El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, destacó ayer el inicio de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Chaco y Corrientes, en el marco del proceso de implementación progresiva que se va dando en todo el país.
Sus manifestaciones se dieron durante un acto en el que subrayó la relevancia del nuevo sistema y la coordinación entre organismos judiciales y operadores locales para garantizar una transición ordenada y eficaz.
Cúneo Libarona sostuvo que la ampliación territorial del Código representa un paso trascendente para el sistema judicial. «Estoy muy feliz por la Argentina. Somos todos parte del mismo barco y hemos logrado avanzar hacia un esquema judicial que ya alcanza a 17 provincias que ya están en el nuevo paradigma», expresó.
Recordó que el proceso se desarrolla en un contexto de austeridad fiscal, conforme a la política nacional de equilibrio presupuestario, lo que -dijo- realza el esfuerzo conjunto realizado para llegar a esta instancia.
Además, remarcó que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio es un trabajo colectivo que involucra a diversos organismos nacionales. Señaló al Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensa Pública como «socios estratégicos» en la planificación operativa, y destacó que las reuniones semanales entre estos actores permitieron delinear las herramientas necesarias para la transición.
Asimismo, subrayó la contribución de asociaciones, cámaras judiciales, universidades y colegios profesionales, a las que consideró fundamentales para fortalecer la legitimidad y consistencia técnica del proceso.
En una segunda parte de su intervención, Cúneo Libarona puso especial énfasis en el rol de los operadores judiciales de Corrientes y el Chaco, a quienes calificó como «el núcleo operativo» del nuevo sistema.
Explicó que el contacto directo con equipos locales le permitió constatar el nivel de compromiso con la puesta en marcha del modelo acusatorio, y recordó que, junto a su equipo, realizó 47 viajes por distintas jurisdicciones del país para acompañar capacitaciones y reuniones técnicas. Mencionó experiencias en Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y Dolores, donde observó «un entusiasmo notable» frente a los desafíos del Código.
Por otra parte, el ministro agradeció el trabajo de autoridades y equipos locales, reconociendo la amplitud del proceso y la imposibilidad de mencionar a todos los participantes.
Finalmente, sostuvo que la implementación constituye un paso firme hacia una justicia más ágil y cercana a la ciudadanía. «Estamos dando un paso hacia una justicia mejor, un cambio trascendental que quedará en el espíritu de la sociedad y para las próximas generaciones», expresó.
Reformas
Junto a Cuneo Libarona, el jurista correntino Jorge Buompadre valoró su puesta en marcha en Corrientes y remarcó que se trata de un proceso distinto al del proyecto de reforma del Código Penal, cuyo debate aún está en desarrollo y será elevado al Congreso en las sesiones extraordinarias.
Consideró que ambas reformas forman parte del esfuerzo nacional por modernizar la justicia, acelerar los tiempos procesales y dotar al sistema de mayor eficacia frente a la criminalidad. Señaló que el objetivo central es ofrecer marcos normativos que beneficien a la ciudadanía no solo a los especialistas, y que permitan reducir la morosidad estructural que ha caracterizado históricamente al sistema judicial argentino.
Importa recordar que la reforma del código de fondo lejos está de ser un tema menor. Pone de manifiesto la decisión política del gobierno nacional de abordar la compilación en un solo texto de normas dispersas que se fueron acumulando en los últimos 104 años a partir de 1921 en que se aprobó por el Congreso de la Nación el actual Código Penal.
Cuesta entender como ha debido pasar más de un siglo para llegar a esta reforma. En este largo tiempo transcurrieron quince gobiernos constitucionales y seis gobiernos de facto.
Se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de 1.000 leyes que fueron emparchando de manera desprolija un texto que recién ahora tendrá un ordenamiento sistemático que además supone incorporar delitos como la estafa piramidal y crece la pena en el delito de usurpación, tanto común en los últimos años llevándose a 10 años el máximo de la pena.
Se reducen las penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años para que en el 82% de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reduce también los casos de liberación anticipada de los condenados y se consideran imprescriptibles los delitos graves como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Estas modificaciones solo cumplirán el objetivo buscado su los jueces hacen un correcto uso y una adecuada y racional interpretación que muchas veces es lo más difícil.
Claves
Sistema acusatorio pleno: el fiscal dirige la investigación y el juez garantiza derechos, evitando la mezcla de funciones y acelerando el proceso.
Oralidad y publicidad como regla: las audiencias se vuelven orales, públicas y dinámicas, reduciendo la escritura y aportando mayor transparencia.
Investigación más ágil: incorpora técnicas especiales, plazos estrictos y equipos coordinados para lograr causas más rápidas y efectivas.
Víctima como protagonista: participa en audiencias, accede a la información y puede pedir medidas, fortaleciendo su rol dentro del proceso penal.
Procesos más veloces y menos impunidad: busca sentencias oportunas, trámites claros y una reducción real de las causas sin resolver.