El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a 13 años de prisión a Jorge Eduardo Espinosa, alias Chaquito, identificado como líder de una organización narcocriminal de carácter transnacional que operaba desde el interior de la cárcel federal U7, ubicada en Resistencia.
El acusado (31) dirigía las maniobras delictivas mientras cumplía condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico. Según quedó acreditado durante el proceso judicial, la estructura criminal se dedicaba al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes -principalmente marihuana- desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí y otros puntos del país.
El veredicto fue dado a conocer el viernes pasado tras el desarrollo del juicio oral, en el que el tribunal analizó una investigación que reveló la existencia de una red organizada que operó durante varios años y que articulaba distintas etapas del circuito del narcotráfico.
La sentencia estableció que Espinosa actuó como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas, determinándose su responsabilidad en la planificación y conducción de la estructura criminal.
Junto al principal condenado, el tribunal también dispuso penas de prisión para otros integrantes de la organización. Rubén Ángel María Tabares, de 45 años, fue condenado a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de múltiples personas, en concurso real con transporte de estupefacientes. En su caso, el tribunal lo consideró partícipe necesario del primer delito y autor del segundo, mientras que fue absuelto del cargo de uso de documento público falso.
Asimismo, Juana Torres, madre del líder de la organización, recibió una condena de 8 años de prisión al ser considerada partícipe necesaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas.
De acuerdo con la resolución judicial, su rol dentro de la estructura criminal estuvo vinculado al manejo del dinero proveniente de la actividad ilícita y a la coordinación de determinadas comunicaciones.
DESARROLLO DEL JUICIO Y ACTUACIÓN DEL MPF
El debate oral comenzó el 9 de febrero ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
La acusación estuvo a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich.
La investigación que dio origen al proceso judicial había sido impulsada por el fiscal federal Flavio Ferrini junto al fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Martín Uriona.
Durante el juicio se expusieron múltiples elementos probatorios que permitieron reconstruir el funcionamiento de la red delictiva y el rol desempeñado por cada uno de sus integrantes.
En el marco de la misma causa judicial también fueron condenadas otras doce personas mediante juicios abreviados. Las penas impuestas en esos casos oscilaron entre los tres y los seis años de prisión, de acuerdo con el grado de participación que cada imputado tuvo en las maniobras investigadas.
Los fundamentos completos del veredicto dictado por el TOF de Corrientes serán dados a conocer el próximo 20. Hasta entonces, la resolución difundida establece las responsabilidades penales principales y las penas aplicadas a los acusados que enfrentaron el debate oral.
Los roles dentro de la organización
Durante el alegato presentado en el juicio oral, la fiscala general Tamara Pourcel y la fiscala auxiliar fiscal Nancy Vargas describieron la estructura operativa de la organización narcocriminal y señalaron que su objetivo principal era obtener estupefacientes provenientes de Paraguay para su distribución en diversas provincias argentinas.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicaron que los principales integrantes de la red operaban en Itatí y Corrientes capital, así como en Resistencia. Los cargamentos de droga tenían como destino final distintas provincias del país, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.
Las fiscales sostuvieron que, pese a encontrarse detenido en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Espinosa utilizaba un teléfono celular personal y el teléfono del propio establecimiento penitenciario para mantener comunicación con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, apodado Viru.
A través de esos contactos coordinaba viajes hacia Corrientes para retirar dinero y organizar la actividad de los demás integrantes de la red.
En relación con la participación de Rubén Tabares, indicaron que su función consistía en facilitar vehículos destinados al traslado de los estupefacientes y colaborar con su transporte hacia distintas provincias. Según la acusación fiscal, esta tarea lo convirtió en un eslabón operativo fundamental dentro del engranaje logístico del narcotráfico.
Las fiscales también afirmaron que la organización contaba con múltiples integrantes con funciones específicas.
Algunos coordinaban el traslado de la droga desde las costas del río Paraná y su posterior acopio, mientras que otros cumplían el rol de «maleteros» encargados de transportar los cargamentos en distintos vehículos.
Según el MPF, la prueba reunida permitió demostrar que Espinosa dirigía las operaciones desde el interior del penal, mientras que Torres administraba los fondos provenientes de la actividad ilícita y facilitaba comunicaciones, y Tabares aportaba la logística necesaria para el traslado de los cargamentos. A esta estructura central, las representantes del MPF la denominaron durante el alegato como «el triángulo de la impunidad».
Las fiscales también señalaron la presunta existencia de connivencia de funcionarios del SPF Federal que prestaban servicio en la Unidad 7 de Resistencia.
Según expusieron durante el juicio, esa colaboración habría facilitado las comunicaciones del líder de la organización con el exterior, permitiéndole continuar coordinando las operaciones delictivas mientras permanecía detenido.
El funcionamiento de la red
De acuerdo con lo acreditado durante la investigación, las 15 personas implicadas en el expediente participaron en diversas etapas del circuito del narcotráfico, que incluía la introducción de la droga al país, su acopio, el transporte y la posterior distribución comercial en diferentes jurisdicciones. La sustancia predominante en las operaciones era marihuana proveniente del Paraguay.
Las maniobras delictivas se extendieron al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023. Fue en este último período cuando se concretaron allanamientos y detenciones que permitieron desarticular la estructura criminal y avanzar con la imputación de los principales responsables.
Durante los operativos realizados en el marco de la investigación se incautaron importantes cargamentos de estupefacientes. Según se informó en el proceso judicial, fueron secuestrados tres envíos de marihuana que pesaban 215,224 kilogramos, 224 kilogramos y 532,450 kilogramos respectivamente, lo que permitió dimensionar la magnitud de la actividad ilegal desplegada por la organización.
El expediente también expuso los antecedentes penales de Espinosa. En agosto de 2019 había sido condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a siete años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes.
Posteriormente, en agosto de 2021, el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) lo condenó a ocho años de prisión en el marco de la denominada causa Sapucay, lo que derivó en la fijación de una pena única de 10 años y seis meses de prisión.