Así transcurrió el diálogo en «La otra campana», el programa clásico radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda, junto al periodista Facundo Sagardoy.
-Hoy tenemos el placer de poder conversar con María Emilia Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y referente de una asociación muy importante de carácter federal, de la cual vamos a hablar puntualmente: la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus). Muchos de los temas que se tratan comúnmente son conocidos por la audiencia. Abigeato, narcomenudeo y ciberdelincuencia.
-Buen día, Gustavo, Facundo y a toda la audiencia de ustedes. Una aclaración, en principio: no importa el nombre, pero yo soy Emilia María; me lo han puesto al revés.
Además, en este momento no soy presidenta del Superior Tribunal de Justicia, sino ministra. Mi gestión como presidenta terminó en diciembre; hoy el presidente es el doctor Varela. En la Junta Federal de Cortes, sí la presido. Es una institución que nuclea a todas las cortes y superiores tribunales de justicia del país.
Es una institución que tiende, fundamentalmente -como objetivo central de su estatuto-, a la preservación de la independencia de los poderes judiciales, pero también a la coordinación del intercambio de experiencias y prácticas, en la convicción de que los sistemas judiciales se fortalecen cuando las distintas jurisdicciones y poderes judiciales trabajamos de manera articulada, intercambiamos experiencias y coordinamos agendas en clave federal.
Lo que buscamos es lograr una justicia más rápida, más eficiente, más accesible y más cercana a la ciudadanía; una justicia que elimine la burocracia innecesaria y que sea capaz de dar respuestas ágiles. Hoy los poderes judiciales no solo nos legitimamos con fallos jurídicamente correctos, sino también en tiempo oportuno. La ciudadanía vive en un tiempo digital: los mensajes circulan de manera instantánea, los turnos se gestionan por aplicaciones y las operaciones bancarias se validan en tiempo real.
En cambio, la Justicia aún funciona en muchos aspectos con lógicas analógicas, lo cual no se compadece con ese tiempo digital que vive el pueblo argentino. Por eso, la idea es que nuestras respuestas sean cada vez más rápidas, eficientes y, por supuesto, justas.
En ese sentido, desde Jufejus trabajamos a través de distintos institutos. Hay dos que son muy relevantes: Reflejar, que nuclea las escuelas judiciales del país -porque creemos que la capacitación es una política pública estratégica, sostenida y transversal-, y promovemos instancias de formación totalmente gratuitas. Incluso existen capacitaciones obligatorias establecidas por ley, como la Ley Lucio y la Ley Micaela en temática de género.
Todo eso se trabaja también desde Reflejar. Incluso los propios ministros de Corte participan como capacitadores. También contamos con el Ifites, el Instituto de Innovación y Tecnología. A través de él buscamos incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la rapidez, el acceso, la eficiencia y la transparencia, pero no se trata solo de tecnología: también implica repensar nuestras prácticas y modernizar la gestión judicial.
-Esto es más profundo.
-Sí. Implica revisar procesos, derribar barreras y acercarnos a la ciudadanía. Por eso, muchas provincias están creando laboratorios de innovación. En cuanto al trabajo regional, por ejemplo, la reunión en Misiones correspondió al NEA, que integra el Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa.
Actualmente lo preside Cristina Leiva, de Misiones. Jufejus abarca todas las provincias y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Instituto de Tecnología contamos con el «bus federal», que permite la comunicación interjurisdiccional.
Todas las provincias están integradas y se trabaja para sumar al Paraguay, junto con organizaciones como Missing Children. Esto permite que las alertas y comunicaciones sean inmediatas y digitales. También contamos con distintos foros y comisiones de trabajo coordinados por ministros y equipos técnicos de todas las provincias.
Intercambiamos prácticas e incluso realizamos pruebas de ciberseguridad entre jurisdicciones. Hemos firmado convenios con el BID, que realiza diagnósticos sobre la madurez digital de los poderes judiciales y detecta debilidades en ciberseguridad. Luego, sus especialistas capacitan a nuestros equipos. También fortalecemos relaciones institucionales.
-Recientemente mantuvo una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su presidente, Horacio Rosatti.
-Sí. Allí presentamos un resumen del trabajo conjunto. Por ejemplo, trabajamos con la Oficina de la Mujer en el mapa de género y en el registro de femicidios. También existe articulación entre el Cuerpo Médico Forense de la Corte y el Foro de Forenses de Jufejus. Además, planteamos preocupaciones como las asimetrías salariales entre los distintos poderes judiciales provinciales y la deuda previsional que la Nación mantiene con algunas provincias.
