Un operativo conjunto de control forestal permitió constatar un desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo en el paraje Río Muerto, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Los Frentones en el Chaco.
El procedimiento tuvo lugar el 16 de febrero de 2026 y derivó en el secuestro de maquinaria pesada y otros elementos utilizados en el predio rural inspeccionado, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la normativa forestal y ambiental vigente.
La intervención fue realizada por funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y la Dirección de Bosques, dependientes del Ministerio de la Producción de la provincia, junto con efectivos de la División Operaciones Rurales de General Pinedo y de la Sección Rural de Pampa del Infierno, conocida como Pampa Guanaco.
La articulación entre áreas técnicas y fuerzas de seguridad permitió llevar adelante el allanamiento y la constatación en el terreno.
Según se informó oficialmente, durante la inspección en el predio rural, las autoridades del Ministerio de la Producción verificaron que el desmonte se habría realizado bajo la modalidad conocida como «topado con cadena». Esta práctica implica el uso coordinado de maquinaria pesada para la remoción acelerada de vegetación nativa en grandes superficies, con consecuencias directas sobre el ecosistema.
La modalidad descripta consiste en el arrastre de una pesada cadena entre dos topadoras para derribar extensas áreas de monte en un período reducido de tiempo. Este procedimiento es considerado de alto impacto ambiental debido a que elimina de manera masiva la cobertura vegetal, afecta la biodiversidad y altera el equilibrio del suelo y de los ciclos hídricos.
El procedimiento contó con la intervención del Juzgado de Paz y Faltas de Los Frentones, que actuó en el marco de actuaciones iniciadas por presunta infracción a la legislación forestal y ambiental vigente en la provincia.
La participación judicial otorgó respaldo formal a las medidas adoptadas durante el allanamiento y a la incautación de los bienes hallados en el lugar.
SECUESTRO DE MAQUINARIA
Y ELEMENTOS UTILIZADOS
Como resultado del operativo, las autoridades procedieron al secuestro de cuatro topadoras que habrían sido empleadas en el desmonte detectado. La magnitud de la superficie afectada y el tipo de maquinaria utilizada permiten inferir un trabajo sistemático y de considerable escala en el predio intervenido.
Además de las topadoras, se incautaron dos cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, que presuntamente abastecían de combustible a las máquinas en funcionamiento. La presencia de estos equipos refuerza la hipótesis de una actividad planificada y sostenida en el tiempo dentro del establecimiento rural.
En el lugar también fueron secuestradas dos casillas utilizadas como infraestructura de apoyo para el personal que operaba en el predio. Estos elementos quedaron formalmente a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar su vinculación con la presunta infracción investigada.
Las maquinarias y los demás bienes incautados fueron trasladados o asegurados bajo custodia, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. La retención preventiva de estos elementos constituye una medida habitual en casos de presunto desmonte ilegal, con el fin de evitar la continuidad de la actividad cuestionada.
Desde el ámbito oficial se indicó que el procedimiento se desarrolló en cumplimiento de las normativas vigentes en materia de bosques y protección ambiental, que regulan el uso del suelo y establecen condiciones específicas para cualquier intervención sobre monte nativo.
La incautación de los equipos forma parte de las herramientas legales previstas para garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones.
Identificación del presunto infractor
En el sitio fue identificado como presunto infractor un hombre (42), quien fue notificado de su situación legal y de las actuaciones iniciadas en su contra. La notificación formal constituye el primer paso dentro del proceso administrativo y judicial orientado a determinar responsabilidades.
Las autoridades señalaron que el hombre fue informado sobre la presunta infracción a la normativa forestal y ambiental, así como de los derechos y obligaciones que le asisten en el marco del procedimiento. La investigación continuará con la recolección de pruebas y la evaluación técnica del daño ocasionado.
El accionar conjunto de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, la Dirección de Bosques y las fuerzas rurales responde a la política provincial de control sobre actividades que puedan afectar áreas de monte nativo. La intervención en Río Muerto se inscribe en esa estrategia de fiscalización territorial.
La Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de la Producción, tiene entre sus funciones la supervisión de planes de manejo y la detección de posibles desmontes no autorizados.
En este caso, la constatación en terreno permitió verificar la magnitud de la intervención sobre el ecosistema.
Las actuaciones iniciadas contemplan tanto la vía administrativa como la judicial, lo que implica la eventual aplicación de sanciones económicas, la obligación de recomposición ambiental y otras medidas previstas por la legislación provincial, en caso de comprobarse la infracción.
Impacto ambiental
El desmonte de 550 hectáreas de monte nativo representa una alteración significativa del paisaje y de los servicios ambientales que presta este tipo de ecosistema. La remoción masiva de vegetación afecta la fauna local, incrementa el riesgo de erosión y modifica las dinámicas hídricas del territorio.
La práctica denominada «topado con cadena» es señalada por especialistas como una de las modalidades más agresivas de desmonte, debido a la rapidez con la que permite derribar grandes extensiones de vegetación. Su utilización sin autorización constituye una presunta violación de la normativa forestal.
La legislación provincial en materia de bosques establece procedimientos específicos para la habilitación de cambios de uso del suelo y exige evaluaciones de impacto ambiental en determinados casos.
La ausencia de autorización o el incumplimiento de estos requisitos puede derivar en sanciones administrativas y penales.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión el daño ambiental ocasionado, lo que incluye peritajes técnicos y relevamientos complementarios. Estos estudios serán fundamentales para establecer la magnitud de la afectación y las eventuales medidas de recomposición.
El caso de Río Muerto vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre actividades productivas y conservación del monte nativo en la región chaqueña, donde el control estatal busca equilibrar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales.