“Quieren ocultar la verdadera intención, pero el texto que impulsaban es claro”, aseguró el edil.
El concejal de Resistencia Fabricio Bolatti, se refirió a la imposibilidad del oficialismo de obtener una norma a medida, en este caso, para el transporte de pasajeros y pasajeras de Resistencia, en oportunidad de debatirse la regulación del servicio por aplicación. “Lo de las ‘aplicaciones’ fue y es solo una excusa. El objetivo real es reemplazar el sistema actual de transporte para apropiarse de un negocio económico y político”, sintetizó el edil.
Bolatti advirtió que el texto que el oficialismo intentó imponer a último momento “no deja lugar a dudas, ya que expone con claridad la verdadera intención que persiguen con la sanción de la ordenanza: avanzar en el reemplazo del sistema vigente por otro cuya definición y control quedaría en mano exclusiva del Ejecutivo, para barajar y dar de nuevo”.
El contenido del proyecto lo dice todo
El edil señaló que el contenido del proyecto comenzó a analizarse, pero “desde el oficialismo no hubo ninguna voluntad real de revisión”. En ese marco, detalló algunos de los puntos centrales del texto que se pretendía aprobar y que como oposición, no se avaló:
–Derogaban el sustento legal de las actuales habilitaciones y de los convenios con otros municipios, que hoy constituyen la base de las licencias otorgadas. En la práctica, caían las licencias de taxis y remises.
–Creaban un nuevo Registro obligatorio para autos y choferes que presten servicios por aplicaciones, imponiendo nuevos requisitos y sistemas de identificación de los móviles. Ejemplos: vidrios polarizados solo de fábrica, seguros especiales para pasajeros, carnet diferencial, entre otros. Esto dejaba afuera a gran parte de los actuales prestadores del servicio.
–Derogaban la figura del “Servicio Especial”, que hoy habilita a minibuses y ómnibus a realizar traslados punto a punto con autorización previa, para reemplazarla por una nueva definición de “servicio que podrá ofrecer viajes y trasladar personas en minibuses y ómnibus”. Esta modificación habilitaba a levantar pasajeros en la vía pública, incluso en paradas del transporte urbano, condición normativa clave para la implementación del “Uber Colectivo”.
–Redefinían el servicio de taxis, incorporando expresamente la característica de “tarifa regulada”, dejando el valor del viaje sujeto a lo que defina el gobierno municipal.
–Derogaban más de 70 artículos y modificaban otros 13 del Código vigente, concentrando facultades decisorias en la Intendencia para definir el nuevo sistema de transporte.
Intentan tapar lo sucedido porque la verdad los deja en evidencia
Bolatti indicó que el oficialismo municipal intenta trasladar la responsabilidad de la falta de normativa al bloque opositor. “La estrategia de culpar a la oposición por no regular Uber, después de haber permitido su funcionamiento en la ilegalidad durante más de dos años, deja al descubierto una enorme contradicción política, pero cuando se analiza el texto que impulsaban, la mentira queda expuesta”.
En tal sentido, explicó que el proyecto imponía condiciones que excluían a la mayoría de los conductores por aplicación y, al mismo tiempo, buscaba desarmar por completo el sistema de taxis y remises. “Las licencias actuales quedaban sin efecto y los trabajadores eran obligados a solicitar una nueva habilitación, con el riesgo cierto de que les sea denegada”. Además, para todos los nuevos inscriptos, en cualquiera de las modalidades, se impulsaba un criterio totalmente subjetivo: una norma que supuestamente simplifica, pero que en realidad deja todo librado a la reglamentación del Ejecutivo”.
Destruir el sistema de transporte público para imponer el “Uber Cole”
Desde que asumieron los gobiernos provincial y municipal, vienen aplicando políticas que impactan negativamente sobre el transporte público de pasajeros. “Los resultados están a la vista: la cantidad de usuarios cayó a menos de la mitad y el servicio se debilita de manera estructural, como si fuera parte de un plan”, afirmó Bolatti y agregó que uno de los elementos más graves es la política tarifaria. “Los aumentos se aplican por encima de los costos reales, sin explicaciones claras. En solo dos años el boleto acumuló un incremento cercano al 2.000%, mientras la inflación rondó el 200% y los salarios crecieron menos del 100%”, señaló. “El impacto sobre las familias es directo y empuja a los usuarios a abandonar el colectivo y buscar otras alternativas”.
En ese contexto, el oficialismo municipal intentó avanzar con un nuevo paso: habilitar un sistema de transporte en ómnibus o minibuses, el que daba las condiciones que necesitaría el funcionamiento de lo que podemos llamar “Uber Cole”. “La norma que logramos frenar generaba las condiciones para que esta modalidad pueda competir directamente con el transporte público actual, quitándole usuarios y recaudación, y acelerando su quiebre definitivo”, advirtió Bolatti.
“Por eso decimos que están promoviendo deliberadamente el reemplazo del sistema heredado encareciendo la tarifa, condición necesaria para que el negocio del transporte por aplicación sea viable. Esto no hubiera sido posible con un boleto de $85 como en enero de 2024, pero hoy, con un pasaje que ronda los $1.900, el escenario cambia completamente”, sentenció.
Una audiencia pública sin tiempo ni garantías
Bolatti marcó que si bien desde el oficialismo sostienen que el tema se trabajó durante más de un año, lo que no dicen es que el texto incorporó a último momento definiciones del Ejecutivo que requerían un análisis serio y más tiempo, y mencionó que durante la audiencia pública, distintos participantes solicitaron una prórroga para estudiar la nueva propuesta, pedido que fue rechazado de manera expresa. “No estaban dadas las condiciones para sancionar una ordenanza de semejante impacto, que no fue difundida adecuadamente, que pasó en pocos días de modificar tres artículos a derogar más de setenta y cambiar trece más, y cuyos principales afectados pedían tiempo para analizarla”, subrayó el concejal.
Por último, indicó que por lo expuesto no acompañó la iniciativa oficial. “Estamos convencidos de que era lo correcto para defender los intereses de la ciudad y de sus vecinos”.