El despido de la trabajadora trans Julieta Gómez del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en Resistencia generó un nuevo conflicto laboral y judicial y reabrió el debate vinculado a la aplicación del cupo laboral travesti-trans en organismos del Estado.
Gómez, que se desempeñaba en el área del Renaper que funciona en dependencias de la Anses fue desvinculada el 2 de enero de 2026 tras casi cinco años de trabajo y denunció que la medida respondió a una «persecución política y laboral».
Gómez sostuvo además que la Justicia federal rechazó una medida cautelar presentada por su defensa para que fuera reincorporada, decisión que fue apelada y actualmente se encuentra en revisión ante la Cámara Federal. Según explicó, tanto el organismo como el magistrado que intervino en la causa ignoraron el marco legal que establece el cupo laboral travesti-trans y las garantías vinculadas al derecho al trabajo.
«Mi despido fue efectuado el 2 de enero de 2026, pero esta situación arranca mucho antes, con una persecución política muy violenta hacia mi persona», afirmó Gómez al relatar su caso a Radio Libertad.
La trabajadora aseguró que durante el proceso administrativo previo a su desvinculación se utilizaron aspectos vinculados a su salud para justificar medidas en su contra. «Se utilizó mi salud para ponerla en duda y para hacerme toda esta persecución. La verdad que fue muy triste y muy feo, sobre todo teniendo en cuenta que se vulneraron todos mis derechos conquistados», sostuvo.
De acuerdo con su testimonio, el proceso disciplinario que derivó en su salida estuvo marcado por irregularidades y por la falta de garantías para ejercer su defensa. «Creo que todos tenemos derecho a defendernos cuando se nos acusa de algo, pero yo ni siquiera tuve ese derecho», señaló.
La trabajadora explicó que sus abogadas, Camila Parra y Estefanía Galeano, presentaron la defensa correspondiente durante el sumario administrativo abierto por el organismo. Sin embargo, insistió en que el proceso estuvo direccionado desde el inicio. «Lo sostengo hasta el último día: esto fue armado para generar una persecución», afirmó.
El origen del conflicto
Según relató Gómez, uno de los elementos utilizados en su contra fue un proceso médico personal relacionado con su identidad de género. «Yo me estaba haciendo las cirugías correspondientes para la adecuación de mi cuerpo con mi identidad autopercibida a través de la obra social, y utilizaron esas cirugías para hacerme la persecución», expresó.
La mujer sostuvo que esas circunstancias fueron utilizadas para cuestionar su desempeño laboral y alimentar el sumario administrativo que posteriormente derivó en la no renovación de su contrato.
Para Gómez, la situación también puso en evidencia las dificultades que enfrentan las personas trans al momento de integrarse a ámbitos laborales formales, incluso dentro del Estado. «Ningún espacio de trabajo todavía está totalmente adecuado ni acompañado para el ingreso de nosotras», afirmó.
En ese sentido, recordó que el acceso al empleo formal para la población travesti-trans es resultado de décadas de lucha y de la sanción de leyes que buscan reparar situaciones históricas de exclusión. «Muchas de las leyes que conquistamos fueron gracias a compañeras que no pudieron disfrutar de esos derechos. Hay una historia de lucha que no empezó conmigo», remarcó.
El clima laboral
del organismo
Durante la entrevista, Gómez también describió un clima laboral hostil dentro de su lugar de trabajo, donde aseguró haber sufrido situaciones de violencia y discriminación. «Fue muy difícil. Era mi primer trabajo genuino y muchas cosas las desconocía. Nunca fue un día fácil: siempre tenía que ir a defenderme», relató.
«Siempre tenía que estar pendiente de que nadie venga a faltarme el respeto o a violentarme», sostuvo. La trabajadora señaló también: «Fui muy acompañada por compañeras que están afuera y por muchas que trabajan en la Anses. Pero no puedo decir lo mismo de los compañeros con los que compartía en Renaper».
En ese sentido, consideró que algunos trabajadores habrían colaborado con la situación que derivó en su salida. «Muchos se prestaron para ese juego», afirmó.
