El diputado provincial Santiago Pérez Pons confirmó en declaraciones a Radio Natagalá, que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía 3 de Sáenz Peña por la presunta pérdida de $1.500 millones pertenecientes al municipio.
La presentación judicial apunta contra el intendente local, el secretario de Gobierno y la secretaria de Economía, en el marco de una operatoria financiera que, según sostuvo el legislador, derivó en un perjuicio patrimonial de magnitud equivalente a una masa salarial completa del municipio.
De acuerdo con lo expresado por Pérez Pons, la denuncia fue radicada hace más de una semana y se sustenta en documentación pública vinculada a los presupuestos municipales de 2025 y 2026. El legislador afirmó que la pérdida fue reconocida públicamente por el propio intendente, quien, según indicó, aceptó que los fondos se invirtieron en instrumentos financieros que finalmente no pudieron ser recuperados.
El diputado explicó que el monto se habría colocado en cheques no garantizados de una empresa que posteriormente presentó concurso de acreedores y quiebra.
«Porque se perdieron $1.500 millones de la Municipalidad», expresó y añadió que esos recursos fueron destinados a «inversiones de riesgo, en este caso en cheques que no tenían garantía de una empresa, por lo tanto la empresa quebró y los recursos no volvieron al municipio».
Según detalló, la empresa emisora de los instrumentos financieros ya inició el proceso concursal, lo que implica un procedimiento judicial prolongado para determinar acreedores y eventuales recuperos. En ese contexto, sostuvo que la restitución de los fondos podría demorar varios años y que, en el escenario actual, el capital invertido no fue recuperado.
Pérez Pons subrayó que la cifra denunciada podría variar una vez que la Bolsa interviniente y el propio municipio informen el monto definitivo.
No obstante, insistió en que existe una pérdida patrimonial concreta y que corresponde a la Justicia determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.
MARCO NORMATIVO
Y PRESUPUESTARIO
El eje central de la denuncia se basa en la presunta ausencia de respaldo normativo para realizar este tipo de inversiones con fondos públicos municipales. Según explicó el diputado, toda decisión de inversión por parte de un municipio debe cumplir dos requisitos fundamentales: estar contemplada en el presupuesto vigente y contar con autorización específica del Concejo Municipal.
En ese sentido, indicó que en los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026 no figuran partidas destinadas a inversiones financieras. «En la denuncia yo pongo las planillas donde dice cero de inversión», señaló, y agregó que ambos ejercicios fueron presentados con déficit fiscal, lo que, a su entender, impedía la realización de colocaciones financieras dado que los recursos resultaban insuficientes para cubrir las obligaciones corrientes.
El legislador también invocó la resolución 14 del Tribunal de Cuentas y la Carta Orgánica municipal, normas que establecen criterios para la administración de fondos públicos.
De acuerdo con su interpretación, incluso las inversiones consideradas de bajo riesgo, como plazos fijos o letras provinciales, requieren autorización del Concejo y posterior rendición en la cuenta de inversión.
Para decisiones de mayor riesgo, afirmó que el Tribunal de Cuentas desaconseja expresamente su realización por parte de los municipios. En ese marco, sostuvo que la operatoria denunciada se apartó de los mecanismos previstos, tanto por no contar con ordenanza habilitante como por no figurar en el presupuesto.
«Nunca se trató, y debería haberse tratado», afirmó al referirse a la ausencia de debate y aprobación en el Concejo Municipal. Según su exposición, la falta de tratamiento legislativo constituye una de las irregularidades centrales que fundamentan la presentación penal.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONALES
En relación con las responsabilidades, Pérez Pons sostuvo que la Carta Orgánica municipal establece que el intendente y la secretaria de Economía son los principales responsables de la custodia del patrimonio municipal. Sin embargo, señaló que en este caso la titularidad de la cuenta utilizada para las operaciones recaía en el secretario de Gobierno.
El diputado indicó que el funcionario mencionado cuenta con un certificado internacional de inversor y que, según su denuncia, mantiene contratos con la Bolsa como agente particular para la captación de clientes. «Tiene un certificado internacional de inversor, por lo tanto, es consciente y sabía cómo operar», afirmó y solicitó que se investigue la eventual compatibilidad de esas actividades con su función pública.
Asimismo, cuestionó la explicación brindada por el intendente respecto de que la Bolsa habría tomado decisiones sin autorización municipal.
Según expresó, la entidad actúa como intermediaria y requiere instrucciones del titular de la cuenta para ejecutar cualquier operación financiera.
«Ellos dicen, no, la Bolsa tomó una decisión de invertir en esos cheques sin autorización. Y esto la Bolsa no lo puede hacer, porque es un intermediario. Necesita la instrucción del acreedor de poner la plata en cualquier decisión de inversión», sostuvo el legislador, al descartar la posibilidad de una actuación autónoma por parte del agente bursátil.
También remarcó que el seguimiento de las inversiones podía realizarse de manera periódica a través de la plataforma correspondiente, por lo que consideró que los responsables contaban con herramientas para monitorear la evolución de las colocaciones.
Posibles consecuencias institucionales
Consultado sobre eventuales derivaciones políticas, Pérez Pons consideró que el Concejo Municipal deberá analizar los pasos a seguir una vez que la Justicia determine responsabilidades. Señaló que el radicalismo deberá «dar una discusión» y que su espacio político impulsará el tratamiento del tema en el ámbito legislativo local.
El diputado explicó que su estrategia fue avanzar de manera escalonada: primero ante los organismos administrativos y luego ante la justicia penal. Sostuvo que corresponderá al fiscal evaluar la eventual imputación de los denunciados y, posteriormente, al Concejo analizar las consecuencias institucionales que pudieran derivarse.
En relación con declaraciones públicas del intendente, indicó que éste manifestó que «lo importante es que no nos denunciaron por llevarnos la plata nosotros del municipio».
Asimismo, Pérez Pons respondió que su denuncia se limita a los hechos que pudo documentar y que no atribuye enriquecimiento personal, sino la realización de inversiones de riesgo no autorizadas.
El legislador reiteró que el núcleo del planteo radica en la inexistencia de respaldo presupuestario y normativo para la operatoria y en la confirmación de la pérdida de fondos públicos.
A su entender, la investigación deberá determinar el alcance del perjuicio y las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Intervención de organismos de control
Pérez Pons informó que, además de la denuncia penal, realizó presentaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Señaló que la Fiscalía 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, ya libró oficios al Tribunal de Cuentas, a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa y al municipio para requerir documentación.
La causa tramita en la justicia provincial, dado que, según explicó, se trata de presuntos daños al patrimonio municipal. «Yo denuncio que acá hay un desfalco al patrimonio del Estado municipal», afirmó y aclaró que no incluyó en su presentación figuras como asociación ilícita o enriquecimiento ilícito.
En cuanto al rol del Tribunal de Cuentas, sostuvo que el organismo aún se encuentra fiscalizando el ejercicio 2025 y que deberá evaluar la información aportada.
Además, remarcó que uno de sus vocales, Fuentes Castillo, fue propuesto en su momento por el actual intendente, circunstancia que mencionó al solicitar transparencia en el proceso de revisión.