También abordamos situaciones institucionales complejas, como la de Santa Cruz, solicitando una pronta resolución por parte de la Corte.
En cuanto al narcomenudeo, muchas provincias han asumido la competencia. Corrientes lo hizo recientemente; el Chaco lo tiene desde hace diez años. Hemos intercambiado experiencias con ministros de distintas provincias. En términos de resultados, el fuero ha sido positivo en cantidad de condenas y operativos.
Sin embargo, existe una problemática clave: la falta de transferencia de fondos desde la Nación, prevista por ley pero nunca concretada. Esto implica que las provincias sostienen con recursos propios un sistema costoso, que requiere laboratorios, insumos y nuevas estructuras judiciales. También es fundamental la articulación entre la Justicia Federal y la provincial para evitar conflictos de competencia que demoren las causas.
» Coordinación federal como eje de eficiencia en la Justicia
-¿Cuál es su opinión sobre los delitos cibernéticos, el narcomenudeo y el delito rural? y ¿qué opina usted del reciente fallo por el caso YPF?
-Bueno, esto trae la cuestión del derecho, la aplicación del derecho en distintas jurisdicciones y la necesidad también de armonizar el trabajo constante de los jueces y los equipos técnicos en estas cuestiones. Por supuesto. Justamente el tema del narcomenudeo.
Hay provincias que estamos desfederalizadas; ahora, justamente, Corrientes ha asumido también el fuero del narcomenudeo. El Chaco lo tiene hace diez años, Formosa también cuenta con una larga trayectoria y, justamente, hace unos días se realizó una reunión en el Chaco, donde Corrientes participó para intercambiar experiencias. Vinieron dos ministros de la Corte de Corrientes; también vino un ministro, el doctor Alucín, de Formosa.
De Corrientes participaron los doctores Chain y Panseri. Para nosotros es una temática que, si me hablás en términos de condenas, de allanamientos, de desbaratamiento de kioscos y de neutralización de dealers, ha sido altamente positiva en el fuero. Pero el fuero tiene, en primer lugar, una problemática que nos preocupa mucho a las provincias, y que también se lo trasladamos a Rosatti -aunque no depende de ellos, sino del Poder Ejecutivo Nacional-: la ley siempre estipuló, en un artículo, la transferencia de fondos de la Nación a las provincias para sostener un fuero que es costoso, para decirlo de manera sencilla.
Porque, desde los laboratorios que se exigen, los reactivos, la creación de nuevas dependencias, debían llegar partidas que nunca vinieron. Es decir, son siempre las espaldas de las provincias las que están soportando esta carga. Ya son muchas las provincias desfederalizadas, pero ese es, en realidad, un incumplimiento que no es actual: desde que tenemos el fuero en el Chaco jamás se transfirieron fondos. Esa es una preocupación y una disputa que tenemos las provincias.
En términos de respuesta, yo te diría -y mirá- que, desde que comenzó el fuero hasta octubre de 2024, hubo alrededor de 1.237 sentencias condenatorias. Otra cuestión central es la conexión entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial: que no surjan conflictos de competencia, que no terminen en la Corte, porque eso dilata los procesos.
Tiene que haber una coordinación sólida, porque así no quedamos en el eslabón más débil de la cadena, sino que avanzamos hasta donde sea necesario. Así es, es importante la organización de los poderes judiciales de las provincias.
Un precedente que interpela la aplicación del derecho en el país
-¿Qué opina de lo que ocurrió con el fallo YPF?
-Bueno, yo creo que fue altamente positivo para la Argentina, por supuesto. En cuanto al hurto de ganado, al abigeato, como vos decías, la verdad es que es una problemática que aqueja a algunas provincias en un grado más alto.
Tanto es así que, por ejemplo, el Chaco ha creado fiscalías rurales y ambientales para que se dediquen específicamente a estos delitos. Están localizadas con un ayudante fiscal en cada una de las circunscripciones, pero concretamente las dos fiscalías tienen competencia en toda la provincia y están ubicadas en lo que llamamos «zonas calientes».
La verdad es que estos delitos afectan a los productores, y no se trata solo del abigeato, sino también de otros delitos rurales, como bien señalaste anteriormente. Así que, bueno, si el tiempo se terminó, quedamos hasta aquí. Pero cuando ustedes quieran, yo siempre estoy dispuesta.
-Se le agradece muchísimo la comunicación por estos minutos que se tomó para brindar su explicación, su opinión y también la actualidad de la Jufejus, que es una organización muy importante, y a la que le damos este espacio para poder comunicar.
-Bien, muchas gracias, Gustavo y Facundo.