La investigación, liderada por la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, tuvo su origen en un procedimiento de Gendarmería Nacional el 28 de marzo de 2025, cuando interceptaron un Toyota Corolla Cross en la Ruta Nacional N° 11, a la altura de El Timbó.
Al inspeccionar el rodado que provenía de Resistencia con destino a Buenos Aires, los agentes descubrieron «irregularidades estructurales» y hallaron 357.210.000 pesos escondidos en compartimientos secretos diseñados detrás del sistema de sonido, el aire acondicionado y la palanca de cambios.
Una estructura organizada bajo apariencia legal.
Según el Ministerio Público Fiscal (MPF), la maniobra no fue un hecho aislado, sino parte de un circuito «regular, reiterado y coordinado».
Los avances en la investigación permitieron reconstruir una planificación sofisticada que incluía documentación falsa.
Los implicados contaban con una certificación notarial de una «autorización para el uso de automóvil y administración de dinero», creada como resguardo por si el efectivo era detectado en controles viales.
Fachada empresarial: Utilizaban una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), dedicada, teóricamente, a la venta de repuestos, para blanquear el dinero e insertarlo en el sistema legal.
Frecuencia inusual: Los registros de tránsito mostraron que el vehículo viajaba cada dos días a provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, sin correlato con las actividades comerciales declaradas.“
ALLANAMIENTOS
En un allanamiento reciente realizado en la sede de la firma en Resistencia, las autoridades secuestraron 8 millones de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con detector de falsificación, talonarios de pagarés y llaves de diversos vehículos. Este hallazgo confirmó que en el lugar se operaba una financiera ilegal, comprando y vendiendo divisas sin autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Ante la contundencia de las pruebas, el juez de Garantías, Aldo Mario Alurralde, formalizó la investigación contra los cuatro involucrados y la propia empresa por los delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Las medidas impuestas incluyeron:
Embargo preventivo: 2.000 millones de pesos sobre los bienes de los imputados.
Restricciones: Prohibición de salida del país y presentaciones mensuales ante la fuerza de seguridad.
Congelamiento financiero: Inmovilización de cuentas bancarias y cajas de seguridad.
La causa, considerada de alta complejidad por la multiplicidad de jurisdicciones afectadas, continuará bajo investigación para determinar la profundidad de esta red delictiva.