La situación crítica del Puente General Manuel Belgrano volvió al centro del debate político y legislativo nacional. A pocas horas de que la diputada Sofía Brambilla presentara un proyecto de ley para declarar la emergencia vial de la estructura, diputados nacionales por el Chaco presentaron una segunda iniciativa con el mismo objetivo, pero que incorpora un reclamo clave: la suspensión del cobro del peaje hasta que concluyan las obras de reparación integral.
El proyecto, impulsado por los legisladores Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, plantea que el Estado nacional destine de manera inmediata los recursos necesarios para intervenir sobre la estructura deteriorada, realizar obras de mantenimiento, señalización, accesos y mejoras en la circulación, y garantizar la seguridad vial de los miles de vehículos que lo atraviesan a diario.
La propuesta surge en un contexto marcado por advertencias técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad y organismos especializados, que han detectado fisuras estructurales, corrosión, desgaste del pavimento, fallas en las juntas de dilatación e iluminación insuficiente. Además, el colapso del tránsito pesado, con un flujo diario que supera los 24.000 a 27.000 vehículos, agrava la situación y eleva el riesgo de accidentes graves, como el ocurrido el 19 de septiembre pasado, cuando una colisión múltiple involucró a 14 vehículos y dejó una víctima fatal.
Los diputados chaqueños remarcaron que el puente es la única conexión terrestre entre Resistencia y Corrientes, y un corredor estratégico para el comercio regional, nacional e internacional. Cada interrupción en el tránsito —advirtieron— tiene impacto inmediato en la logística del Mercosur, los costos industriales y la calidad de vida de miles de trabajadores y estudiantes que cruzan diariamente entre ambas orillas.
“La saturación, el deterioro y la falta de mantenimiento ya no son un problema vial: son un obstáculo para el desarrollo económico del NEA y un riesgo real para la seguridad de la población”, advirtieron los autores del proyecto. En ese sentido, plantean que declarar la emergencia permitirá que el Gobierno nacional dirija fondos urgentes y coordine con las provincias un plan de obras integrales.
La iniciativa de los legisladores chaqueños complementa la propuesta de Brambilla, que, además del diagnóstico estructural y la reparación integral, propone crear un sistema de control de cargas pesadas y garantizar la transparencia en los informes técnicos, que deberán ser públicos y de acceso ciudadano. Ambas coincidieron en que es necesario acelerar la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes, una obra estratégica que cuenta con financiamiento aprobado por el BID, pero que sigue demorada.