En la víspera del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, la Secretaría de Inteligencia del Estado avanzó con la publicación de una serie de documentos correspondientes al período 1973-1983. Sin embargo, la medida despertó cuestionamientos desde organismos de derechos humanos y especialistas, que advierten sobre una selección “parcial, sesgada y arbitraria” del material difundido.
La iniciativa oficial incluyó la puesta en línea de una guía explicativa y un archivo con 26 documentos que suman 492 páginas. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar el acceso ciudadano a información histórica y fortalecer la transparencia institucional. No obstante, distintas voces sostienen que la selección apunta a instalar la idea de que la persecución a sectores de izquierda comenzó antes del último régimen militar, relativizando así el rol del terrorismo de Estado desplegado desde el 24 de marzo de 1976.
El proceso de desclasificación no es nuevo. Tiene antecedentes en 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010 que ordenó relevar del secreto la documentación de las Fuerzas Armadas vinculada a la dictadura. A partir de allí, se conformaron equipos especializados en el Ministerio de Defensa, conducido en ese momento por Nilda Garré, que trabajaron durante más de una década en la recuperación y análisis de archivos.
Esa política tuvo continuidad en otras áreas del Estado, aunque con interrupciones. En el Ministerio de Seguridad, los equipos fueron desmantelados durante la gestión de Patricia Bullrich, y más recientemente ocurrió algo similar en Defensa bajo la conducción de Luis Petri.
Un punto de inflexión se produjo en 2020, cuando Cristina Caamaño asumió la intervención de la entonces Agencia Federal de Inteligencia. Allí se impulsó un programa de relevamiento documental que permitió desmentir la idea de que no existían archivos sobre la dictadura en el ámbito de inteligencia. Además, se avanzó en la digitalización del material y en la articulación con organismos de derechos humanos.
Ese trabajo, sin embargo, también sufrió cambios en los últimos años. La mesa conjunta con organismos fue desarticulada y la política de acceso a la información quedó bajo revisión. En este contexto, el anuncio de desclasificación realizado en 2025 por el vocero presidencial Manuel Adorni cobró relevancia, aunque la publicación efectiva del material se concretó recién ahora.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta incluso recurrieron a la Justicia ante la falta de acceso completo a la información. Parte de la documentación difundida ya había sido remitida previamente a tribunales, como el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde se investigan centros clandestinos vinculados a la SIDE.
Entre los documentos publicados aparecen resoluciones y directivas que evidencian tareas de seguimiento ideológico desde 1973, pero también otros que delimitan el rol de la inteligencia a funciones informativas, dejando la represión en manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Para referentes de derechos humanos, el problema no radica en la desclasificación en sí, sino en su alcance. Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, advirtió que el proceso carece de integralidad y podría responder a una narrativa que pone el foco en la etapa previa al golpe para desviar la atención sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
Así, en un contexto atravesado por la disputa por la memoria histórica, la apertura de archivos vuelve a poner en debate no solo el acceso a la información, sino también el modo en que el Estado construye y comunica su propio pasado reciente.
SIDE difundió mediante su cuenta de X algunos archivos, que pueden encontrarse en https://www.argentina.gob.ar/inteligencia/archivos .
Ámbito/Página 12