Las asociaciones forestales que integran la Federación de Foresto-industriales del Chaco solicitaron formalmente al ministro de Producción, Oscar Pablo Dudik, la declaración de la emergencia forestal en la provincia, al advertir que el sector atraviesa una situación «terminal» producto de la paralización de la actividad, la suspensión judicial del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y la acumulación de deudas que dejaron a las empresas sin capital de trabajo.
A través de un documento dirigido al funcionario provincial, las entidades expusieron que la actividad foresto-industrial viene atravesando una «agonía prolongada» desde 2020, a raíz de causas judiciales y medidas cautelares que, según señalaron, mantuvieron al sector en un escenario de incertidumbre constante.
La situación se agravó en los últimos 60 días tras la medida cautelar dictada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco, que suspendió el OTBN y, de acuerdo con el planteo empresario, dejó a la actividad sin un marco operativo legal.
«Esta crisis ha llegado a un punto crítico», sostuvieron en el escrito, donde describieron que la falta de actualización normativa exigida por la ley derivó en una parálisis que impactó de lleno en la cadena productiva. Según manifestaron, el cese forzado de actividades los condujo a una «total descapitalización».
En ese sentido, afirmaron que «a pesar de la falta de producción, hemos mantenido los puestos de trabajo para evitar un colapso social», aunque advirtieron que esa decisión generó cheques rechazados, cierre de cuentas bancarias y un nivel de endeudamiento que agotó el capital de trabajo disponible.
Pedido formal
de emergencia
Frente a este escenario, las asociaciones solicitaron formalmente la declaración de emergencia forestal en el Chaco y la implementación de una batería de medidas consideradas urgentes para reactivar la actividad.
Entre los principales puntos reclamados, pidieron la aprobación de permisos ad referéndum para el aprovechamiento forestal bajo el marco de la emergencia. Según argumentaron, esta herramienta permitiría reactivar de manera inmediata la cadena productiva mientras se resuelve la situación normativa de fondo.
Asimismo, reclamaron la modificación del manual de procedimientos administrativos para eliminar «trabas burocráticas» que, según expresaron, hoy asfixian al productor. «La simplificación administrativa resulta imprescindible en un contexto de crisis como el actual», plantearon.
Otro de los ejes centrales del documento estuvo vinculado a la defensa del productor ante infracciones. Las entidades solicitaron que todo procedimiento sancionatorio garantice el derecho a defensa y el debido proceso antes de la aplicación de multas o medidas punitivas.
En ese marco, pidieron que no se impongan sanciones automáticas ni suspensiones de Cuit sin que el productor pueda ejercer su legítima defensa.
«Solicitamos que se asegure un marco justo y equilibrado de control», señalaron, al tiempo que requirieron una prórroga inmediata por un año del pago de infracciones vinculadas a tránsito, pesaje y documentación.
sistema de control
En el documento también hicieron referencia al rol de las balanzas dependientes de la Dirección de Bosques. Allí plantearon que estos dispositivos deben funcionar como instrumentos técnicos de medición y control objetivo, accesibles y confiables para todos los actores del sector.
«Un pesaje correcto contribuye a la transparencia y fortalece la confianza en la actividad», afirmaron. Sin embargo, rechazaron su utilización como «herramienta de amenaza o castigo» y propusieron que se consoliden como un mecanismo transparente de apoyo a la producción.
En paralelo, solicitaron que se establezcan los instrumentos legales necesarios para aprobar de forma inmediata los permisos de aprovechamiento forestal en tierras fiscales, con el objetivo de ampliar la base operativa y evitar una mayor paralización del sector.
Costos y presión fiscal
El sector también manifestó preocupación por los costos operativos en un contexto de inactividad. En ese sentido, pidió congelar el valor del CCG (Corresponsabilidad Gremial) para evitar una mayor presión fiscal sobre empresas y productores que, según describieron, atraviesan una crisis de liquidez.
De acuerdo con el planteo empresario, la acumulación de obligaciones tributarias y laborales en medio de la parálisis productiva profundizó la fragilidad financiera de las firmas, muchas de las cuales dependen exclusivamente de la actividad forestal.
«La situación ha agotado nuestro capital de trabajo», insistieron en el escrito, donde remarcaron que la continuidad de miles de puestos laborales depende de la adopción de medidas urgentes por parte del Estado provincial.
actualización normativa
Otro de los puntos destacados fue el pedido de constitución inmediata del Consejo Asesor previsto en la Ley de OTBN. Las entidades consideraron que la participación activa del sector en ese ámbito resulta clave para garantizar que el ordenamiento territorial se mantenga actualizado desde el punto de vista técnico y legal.
Según expresaron, la falta de revisiones periódicas y la ausencia de actualización normativa facilitaron la presentación de amparos judiciales de terceros que terminaron paralizando la actividad. «Nuestra participación activa es vital para evitar vacíos legales que den lugar a nuevos amparos», sostuvieron.
Para los foresto-industriales, la conformación de ese consejo permitiría generar consensos, reducir la conflictividad judicial y dotar de previsibilidad a la actividad, uno de los reclamos históricos del sector.
Pedido de audiencia
En el tramo final del documento, las asociaciones solicitaron una audiencia «en carácter de urgente» con el ministro de Producción para abordar los puntos planteados y avanzar en una mesa de trabajo que permita destrabar la situación.
«Confiamos en que su gestión arbitrará los medios para salvaguardar el sustento de miles de familias que dependen de nuestra industria», expresaron al dirigirse al funcionario provincial.
El sector foresto-industrial representa una de las actividades económicas tradicionales del interior chaqueño, con fuerte impacto en el empleo directo e indirecto en aserraderos, transporte, carpinterías y servicios asociados.
En ese contexto, las entidades advirtieron que la prolongación de la parálisis podría derivar en cierres definitivos de empresas y en una pérdida de capacidad productiva difícil de recuperar.