El jefe de campaña de Fuerza Patria en el Chaco cuestionó la imputación que pesa sobre Capitanich y exfuncionarios de su gestión por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales. «Se lo acusa de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio», afirmó Pedrini, tras consultar el Registro de la Propiedad Inmueble.
La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña citó a declarar a Capitanich ayer, a las 11, de manera virtual. También debieron presentarse la ex ministra de Ambiente, Marta Elena Soneira; Sheina Waisman y Darío O. Giménez, según dispuso el fiscal federal Carlos Amad con autorización del tribunal de alzada.
El dirigente también calificó de «incongruente» que la actual administración provincial, al mismo tiempo que denuncia la supuesta maniobra, haya cobrado a los particulares en litigio un precio por esas tierras. «La provincia sigue siendo titular de esas tierras; por lo tanto, no hubo ninguna transferencia de dominio. Se lo acusa de un delito de imposible cumplimiento», amplió Pedrini.
Fue más allá y sentenció: «Lo más raro es que la administración zderista, por un lado, hace la denuncia y por el otro cobró a estos particulares en litigio un precio determinado por la tierra.
Acusan al exgobernador de una transferencia inexistente (insisto, las tierras siguen a nombre del Chaco) y por otro lado percibieron el precio de una transferencia de la que dicen estar en contra. Una incongruencia absoluta».
Además, el jefe de campaña de la oposición política de cara al 26 de octubre negó que exista delito alguno en el marco del régimen de promoción industrial. «Sostienen la permanencia de la causa en el fuero federal aduciendo que los adjudicatarios de la tierra recibieron dinero del Estado chaqueño vía promoción industrial. Pero esta promoción no implica transferencia de recursos», destacó Pedrini.
«No son transferencias de fondos estatales, sino exenciones impositivas temporales, siempre avaladas por los organismos de control», agregó y detalló: «Esas promociones no consisten en transferencias de fondos estatales sino en exenciones impositivas por cinco años (como impuestos provinciales, ingresos brutos, reducción en los servicios de agua y energía, entre otros). Y previo a la concesión de ese beneficio interviene la asesoría legal, la contaduría general y la asesoría general del gobierno».
En ese contexto, criticó que la causa permanezca en el Fuero Federal de Sáenz Peña bajo el argumento de un presunto lavado de dinero. «¿Qué lavado puede haber si se trata de un inmueble que sigue bajo dominio del Chaco por el cual la actual administración recibió dinero y el régimen de promoción industrial no implicó transferencia de recursos públicos alguno en favor de los beneficiarios?», cerró.