El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025.
El recurso será presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
Desde el Gobierno indicaron que la sentencia del juez González Charvay constituye una «invasión» sobre las atribuciones del Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto, y ratificaron que aplicar la ley sin partidas específicas pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
El fallo hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones del sector.
Los demandantes plantearon que la paralización de la ley, derivada del decreto presidencial, deja sin protección a miles de personas y agrava la crisis del sistema de prestaciones.
A su vez, desde el Gobierno sostienen que la emergencia en discapacidad -establecida en la Ley 27.793 hasta 2027- requiere un respaldo financiero que el Congreso no definió, y advierten que reasignar fondos sin un marco presupuestario podría afectar programas prioritarios y comprometer el equilibrio fiscal.