El senador Jorge Capitanich presentó un paquete integral de leyes orientado a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas.
La iniciativa surge en un escenario marcado por la retracción de la actividad y el cierre de unidades productivas, lo que configura un cuadro de preocupación creciente en distintos sectores vinculados al empleo y la producción.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, durante la actual gestión nacional se ha registrado el cierre de aproximadamente 22 mil empresas, lo que evidencia la magnitud de la crisis que atraviesan las pymes. Este fenómeno no solo implica una reducción del tejido empresarial, sino también un impacto directo sobre el empleo formal y la capacidad de recuperación económica del país.
Frente a este panorama, Capitanich fundamentó la necesidad de una intervención legislativa que contemple tanto medidas de emergencia como soluciones estructurales. «Sin pymes no hay reconstrucción económica posible. Representan el 98% de las firmas del país y generan la mitad del empleo formal, pero vienen siendo asfixiadas por la caída de las ventas, la presión impositiva y el aumento de los costos, especialmente el energético», indicó el Senador.
El paquete se organiza en dos grandes ejes: por un lado, un conjunto de medidas destinadas a brindar alivio inmediato a las empresas en situación crítica, y por otro, una estrategia orientada a reducir de manera sostenida los costos energéticos mediante el impulso a la autogeneración.
EMERGENCIA PARA LAS PYMES Y ALIVIO FISCAL
Uno de los proyectos centrales contempla la declaración de la emergencia del sector pyme por un plazo de 365 días, habilitando la implementación de un conjunto de medidas excepcionales destinadas a garantizar la continuidad de las actividades productivas.
Entre los instrumentos previstos se destaca un esquema de alivio fiscal que incluye la posibilidad de regularizar deudas mediante una moratoria de hasta 60 cuotas, con un año de gracia y una tasa de interés mensual del 1%. Esta herramienta busca aliviar la carga financiera acumulada por las empresas en un contexto de caída de ingresos.
Asimismo, la iniciativa propone una reducción del 50% en los anticipos del Impuesto a las Ganancias, lo que permitiría mejorar la liquidez de las firmas en el corto plazo. A esto se suma la exención del impuesto al cheque, una medida orientada a disminuir los costos asociados a las transacciones financieras.
En materia judicial, el proyecto establece la suspensión de juicios fiscales y embargos durante el período de emergencia, con el objetivo de evitar la profundización de situaciones críticas que podrían derivar en el cierre definitivo de empresas.
TARIFAS, COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la implementación de tarifas reducidas para los servicios públicos esenciales, incluyendo electricidad, gas y agua.
La propuesta contempla descuentos de hasta el 50% en las facturas, con el propósito de mitigar uno de los principales costos operativos del sector.
Además, se establece la prohibición de cortes de servicios por falta de pago durante la vigencia de la emergencia, garantizando así la continuidad de las actividades productivas aun en contextos de dificultad financiera.
En relación con la comercialización, la iniciativa dispone que el Estado nacional deberá destinar al menos el 30% de sus compras a pymes, fortaleciendo la demanda interna y promoviendo la participación de estas empresas en las cadenas de provisión pública.
También se incorpora la obligación para supermercados de gran superficie de reservar un 30% de sus góndolas para productos de origen pyme, con plazos de pago de hasta 30 días, lo que busca mejorar las condiciones de acceso al mercado y reducir las asimetrías frente a grandes proveedores.
En el plano logístico, se introduce un bono destinado a compensar las desventajas de las empresas ubicadas en regiones alejadas de los principales centros de consumo. Este instrumento prevé un reconocimiento del 15% de los costos de flete para aquellas firmas situadas a más de 500 kilómetros de los puertos o del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Autonomía energética
y desarrollo federal
El segundo proyecto impulsado por Capitanich se enfoca en la autonomía energética de las pymes, proponiendo un cambio de paradigma en la gestión de los costos energéticos.
La iniciativa promueve la asociación entre empresas mediante fideicomisos, consorcios o cooperativas para la instalación de sistemas de generación de energía renovable, como paneles solares, biodigestores y aerogeneradores.
Este modelo, inspirado en experiencias internacionales, apunta a convertir un costo fijo en una inversión gestionada por las propias empresas, permitiendo un mayor control sobre los recursos energéticos.
Para incentivar estas inversiones, el proyecto incluye mecanismos como la amortización acelerada de equipos y la devolución del IVA en un plazo de tres meses, además de arancel cero para la importación de tecnología cuando no exista producción nacional.
También se propone la implementación del balance neto, que permite a las empresas generar créditos por la energía excedente que inyecten a la red, utilizables en períodos de mayor consumo.
En clave federal, la iniciativa busca aprovechar los recursos naturales de cada región, promoviendo la energía solar en el Norte Grande, la biomasa en el Litoral y la energía eólica en la Patagonia.
Transformación digital y modernización productiva
El paquete legislativo incorpora además herramientas orientadas a la modernización del sector, con especial énfasis en la transformación digital de las pymes como condición para mejorar su competitividad.
En este marco, se prevé el otorgamiento de créditos a tasa cero y aportes no reembolsables destinados a la incorporación de software, la automatización de procesos productivos y la mejora de los sistemas de ciberseguridad.
Estas medidas buscan facilitar la adaptación de las empresas a los nuevos entornos tecnológicos, promoviendo la eficiencia operativa y la integración en cadenas de valor más complejas.
La digitalización se presenta como un factor clave para la sostenibilidad de las pymes en un contexto global caracterizado por la innovación constante y la creciente competencia.
De este modo, el proyecto no solo atiende la coyuntura inmediata, sino que también propone una agenda de transformación estructural orientada a fortalecer el perfil productivo del sector.
Potencial energético
Los fundamentos del proyecto destacan especialmente el potencial energético de la provincia del Chaco, subrayando su ventaja comparativa en materia de radiación solar.
En ese sentido, se señala: «En Sáenz Peña, la radiación solar promedio es de 5,5 kwh/m² por día, superando ampliamente los 3,5 kwh/m² de Alemania, uno de los líderes mundiales en energía solar. Un panel chaqueño rinde un 70% más que uno alemán».
El texto también propone ejemplos concretos de aplicación, como la posibilidad de que desmotadoras de algodón se asocien para desarrollar parques solares colectivos, optimizando el uso de recursos y reduciendo costos.
Asimismo, se menciona el caso de aserraderos en localidades como Puerto Tirol, que podrían invertir en plantas de biomasa compartidas para aprovechar residuos industriales y generar energía.
«Este proyecto estipula incentivos para la generación de energías renovables para autoconsumo colectivo. Al permitir la asociación de las Mipymes, se podrían lograr economías de escala para reducir los costos de operación en hasta un 40%», concluyó el senador.