Dos integrantes de la Policía del Chaco están siendo investigados por la golpiza cometida contra un joven con discapacidad, el pasado 7 de septiembre, en Villa Berthet.
Aunque en un primer momento la causa había sido derivada a la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, el expediente retornó a la Fiscalía Penal 1 de Villa Ángela, al considerarse que el hecho ocurrió mientras los uniformados estaban de licencia y de civil, por lo que está siendo investigados por lesiones leves.
Se trata del oficial subayudante Juan Pablo Q., de la comisaría Segunda de Villa Ángela, y del agente Miguel Ángel M., con prestación de servicio en la comisaría de Santa Sylvina.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, ambos fueron citados a declarar en calidad de imputados el 30 de septiembre, pero se abstuvieron de hacerlo.
La fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios para avanzar en la investigación.
En paralelo, los uniformados fueron suspendidos preventivamente de sus funciones sin goce de haberes el pasado 12 de septiembre.
Esta medida no será indefinida: se extenderá hasta mediados de este mes, momento en que, por aplicación del principio de inocencia, deberán retomar sus cargos y volver a cobrar sus respectivos sueldos.
Los dos policías serían los agresores que aparecen en un video que se viralizó el mes pasado, en el que se los ve atacando a la víctima, un joven (20) con discapacidad en su pierna derecha, que se encontraba indefenso, en el suelo. Las imágenes de la agresión fueron registradas por un vecino.
Pese a que el caso está siendo investigado como una golpiza ejecutada por civiles (y no como un caso de apremios ilegales de policías en función), esto no impide la aplicación de sanciones administrativas severas dentro de la fuerza, que podrían llegar hasta la cesantía de los involucrados.
La víctima denunció que fue interceptada alrededor de las 0.30 del pasado 7 de septiembre, mientras se dirigía a un local bailable. Según su relato, los atacantes lo llevaron hasta las inmediaciones de una vivienda, donde lo golpearon.
Uno de ellos habría indicado que era policía y lo amenazó con represalias en caso de denunciar. Un examen médico forense constató que sufrió lesiones leves, con un tiempo de incapacidad menor a 30 días.
Aparentemente, lo que derivó en la agresión fue un entredicho que habría tenido la víctima con un pastor del barrio.
El religioso, que conocía a los agresores, les habría pedido que intervengan.
Se investiga en paralelo si la comisaría local tuvo una actuación irregular en el caso, debido a que habría prestado un patrullero para trasladar al joven con discapacidad y dejarlo en un lugar alejado de la zona, en la vía pública, sin dejar registro del episodio.
Varios casos involucran a agentes y son investigados
Ricardo Urturi, director general del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, brindó detalles sobre los últimos incidentes graves que involucran a efectivos de la fuerza y que ya fueron separados del servicio por presuntos hechos delictivos.
Se trata de hechos denunciados en las comisarías de Quitilipi, Villa Ángela y Santa Sylvina y que se encuentran bajo investigación interna.
«Acá no hay ningún respaldo para los empleados policiales que actúan mal», sostuvo Urturi en el programa Alerta Urbana.
A raíz de estos casos, la determinación de las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y el OCI fue contundente: los uniformados involucrados y denunciados fueron separados de sus cargos y sus haberes suspendidos.
En paralelo, además de las acciones administrativas ya ejecutadas, se confirmó que la Justicia también está actuando en cada uno de estos incidentes.
El jefe del OCI indicó que son tres sumarios administrativos por separado, ya que se trata de casos individuales en las comisarías de Quitilipi, Villa Ángela y Santa Sylvina con al menos cinco efectivos implicados.
Urturi explicó que, en el caso de los uniformados implicados, el hecho es considerado de suma gravedad, pues a un policía «se le exige un plus que al ciudadano común».
Además, señaló que, incluso en la vida privada, el personal policial «debe guardar una especial compostura» y mantener una conducta adecuada.
El funcionario confirmó que, además del sumario administrativo, los policías de ambos casos enfrentarán causas judiciales. La suspensión de funciones conlleva un proceso que incluye un examen psicofísico previo al posible reintegro.
La importancia de la participación ciudadana fue destacada por Urturi, ya que la toma de conocimiento de estos hechos se dio justamente gracias a la denuncia y «la puesta en conocimiento de los ciudadanos».
LOS CASOS
En Quitilipi, el caso más grave involucra al subcomisario Jorge Luis O. , al oficial Nelson A. y al suboficial principal Mario Andrés F., acusados de cohecho agravado.
Según la causa, habrían entregado una motocicleta secuestrada en una causa por drogas, tras un pago de $1 millón canalizado por una mujer que se hizo pasar por la abogada Carla A.
En un hecho anterior y similar, O. fue denunciado por dar a una abuela el número de esa falsa abogada, quien cobró $150 mil por liberar otra moto.
Paralelamente, la Unidad de Control sumarió al oficial subayudante Juan Pablo Q. (Villa Ángela) y al agente Miguel Ángel M. (Santa Sylvina), suspendiéndolos con retención de haberes, aunque los detalles de esa causa se mantienen en reserva.
Urturi mencionó que este hecho se mediatizó a raíz de filmaciones que mostraban a dos civiles (quienes habían dicho ser policías) golpeando a un ciudadano (21) que estaba en el piso en Villa Berthet.
La investigación, realizada en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones a cargo de Gisela Oñuk, logró identificar a los responsables.
El titular del OCI precisó que los empleados policiales Q. y M. fueron separados del cargo con retención de haberes. Al momento del hecho, ambos estaban gozando de licencia anual y no actuaban en funciones policiales, aunque su conducta fue calificada como «cobarde».
Sobre el aspecto penal del caso, Urturi detalló la imputación y la clasificación legal del delito de lesiones leves y dolosas y aclaró que «no configura el delito de apremios ilegales porque no se dio bajo la órbita de un procedimiento».