Una inspección ocular realizada en el predio conocido como Parque Caraguatá evidenció un escenario de deterioro ambiental que generó preocupación entre autoridades judiciales, representantes políticos, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad de Resistencia.
El procedimiento fue encabezado por el juez del Juzgado Civil y Comercial N.º 21, Julián Flores, quien recorrió el área junto a una comitiva integrada por diversos actores vinculados a la problemática.
La recorrida tuvo lugar durante la tarde del jueves y contó con la presencia de vecinos y vecinas, representantes de pueblos indígenas, activistas ambientales, funcionarios del municipio de Resistencia, concejales de la oposición y legisladores provinciales.
Durante la inspección, los presentes constataron intervenciones recientes que modificaron significativamente el entorno del parque. Según se informó, la utilización de topadoras y maquinaria pesada por parte del municipio provocó alteraciones visibles en la estructura del terreno, generando impactos directos sobre el ecosistema local.
El relevamiento permitió identificar daños en sectores considerados sensibles desde el punto de vista ambiental. En particular, se observaron afectaciones en áreas de humedales, así como la remoción de especies vegetales, incluidas hierbas medicinales utilizadas por comunidades indígenas y habitantes de la zona, lo que profundiza la preocupación sobre la pérdida de biodiversidad.
IMPACTO AMBIENTAL Y RECLAMOS POLÍTICOS
En el sitio, la diputada provincial Analia Flores manifestó su posición frente a lo observado durante el recorrido. La legisladora expresó que «lo que encontramos es alarmante. El daño y la destrucción ocasionados no pueden naturalizarse. La protección de los recursos naturales es una responsabilidad indelegable del Estado y exige decisiones basadas en el derecho constitucional y en los principios rectores del ambiente, como los de progresividad y precaución”.
Asimismo, se planteó la necesidad de una intervención institucional más amplia que permita abordar la situación de manera integral. En ese sentido, destacó la importancia de articular acciones entre los distintos niveles del Estado para garantizar la conservación del área afectada.
En el plano legislativo, Flores recordó que existe un pedido de preferencia para tratar la problemática en la próxima sesión de la Legislatura provincial. La iniciativa busca acelerar el tratamiento del tema y habilitar un debate formal sobre las medidas a adoptar frente a los hechos constatados.
La legisladora remarcó que “la Legislatura debe garantizar que se respeten los derechos colectivos y que se detenga la destrucción de un área que constituye patrimonio ambiental y cultural de nuestra provincia. El Caraguatá no es solo territorio: es memoria, biodiversidad y vida. Su defensa es también la defensa de nuestra democracia ambiental y de los derechos de las generaciones presentes y futuras”.