El senador Jorge Capitanich presentó un conjunto de proyectos de ley orientados al fortalecimiento del sector productivo agropecuario, con especial énfasis en la actividad algodonera, el desarrollo del Norte Grande y la modernización del régimen de semillas.
La iniciativa integral busca abordar distintas problemáticas estructurales que afectan a las economías regionales, incorporando herramientas de financiamiento, compensación y regulación para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sistema productivo.
Dentro de este paquete legislativo, el eje central se vincula con la recuperación de mecanismos de apoyo a los pequeños y medianos productores, la formalización de mercados y la implementación de instrumentos que permitan reducir la volatilidad y los riesgos asociados a la actividad agrícola.
La propuesta también incluye medidas de incentivo a la innovación tecnológica y la articulación con organismos públicos para garantizar el acceso a insumos estratégicos.
El planteo general responde a la necesidad de establecer políticas activas que acompañen el desarrollo del sector agroindustrial, considerado clave en la estructura económica del país.
En este sentido, Capitanich sostuvo que «el sector agroindustrial es estratégico para la economía federal de la Argentina, por eso tenemos que tener políticas activas para su protección. Hay que garantizar la sostenibilidad productiva y el desarrollo territorial a partir del trabajo de los pequeños y medianos productores».
PRODUCCIÓN ALGODONERA Y FONDO COMPENSADOR
Entre las iniciativas específicas para el sector algodonero, se destaca la creación de un Programa Nacional de Fomento de la Producción, orientado a «garantizar la sostenibilidad de la fibra de algodón a mediano y largo plazo, enfocándose en el estrato de pequeños y medianos agricultores». Este programa busca revertir el escenario de desprotección generado tras la derogación de la Ley 20.060.
El proyecto contempla la restitución del Fondo Compensador de Ingresos para la Producción Algodonera (Fcipa), con un monto inicial de $25.764 millones y un esquema de actualización automática anual.
A su vez, propone asegurar el acceso a semillas certificadas mediante bonificaciones asociadas al uso de tecnología desarrollada por organismos públicos como el Inta, fortaleciendo así la calidad productiva.
Asimismo, se incorpora una línea de crédito del Banco Nación con tasa bonificada destinada a operaciones de compra y venta de fibra con precios estabilizados, junto con mecanismos de control de calidad mediante tecnología HVI y la implementación de un seguro multirriesgo con prima subsidiada, configurando un esquema integral de respaldo para los productores.
FORMALIZACIÓN DEL MERCADO Y SEGURO AGRÍCOLA
Otro de los proyectos presentados apunta a la formalización del mercado algodonero a través de un marco regulatorio que institucionaliza el Sistema Obligatorio de Información de Operaciones (SIO – Algodón) y el funcionamiento del Mercal.
La propuesta establece la creación de una plataforma única y oficial para registrar todas las operaciones de compraventa dentro de un plazo de 48 horas hábiles.
En relación con esta iniciativa, Capitanich afirmó: «Buscamos beneficiar a los pequeños y medianos productores de la cadena algodonera, para que puedan conocer la calidad de los productos y acceder a precios justos basados en datos medibles.
Eliminar las asimetrías, proporcionar seguridad jurídica, establecer estándares de calidad para la exportación, y brindar acceso al financiamiento con créditos competitivos». El sistema también aportaría información sistematizada al Estado y mayor previsibilidad a la industria y exportadores.
En paralelo, el senador propuso la creación de un Seguro Agrícola Obligatorio para productores inscriptos en el Sisa, concebido como un instrumento de cobertura frente a contingencias climáticas.
«Se trata de un mecanismo preventivo y resarcitorio ante daños causados por contingencias climáticas», explicó y agregó que «es necesario reemplazar el modelo reactivo de la Ley de Emergencia Agropecuaria por un sistema de transferencia de riesgo al mercado asegurador, que brinde mayor previsibilidad y estabilidad en el largo plazo».
Segmentación
El paquete legislativo incluye también un esquema de segmentación de derechos de exportación mediante reintegros totales o parciales para pequeños y medianos productores agrícolas.
El mecanismo establece la devolución del 100% de las retenciones para un volumen inicial de producción -500 toneladas de soja, 600 de girasol y 700 de maíz- con reducciones progresivas en los tramos siguientes.
Este esquema incorpora además un adicional del 5% para productores ubicados a más de 300 kilómetros de los puertos de exportación, reconociendo las desventajas logísticas derivadas de la distancia.
La medida busca mejorar la rentabilidad del segmento productivo más vulnerable y fomentar un desarrollo más equilibrado en el territorio.
En esa misma línea, se presentó un Régimen Federal de Compensación Logística destinado al Norte Grande, orientado a reducir las asimetrías estructurales en los costos de transporte.
El sistema reconoce la diferencia entre el traslado por camión y por ferrocarril hacia los puertos del Gran Rosario, con un tope de 2 mil toneladas anuales por productor y límites específicos por cultivo.
Ley de Semillas
En materia normativa, Capitanich impulsó una reforma integral de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (20.247) con el objetivo de actualizar el marco legal en función de los avances biotecnológicos.
La propuesta introduce cambios en el régimen de propiedad intelectual y establece nuevas condiciones para el uso y comercialización de semillas.
El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de la Propiedad de Variedades Vegetales (Renaprov) y la limitación del uso propio gratuito exclusivamente a agricultores familiares inscriptos en el Renaf, con beneficios específicos para pequeños y medianos productores. También incorpora un sistema de cobro en punto de entrega y nuevos plazos de protección de derechos.
Asimismo, se establece el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo y la Red Nacional de Semilleros Multiplicadores, bajo la órbita del Inta, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de semillas a precios razonables y promover la innovación tecnológica en el sector agrícola.
Finalmente, Capitanich sintetizó el alcance de las iniciativas señalando: «Todos estos proyectos tienen como objetivo central crear beneficios para los pequeños y medianos productores, quienes son la base de las economías regionales y del desarrollo productivo federal de la Argentina.
La presencia del Estado es fundamental para implementar las herramientas y los beneficios, y que el crecimiento económico pueda beneficiar a cada vez más chaqueños y argentinos».