Su trabajo en el Renaper
Pese a las dificultades que describe, Gómez sostuvo que su desempeño laboral fue valorado por los ciudadanos que acudían a la oficina donde trabajaba. «Fui una muy buena trabajadora del Estado. La gente hasta el día de hoy va y pregunta por mí por la atención que brindaba», aseguró
«Durante su tiempo en el organismo, relató que participó activamente en trámites vinculados al acceso a la identidad para personas trans y para ciudadanos que no contaban con documentación. «En todo este período acompañé más de 100 cambios registrales y muchísimos trámites de DNI para que personas puedan acceder por primera vez a su identidad», indicó.
También señaló que colaboró con personas en situación de calle para facilitarles la obtención de documentación personal. «Acompañé a personas de la calle para que accedan al DNI y no terminen detenidas por no tenerlo», explicó.
Para la trabajadora, ese tipo de acciones generó tensiones dentro del ámbito laboral. «Yo no fui a calentar la silla, fui a trabajar y a acercar la identidad a la ciudadanía», afirmó.
Según sostuvo, su forma de desempeñarse pudo haber generado incomodidad entre algunos compañeros. «Cuando vos empezás a mostrar otras formas de trabajar y de atender a la ciudadanía, eso incomoda», señaló.
El fallo judicial
Tras su despido, la defensa de Gómez presentó una acción de amparo y solicitó una medida cautelar para que fuera reincorporada a su puesto mientras se resolvía el fondo de la causa. Sin embargo, el juez federal que interviene en el expediente rechazó el pedido. «Creo que el juez no entendió o se guardó la perspectiva en el bolsillo», cuestionó Gómez.
Según explicó, el organismo justificó su desvinculación alegando la no renovación de su contrato y la existencia del sumario administrativo. «El Renaper respondió que me despedía por la no renovación del contrato y por el supuesto sumario que ellos mismos me armaron», afirmó.
Para la trabajadora, tanto el organismo como la Justicia ignoraron aspectos centrales del marco normativo vigente. «Invisibilizaron algo fundamental: la ley de cupo laboral trans», sostuvo.
La norma establece mecanismos de inclusión laboral en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero, además de promover políticas de acompañamiento para su permanencia en el empleo. «No es que pasa algo y el despido es directo, como hicieron conmigo. Hay otras formas de acompañamiento», remarcó.
La apelación y el
proceso judicial
Tras el rechazo de la cautelar, la defensa de Gómez presentó una apelación ante la Cámara Federal, instancia que deberá revisar la decisión. «Ahora la cautelar pasó a la Cámara. El amparo sigue en trámite», explicó.
No obstante, la trabajadora expresó escepticismo respecto de la resolución final del expediente.
«Si algo tan simple como una cautelar fue rechazado teniendo todo en mano, no soy muy positiva con lo que pueda pasar después», afirmó.
Aun así, aseguró que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles. «Vamos a apelar en todas las instancias que correspondan», indicó.
Impacto en la
comunidad trans
Más allá de su situación personal, Gómez consideró que su caso refleja un problema estructural que afecta a personas trans en distintos ámbitos laborales del país. «Esto no es algo que me pasa solo a mí. Le está pasando a toda la comunidad trans», afirmó.
La trabajadora sostuvo que existe una tendencia a expulsar a las personas trans de los espacios laborales formales. «Buscan expulsarnos del trabajo genuino para que nuevamente nuestro único camino sea el trabajo sexual», advirtió.
En ese sentido, llamó a su comunidad a sostener las conquistas alcanzadas en materia de derechos. «Tenemos que dar las batallas y no permitir que nos sigan expulsando», expresó.
Un debate abierto
El caso de Julieta Gómez se suma a otros conflictos vinculados a la aplicación del cupo laboral travesti-trans en organismos del Estado y vuelve a poner en debate el alcance de las políticas públicas de inclusión laboral.
Mientras la causa continúa su curso en la Justicia Federal, organizaciones sociales y sectores vinculados a los derechos de la diversidad siguen de cerca el expediente, que podría sentar precedentes sobre la interpretación de la normativa vigente.
Para Gómez, la discusión trasciende su situación personal y se inscribe en una lucha colectiva. «Lo que me pasa a mí forma parte de una realidad que atraviesa a toda nuestra comunidad», concluyó.