La Radio de la Unne dialogó con Micaela Giubilato, quien cuestionó la celebración de la gestión de Javier Milei en el fomento la campaña pública de la «tenencia exprés» que facilita el acceso a las armas mediante un sólo trámite digital, la baja de la edad legal de tenencia de 21 a 18 años y el acceso simplificado a armas peligrosas como fusiles semiautomáticos, reconocidos por su uso para balaceras masivas.
Giubilato es licenciada en Ciencias Políticas es coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que acompaña esta red que se avoca al trabajo de prevenir la violencia asociada a las armas, promoviendo campañas de desarme voluntario, políticas de control de armas más efectivas y limitando el acceso a armas tanto legales como ilegales.
Además, también buscan concientizar a la sociedad civil sobre los riesgos que implica la presencia de armas en los hogares.
En conversaciones con la 99.7, advirtió sobre el decreto presidencial 445 del 2025, que eliminó la ley de creación de Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac): «Queremos visibilizar las políticas que se están llevando adelante con la intención de flexibilizar el acceso a las armas de fuego y eliminar las políticas en las que la Argentina tiene bastante trayectoria, sobre el control del mercado, el control y la reducción de la violencia armada».
«Las facultades que tenía esta agencia fueron eliminadas y son reemplazadas por el Renar, que es un simple Registro de las Armas de Fuego.
Retomaron un modelo que se había creado en 1973, un modelo bastante antiguo que retrocede en los acuerdos construidos sobre la reducción en el acceso al que habíamos llegado como país», explicó Giubilato.
La licenciada compartió que el Anmac había sido creado vía Congreso nacional, con amplio consenso de diversos sectores políticos y de la sociedad civil en 2015. La derogación de la gestión de Javier Milei fue posible gracias al uso de facultades delegadas, y sin diálogo previo con la ciudadanía, sus representantes o especialistas en materia de seguridad.
«La Argentina ahora ya no busca un control del mercado de armas de fuego, ya no hace las inspecciones y seguimientos, las campañas de concienciación, investigación sobre cuáles son los riesgos que implican las armas de fuego. Son varias transformaciones que esta gestión viene haciendo con la justificación de que se trata de desburocratizar, achicar estructuras del Estado», recordó.
Uno de cada cuatro femicidios son con armas de fuego
Giubilato advirtió que las flexibilizaciones en el acceso de armas facilitan el crimen organizado y compartió que el 50% de los homicidios con armas de fuego son accidentales, ya que también aparecen en escenas de discusiones o peleas interpersonales: «El arma de fuego en un hogar implica necesariamente un mayor peligro de muerte. Es así de lineal», alertó.
«No hay que olvidar que las armas de fuego tienen una incidencia muy alta en lo que es la violencia de género: 1 de cada 4 feminicidios se cometen con armas de fuego, y que haya un mayor flujo de armas de fuego en la sociedad implica un riesgo de incrementar los niveles de feminicidios que ya tenemos en la sociedad», manifestó la referente.
También sostuvo que hasta el decreto del Ejecutivo conducido por Milei, la Argentina contaba con una política de seguridad robusta que permitía contar con una de las cifras de homicidios más bajas de la región, mientras que en el resto de América latina se trata de un problema de violencia latente.
«La Argentina se está comprando un problema cuando va camino a estas políticas. Un mayor acceso a armas de fuego, más armas de fuego a la sociedad, implica sociedades más violentas. Lo que más nos preocupa es que se eliminaron las políticas de la prevención de la violencia armada y reducción de controles en la circulación del flujo de armas. Se eliminaron las facultades que el Estado tiene sobre las armas de fuego», aseguró Giubilato.
Desde la Red Argentina de Desarme, se encuentran estableciendo diálogos con legisladores nacionales para promover la eliminación del mencionado decreto, para que el Estado nacional vuelva a tomar facultades y funciones en el control de armas de fuego y se restablezcan las políticas públicas de seguridad ciudadana respecto a la prevención de la violencia armada.