La desaparición de la yaguareté Acaí, uno de los últimos ejemplares monitoreados del Parque Nacional El Impenetrable, mantiene en alerta a organismos ambientales, pobladores e instituciones del Chaco y el país.
En diálogo con Radio Libertad, el fiscal federal Carlos Amad brindó detalles precisos del estado de la investigación y confirmó que el caso avanza “con todos los recursos disponibles”: allanamientos, secuestro de celulares, tareas de inteligencia, estudios satelitales y rastrillajes en terreno.
A pesar del operativo desplegado en una de las zonas más inhóspitas de la provincia, todavía no se encontró el collar de seguimiento ni el cuerpo del animal. Amad también advirtió que, si se confirma un hecho de caza o depredación, el daño ambiental estimado es de aproximadamente 2.700 millones de pesos.
Rastrillajes, celulares secuestrados y análisis satelital
Amad explicó que la causa se activó “desde el mismo momento en que se recibió la denuncia”. Tras la última señal emitida por el collar de Acaí, detectada en el río, se realizaron operativos iniciales con buzos de Bomberos y personal especializado, aunque el dispositivo aún no fue recuperado.
Se ejecutaron procedimientos en distintos puntos de la región y se secuestraron teléfonos que serán peritados por la División Cibercrimen en los próximos días. “Queremos saber si hay alguna información útil que nos permita reconstruir qué ocurrió”, señaló el fiscal.
Sobre si Acaí fue cazada, Amad pidió cautela: “No tengo elementos para afirmar que Acaí está muerta”.
Ante versiones que hablan de una presunta caza furtiva, el fiscal fue categórico: “No tengo elementos ciertos hoy que me haga pensar que Acaí está muerta, ni que actuó una banda de cazadores furtivos. No descarto nada, pero no puedo afirmarlo.”
Pidió evitar conclusiones apresuradas y remarcó que la investigación debe ser “rigurosa, responsable y basada en pruebas”.
Asimismo, recordó que el yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional y Provincial, y que Argentina tiene compromisos internacionales para su conservación. “El daño ambiental estimado ronda los 2.700 millones de pesos. Si se determina un responsable, las sanciones están previstas en la ley y se aplicarán”, aseguró.
Finalmente, Amad solicitó que cualquier persona que tenga información la aporte de forma segura y anónima en la comisaría o destacamento más cercano. Además, confirmó que se gestiona un pedido de recompensa nacional, similar a otro caso que él mismo investigó en Salta. “Necesitamos datos que nos permitan esclarecer qué pasó con Acaí. Cada aporte puede ser clave”, insistió.